Las acusaciones populares han elevado a seis años la pena de cárcel solicitada para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de tráfico de influencias. Se trata del doble de la pena de prisión que habían reclamado por la contratación del músico en la Diputación de Badajoz.
Para el expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, también han aumentado de tres a cuatro la petición de cárcel por los mismos delitos, como han trasladado al tribunal en sus conclusiones definitivas. Para el exlíder del PSOE extremeño reclaman, además, 40 años de inhabilitación.
La Fiscalía y las defensas han solicitado al tribunal que inadmita las nuevas peticiones al considerar que las acusaciones han modificado calificación jurídica de los hechos. Los letrados de los acusados sostienen que no es admisible modificar el relato fáctico del juicio a estas alturas del proceso, calificando la maniobra de «subversión absoluta» y de «anormalidad intolerable».
