05/06/2026 06:00 Actualizado a 05/06/2026 08:48 Por 720 millones de euros, quizá alguien sería tan amable de aclararnos contra qué exactamente han votado más de 39.500 docentes en Catalunya.¿Han votado contra la subida salarial de 400 euros al mes? Preguntar no debería molestar a nadie. Si es así, ¿cuál era la cifra aceptable? ¿600? ¿Mil? ¿Dos mil euros? ¿O han votado contra Ustec, ese sindicato encantador de serpientes que durante meses agitó la bandera de la movilización permanente en nombre de la educación y al final discutió por 50 euros más? ¿Era un voto contra Educació? ¿Contra la consellera Esther Niubó? ¿Contra el president Illa? ¿Contra este pacto concreto? ¿Contra cualquier acuerdo? ¿Contra la propia idea de negociar?Protesta de profesores y sindicatos delante del Departament d'Educació. Mané Espinosa / PropiasLo pregunto porque esta periodista está perpleja. Sospecho que como muchas familias, atónitas, cansadas y hartas de que el curso se haya convertido en un circo de varias pistas, con conflictos simultáneos, mensajes cruzados y una sensación de descontrol. Y porque lo que está por venir -otoño incluido- no invita al optimismo.El crédito social de los docentes en huelga puede estar agotándose. No porque sus reivindicaciones no sean legítimas. Sino porque una cosa es defender derechos laborales y otra muy distinta hacer de la escuela una trinchera política, sindical o ideológica. La ciudadanía sabe distinguir lo uno de lo otro.El crédito que familias y ciudadanos han concedido a los docentes en huelga se está agotandoTras más de veinte días de huelga, de un preacuerdo millonario mojado y con apenas dos semanas de curso por delante, resulta quimérico sostener que nada ha cambiado. Los docentes corren el riesgo de perder el respaldo de una parte de las familias. Si no lo han perdido ya. Los alumnos no recuperarán las horas perdidas, y conviene recordar que Catalunya no brilla por sus indicadores educativos.Difícilmente la consulta sobre un pacto de 2.700 millones de euros –los 2.000 millones de febrero y los 700 de mayo– no podía terminar peor, con un 65% de docentes en contra. Los firmantes salen debilitados. Y desautorizados. Su representatividad queda cuestionada en medio de un honda división sindical. Por mucho que ahora Govern y Ustec hablen de reabrir otra etapa, no se puede volver a la casilla de salida porque ha quedado demostrado que no controlan a las bases. Reflexionar, desde luego, toca. Pero no sin antes separar dos debates que llevan demasiado tiempo mezclados: el laboral y el educativo.Lee tambiénAhora hay 720 millones de euros en el aire. La consellera Niubó dijo ayer que el Govern no retira la subida salarial, algo poco comprensible dadas los renovados anuncios de los sindicatos de que a partir de hoy mismo harán más presión en la calle. Esté aquí el Papa, la Fórmula 1 o el sursuncorda. Por cierto, qué hipocresía la de la oposición parlamentaria frotándose las manos, pese a que una parte de la responsabilidad de que el solar de la escuela pública esté calcinado desde hace años también les corresponde.Es razonable pensar que detrás del “no” de los docentes en la consulta conviven motivos diversos. Están los engañados por Ustec; los contrarios a su estrategia; los de sindicatos rivales; los que quieren castigar al Govern... Y también quienes han expresado un malestar profundo y sincero por la situación de la escuela pública, un quemazón que va más allá del sueldo: el suyo representa el voto de la rabia. En los próximos días podrá medirse el grado de apoyo a las nuevas protestas, pero pocos hacen mucho.Solo el sindicato de profesores de secundaria apoya el preacuerdo. Aun así, únicamente el 52% de sus afiliados. Lo que conduce a más preguntas. ¿Qué opinan los 38.000 docentes censados que no han votado? ¿Por qué no se implican? ¿Pasan olímpicamente o es que ya lo dan todo por perdido?Periodista. Redactora jefa en Sociedad. Antes, en Política, Cultura y Vivir. Premio Comunicació i Benestar Social del Ayuntamiento de Barcelona (1998). Colaboradora en RAC1. Premio Pedro Vega de Periodismo (2025)