La paciencia del profesorado lleva años resquebrajándose. Durante más de dos semanas, ese descontento acumulado ha vuelto a hacerse oír en las calles. Del País Valencià a Catalunya, pasando por Aragón y las reivindicaciones de las educadoras infantiles en la Comunidad de Madrid, miles de docentes han salido a movilizarse en defensa de la educación pública y para denunciar un deterioro de sus condiciones que consideran ya crónico. ¿Qué hay detrás de esta nueva ola de protestas? ¿Qué ha llevado al sistema educativo a este punto de ebullición? ¿Por qué el pulso educativo ha prendido al mismo tiempo en distintos territorios? ¿Y qué elementos comunes explican la erosión del sistema educativo español?PublicidadAunque cada comunidad carga sus propios pulsos, las movilizaciones confluyen en un mismo cauce: el agotamiento de un modelo educativo que, según denuncian los docentes, funciona desde hace años al límite. La gota que colma el vaso de los profesores se traduce en: ratios altísimas, plantillas insuficientes, burocracia excesiva, pérdida de poder adquisitivo, precariedad laboral, falta de recursos para atender la diversidad en las aulas y deterioro de las infraestructuras. Todo ello se repite, sin acuerdo alcanzado con la Administración, en las cuatro comunidades mencionadas.María Latorre, directora del CRA Entreviñas en València: "Dimito para apoyar a los que están peleando por una educación pública de calidad"María Latorre lleva un año al frente del CRA Entreviñas, en la comarca valenciana de Utiel-Requena. Fue una de las directoras que el pasado jueves participó en la dimisión en bloque de 250 equipos directivos en apoyo a la huelga indefinida docente. "Somos la cara visible. Al final nos toca dar la cara tanto ante el profesorado que está sosteniendo la huelga como ante las familias", cuenta a Público. La directora asegura que su decisión responde a una cuestión de responsabilidad colectiva. "Dimito para apoyar a nuestro claustro y a muchísimos otros que están peleando por algo muy básico: una educación pública de calidad. No podemos mirar hacia otro lado ni actuar como si esto no fuera con nosotros", dice.Latorre describe una situación que considera límite en muchos centros valencianos. "En nuestro colegio llevamos todo el curso sin educadora. Seguimos esperando personal de educación especial y además nos han eliminado provisionalmente la plaza de maestra de apoyo, una figura fundamental en un CRA porque es quien se mueve entre los tres aularios para reforzar al profesorado de Infantil", denuncia. "Necesitamos más personal de inclusión, más profesorado de apoyo y más educadoras". La directora también pone el foco en la sobrecarga que arrastra el profesorado. Daniel, profesor en València: "Las sustituciones tardan meses en cubrirse y arrastramos deficiencias en las infraestructuras""Los docentes están agotados. Hay clases con 26 alumnos en centros donde no deja de llegar alumnado nuevo. Y luego está toda la burocracia: informes, papeleo, plataformas… muchísimo trabajo administrativo que muchas veces no sirve absolutamente para nada", lamenta. Daniel, profesor en CRA Entreviñas, corrobora este diagnóstico. "En mi centro, que es un Centro Rural Agrupado formado por tres aularios en distintos pueblos, este curso no nos han asignado educadora desde el inicio. Las sustituciones tardan meses en cubrirse y arrastramos deficiencias en las infraestructuras, como problemas eléctricos con cortes de luz constantes", cuenta a Público.Publicidad1. Precarización y pérdida de poder adquisitivoUno de los ejes que vertebra las movilizaciones docentes de estas semanas es el de los bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo. Más allá de las diferencias territoriales, la imagen se repite con matices: salarios estancados, aumento de las cargas de trabajo y una percepción extendida de desvalorización del trabajo docente. En el País Valencià, los sindicatos de enseñanza STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE reclaman recuperación del poder adquisitivo y estabilización de las plantillas. Denuncian salarios por debajo de la media estatal, elevada temporalidad en interinidades y sustituciones, y una pérdida de reconocimiento profesional tras años de ajustes presupuestarios. Todo ello, advierten, está erosionando el atractivo de la docencia, especialmente en Secundaria y Formación Profesional (FP). La propuesta de la Conselleria pasa, como principal medida económica, por una subida salarial progresiva de hasta cerca de 200 euros mensuales de aquí a 2028. Sin embargo, los sindicatos rechazaron el planteamiento al considerar que "no contempla incrementos inmediatos, no garantiza una mejora lineal para toda la plantilla y no consolida plenamente las cuantías desde 2026".Las educadoras infantiles de Madrid denuncian salarios que "en muchos casos no alcanzan los 1.100 euros mensuales por jornada completa"En Catalunya, el Govern planteó acelerar los aumentos salariales y crear nuevos complementos vinculados a tutorías y centros de alta complejidad, pero las organizaciones USTEC·STEs, CGT, Professors de Secundària e Intersindical consideraron que "las medidas no compensan los recortes acumulados ni el deterioro progresivo de la profesión docente".PublicidadLa situación es aún más extrema en las escuelas infantiles, donde las educadoras de la Comunidad de Madrid denuncian salarios que, "en muchos casos, no alcanzan los 1.100 euros mensuales por jornada completa", en un sector "profundamente feminizado" y sostenido, según relatan, "más por vocación que por reconocimiento institucional". Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) corroboran que "algunas trabajadoras aseguran verse obligadas a recurrir a ayudas sociales o a compatibilizar varios empleos para poder llegar a fin de mes". En Aragón, el panorama es parecido. Los docentes aragoneses denuncian retribuciones poco competitivas, dificultades para cubrir plazas en zonas rurales y un problema de relevo generacional en el profesorado.2. Sobrecarga laboral y ratios elevadasJunto a la precarización salarial, otra de las aristas que atraviesa de forma transversal las movilizaciones es la sensación de desbordamiento. Las ratios se han convertido en el indicador más visible de la infrafinanciación en el sistema público educativo: más alumnado por aula implica menos atención individualizada, mayores dificultades para gestionar la convivencia y una carga de trabajo superior para los docentes.Las ratios se han convertido en el indicador más visible de la infrafinanciación en el sistema público educativoEn el País Valencià, los trabajadores han puesto sobre la mesa la reducción de ratios en todas las etapas educativas, la falta de desdobles y apoyos en grupos numerosos, el refuerzo de plantillas y la cobertura de sustituciones. Los sindicatos de enseñanza denuncian que el sistema educativo funciona "en precario", con aulas masificadas y una dotación "insuficiente" de recursos humanos. En Catalunya, la reducción de ratios en infantil, primaria y ESO, la atención a aulas de alta complejidad social —en un contexto de fuerte segregación territorial—, la falta de horas de coordinación y apoyo, y el incremento del personal docente también forman parte del núcleo de la fricción. El Govern anunció esta semana la incorporación de 2.400 profesionales y refuerzos específicos en el ámbito de la educación inclusiva, aunque los sindicatos consideran que "el alcance de estas medidas sigue siendo insuficiente" para revertir la situación en las aulas. Las educadoras infantiles de Madrid sitúan el foco en unas ratios "muy por encima de las recomendaciones europeas", especialmente en el primer ciclo. Piden una reducción del número de niños por educadora —tres bebés por profesional en 0-1, cinco en 1-2 y seis en 2-3 años— y la incorporación de la atención temprana al sistema educativo, con dotaciones específicas para los distintos perfiles profesionales: orientadoras, especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Profesores/as de Servicios a la Comunidad (PSC). Además, exigen el reconocimiento del personal de gestión directa como parte del cuerpo docente y no como personal laboral, así como la implantación de la figura de pareja educativa en todas las aulas a partir del próximo curso.Ana Vicenti, docente en Madrid: "Lo que nos tiene quemados es, sobre todo, la percepción de estar desatendidos por la Administración"Ana Vicenti, docente en un centro educativo de la Comunidad de Madrid, explica a Público que el malestar en el profesorado se ha ido acumulando por una sensación de "abandono institucional". "Lo que realmente nos tiene quemados es, sobre todo, la percepción de estar completamente desatendidos por la Administración, como si nos dejaran en primera línea de situaciones muy complejas —educar a menores— sin los recursos suficientes ni las condiciones para hacerlo bien; y cuando surge un problema, te sientes solo, sin respaldo", dice. "Lo más duro", completa, "es la falta de medios para poder desarrollar nuestro trabajo como corresponde. Es una labor muy exigente, trabajas con menores, y tienes la sensación constante de que no estás llegando a lo que deberías. Y cuando te importa lo que haces, eso pesa muchísimo".Publicidad3. Pública vs. concertadaLas protestas inciden también en el modelo del sistema educativo. En Aragón, la concertación del Bachillerato es uno de los principales motivos de disputa. Los sindicatos denuncian lo que consideran un "desvío de fondos públicos" hacia la enseñanza concertada "mientras la red pública arrastra carencias de inversión y recursos". Sin embargo, el Ejecutivo autonómico popular defiende su plan como una medida "compatible con el refuerzo del sistema público". Los sindicatos de enseñanza de Aragón denuncian lo que consideran un "desvío de fondos públicos" hacia la enseñanza concertadaEn el País Valencià ocurre algo similar. Los profesores valencianos argumentan que la Generalitat ha desplazado el foco de la política educativa hacia otros debates —como la reorganización lingüística— sin abordar, según denuncian, los desafíos estructurales de la escuela pública. Los sindicatos educativos alertan de una infrafinanciación del sistema público y de una consolidación progresiva de la red concertada.Por su parte, en Catalunya, las organizaciones sindicales también sitúan en el centro del debate la extensión de la red concertada, la segregación escolar —tanto social como por origen del alumnado— y lo que consideran un "reparto desigual de la financiación pública". En la Comunidad de Madrid, las educadoras infantiles denuncian el modelo de externalización de las escuelas 0-3 años hacia empresas privadas, así como las diferencias de condiciones entre los centros de gestión directa e indirecta, que, según razonan, "profundizan la desigualdad en un servicio esencial".Publicidad4. Aulas más diversas, recursos todavía insuficientesLa inclusión educativa es, más bien, uno de los desafíos actuales de la escuela pública. En Catalunya, el Govern ha anunciado la incorporación de más de 1.100 profesionales para reforzar la atención a la diversidad, un movimiento que los sindicatos interpretan como un reconocimiento implícito de que el sistema no está dando la talla ante las necesidades actuales. Los profesores catalanes denuncian un aumento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) sin un refuerzo proporcional de especialistas, lo que, según alertan, ha tensionado especialmente a los equipos de orientación y apoyo.En el País Valencià, una de las demandas más reiteradas por parte del profesorado y los equipos directivos es el incremento de personal especializado —PT y AL— para atender la diversidad. Las organizaciones sindicales advierten de que el crecimiento de alumnado con necesidades no ha ido acompañado de un refuerzo equivalente de recursos humanos. De hecho, más de 250 dimisiones de equipos directivos han puesto de relieve una situación que tachan de "insostenible". Las ratios elevadas, agregan, agravan el problema: la inclusión exige más atención individualizada, más coordinación y, en consecuencia, más personal de apoyo.En Aragón, los docentes subrayan también las dificultades añadidas por la dispersión geográfica, que reduce la disponibilidad de especialistas, especialmente en zonas rurales, y dificulta la estabilidad de los equipos de atención a la diversidad. Esta misma cuestión atraviesa también las demandas de las educadoras infantiles, que advierten de una atención individual "insuficiente" en el primer ciclo debido a las ratios actuales y a la falta de personal de apoyo especializado en primera infancia.Publicidad5. Presión administrativa La excesiva burocracia es otro de los argumentos que han llevado al profesorado a ocupar las calles. En el País Valencià, la reducción de esta presión administrativa figura ya entre los pocos puntos donde los sindicatos y la Conselleria admiten, al menos parcialmente, la existencia de un problema. De hecho, algunas de las propuestas planteadas por la Generalitat incluyen medidas específicas orientadas a simplificar dichos trámites. Sin embargo, los equipos directivos valencianos que han presentado dimisiones masivas señalan también la sobrecarga administrativa y organizativa como una de las cuestiones que han abocado a los centros a la insostenibilidad. El profesorado valenciano recalca el exceso de informes, programaciones y registros digitales que restan tiempo a la intervención educativa.En Catalunya, la reducción de la burocracia ocupa igualmente un lugar central en el pliego de sus demandas. Los docentes catalanes alertan de un aumento de planes individualizados, informes y documentación digital que, exponen, se ha traducido en una pérdida progresiva de tiempo en el aula. Las educadoras infantiles, por su parte, apuntan a una situación parecida en el primer ciclo: una elevada carga administrativa para plantillas muy reducidas, con documentación sobre el desarrollo infantil e informes dirigidos a las familias que, denuncian, resulta "desproporcionada" en relación con el tiempo efectivo de atención a los menores.Este sábado están convocadas dos grandes movilizaciones en el País Valencià y en la Comunidad de MadridNo obstante, la partida no termina aquí. Este sábado ha habido un nuevo punto de presión en las calles. En València, los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF llamaron a una "gran manifestación" bajo el lema La comunitat educativa alça la veu (la comunidad educativa alza la voz), enmarcada en la huelga indefinida que el profesorado mantiene desde el 11 de mayo. La marcha arrancó a las 18.00 horas desde la plaza de San Agustín y recorrerá algunas de las principales arterias del centro de la ciudad —Xàtiva, Colón, la Puerta del Mar, el Palacio de Justicia, La Paz y Sant Vicent— hasta desembocar en la plaza del Ayuntamiento, según el recorrido difundido por las organizaciones convocantes. De forma paralela, en Madrid, el sindicato CGT junto a la Plataforma PLEI convocaron una manifestación a las 12.00 horas entre Atocha y Sol, en el marco del conflicto abierto en el primer ciclo de educación infantil.