Es domingo y un policía, servidor público, está intentando que los profesores, servidores públicos, no corten una vía importante de València con su protesta. Da un empujón desproporcionado por la espalda a una maestra de 68 años, que cae a plomo. Ese día, un president de la Generalitat, servidor público, decide que los docentes –con sus exigencias y métodos de protesta que incluyen un breve encierro en la Conselleria– están siendo deshonestos, achacándoles mala fe en la negociación, según lo que le ha contado su consellera. La misma que los ha convocado a reuniones breves unas, eternas otras, en las que a veces no está y alargando los días de encuentro sin explicación o convocando con prisas, a ver si se cansan o se acaba el curso escolar. El PP valenciano enciende el ventilador y empieza la criminalización de la protesta. Pérez Llorca nunca se ha sentado en esa mesa.