El sumario del caso Leire ha destapado una de las tramas de corrupción más truculentas de la democracia. Los implicados no solo se concertaron presuntamente para amañar contratos y ayudas públicas de la SEPI a cambio de comisiones públicas. También se pusieron al servicio del PSOE para vampirizar los principales resortes del Estado de Derecho y sabotear las causas judiciales que afectaban al Gobierno y, sobre todo, al entorno familiar de Pedro Sánchez. Las comparaciones son odiosas, pero ofrecen una medida de lo que tenemos delante. Las informaciones del Washington Post sobre el caso Watergate revelaron un espionaje sistemático de la Administración de Richard Nixon contra periodistas, funcionarios y miembros del Partido Demócrata. Un grupo de fontaneros reventó campañas electorales de la oposición, robó datos sensibles de enemigos de la Casa Blanca y presionó al FBI para que no investigara el escándalo cuando se publicaron las primeras noticias en junio de 1972. Nixon no dimitió hasta el 9 de agosto de 1974. Lo tumbó una grabación que demostró que conoció la intrusión en la sede del Partido Demócrata sólo 6 días después de que este se produjera. Nixon se había pasado dos años negándolo. También se acreditó que había impartido instrucciones para que la CIA neutralizara las indagaciones que estaba realizando el FBI sobre ese episodio. En el caso Koldo se sabe al menos desde el 10 de octubre de 2024 que Pedro Sánchez autorizó con un "bien" el viaje a España de Delcy Rodríguez en enero de 2020. El mensaje, que llegó al móvil de José Luis Ábalos, sólo tiene una interpretación posible, pero no ha tenido consecuencias. Hasta que se conoció el visto bueno del presidente del Gobierno a la entrada en España de la actual presidenta de Venezuela, el propio Sánchez y casi todo el Consejo de Ministros ofrecieron una decena de versiones falsas de lo que ocurrió aquella noche en Barajas. Tampoco tuvieron efecto las exclusivas que empezó a publicar El Confidencial en septiembre de 2024 sobre las cloacas del PSOE. Las primeras noticias ya desvelaron que Ferraz había puesto en marcha una campaña de propaganda y desinformación contra jueces, fiscales, policías, guardias civiles, empresarios y periodistas que eran considerados hostiles por Moncloa. El objetivo era atacar su honorabilidad y desactivar las causas corrupción que afectaban al Gobierno. Esas primeras informaciones atribuyeron a Santos Cerdán el liderazgo de la operación y situaron dentro de la célula de Ferraz a una entonces desconocida militante llamada María Leire Díez Castro y al empresario Javier Pérez Dolset, entre otras personas. Los tres tenían “lo que hay tener”, en palabras de Tom Wolfe, para embarcarse en una guerra sucia contra la Justicia para proteger a Pedro Sánchez. El sumario del caso Leire, conocido este miércoles, confirma todas estas investigaciones periodísticas, atribuyendo a Cerdán la dirección de las cloacas del PSOE y aportando pruebas de que, entre los objetivos de Ferraz, había dirigentes del Partido Popular como Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal; magistrados del Tribunal Supremo como Manuel Marchena; jueces de la Audiencia Nacional como Manuel García-Castellón; el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón; grupos de comunicación como Planeta; y compañías como el banco BBVA y Legálitas. A las cloacas del PSOE no les interesaba únicamente el PP, como ocurrió esencialmente en el caso Watergate. La trama del caso Leire colocó en su punto de mira cualquier institución o profesional que representara una amenaza para las expectativas electorales de Moncloa. Cualquier método les parecía aceptable para derribar a esas personas. El sumario del caso Leire también contiene pistolas humeantes como la grabación que provocó la dimisión de Nixon en 1974, justo antes de que el Congreso le abriera un juicio político que habría terminado con su destitución. Las diligencias conocidas ahora incluyen casi una decena de pasajes en las que los principales implicados se refieren al máximo responsable de las cloacas como el “One”. En opinión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ese apodo solo puede referirse a Sánchez, máximo dirigente del Gobierno y el PSOE y, por tanto, el vértice en el que converge todo el poder de ambas estructuras. En realidad, los propios acontecimientos sitúan a Sánchez en el origen de todo. La primera operación de esta célula se produjo, según la UCO, con motivo de los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno en abril de 2024, tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por delitos de corrupción. Leire Díez y Pérez Dolset acudieron a Ferraz acompañados de la periodista Patricia López para entregar a Santos Cerdán; su mano derecha, Juanfran Serrano; el director de Comunicación del partido, Ion Antolín; y el entonces adjunto al jefe de Gabinete de Sánchez, Antonio Hernando, una copia de las grabaciones sobre las saunas del suegro del líder del PSOE. El sumario confirma que, como apuntó este diario, el PSOE desvió casi 20.000 euros de su campaña de las elecciones europeas de junio de 2024 para compensar a los fontaneros del partido por haberles suministrado los audios de las saunas. También revela el pago de 16.000 euros a Leire Díez a través de la consultora de Gaspar Zarrías y el abono a la fontanera de otros 27.225 euros usando como pantalla al abogado Ismael Oliver. Asimismo, otro letrado, Jacobo Teijelo, defensor en la actualidad de Santos Cerdán, emitió facturas al PSOE por importe de 125.000 euros por servicios supuestamente ficticios, en opinión del instructor del caso, el juez Santiago Pedraz. La información averiada sobre las saunas del suegro de Sánchez se publicó en diarios del entorno de Ferraz y sirvió para generar la impresión de que la familia del presidente llevaba una década sufriendo ataques personales para apartarlo del poder. En realidad, fue el propio Gobierno el que puso en marcha, a partir de ese preciso instante, una maquinaria de bulos y coacciones para aplastar a los servidores públicos que estaban investigando los procedimientos de corrupción del PSOE. El sumario confirma que el PSOE desvió casi 20.000€ para compensar a los fontaneros por haberles suministrado los audios de las saunas No es que la trama que describe el sumario del caso Leire se parezca al caso Watergate. Es que probablemente sea peor. Nixon no se atrevió a presionar al FBI para que ralentizara o abandonara sus investigaciones sobre el espionaje al Partido Demócrata. Usó a la CIA para tratar de lograrlo. Sin embargo, en España, el director general de la Guardia Civil es nombrado directamente por el Consejo de Ministros. Desde septiembre de 2024 ocupa el cargo Mercedes González, que compagina esa responsabilidad con el de secretaria general del PSOE de la ciudad de Madrid y previamente fue concejala y diputada del mismo partido. El Gobierno no necesitaba que las cloacas convencieran a González de la necesidad de proteger a Sánchez. Podía ordenarle que lo hiciera en un mitin del PSOE. Sin embargo, la UCO ha acreditado que la directora general del cuerpo se reunió en tres ocasiones con Leire Díez. Esas citas coinciden precisamente con la apertura de informaciones reservadas o expedientes contra agentes de la UCO por la supuesta filtración de datos de sus investigaciones. El sumario demuestra que González y su mano derecha en la Guardia Civil, el DAO (director adjunto operativo) Manuel Llamas, sabían que esas noticias no habían salido del cuerpo pero, a pesar de ello, mantuvieron abiertos esos expedientes para presionar a los agentes que estaban investigando los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente, David Sánchez; el caso Koldo y el caso del Fiscal General del Estado, entre otros. Los investigadores han descubierto que González borró los mensajes que se cruzó con la fontanera de Ferraz. El antecesor de la actual directora, Leonardo Marcos, fue menos sutil. Mandos de la Guardia Civil han declarado que Marcos les convocó el 12 de julio de 2024 para abroncarles por haber pedido los correos electrónicos del hermano de Sánchez en el marco de la causa sobre su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz. Marcos dijo que el informe sobre los correos debía estar terminado en una semana y que tenía que concluir “que no hay nada”. También exigió a la UCO que se pusiera “de perfil” en las investigaciones sobre corrupción y que no tuviera una actitud proactiva. En septiembre de 2024, el Gobierno nombró a Marcos consejero de la embajada de España en Washington. Allí sigue. No es que la trama que describe el sumario del caso de la fontanera Leire Díez se parezca al caso Watergate. Es que probablemente sea peor Es difícil no perderse en las ramificaciones de esta red. Sus tentáculos llegaron a la Fiscalía General del Estado, que se convirtió en la gran baza de las cloacas para conseguir información sensible sobre los rivales de Moncloa. Leire Díez y su célula se acercaron a investigados del PP, a implicados en tramas de hidrocarburos e incluso al comisario José Manuel Villarejo para ofrecerles un acuerdo con el Ministerio Público. Lo único que tenían que hacer era suministrar datos comprometedores sobre los objetivos de las cloacas. El sumario ratifica que, como adelantó El Confidencial este miércoles, Leire Díez se reunió en secreto en dos ocasiones con un representante de la Fiscalía General del Estado en marzo de 2025. Los encuentros se produjeron en la propia sede de la institución, en la calle Fortuny. En esa época, el máximo responsable del Ministerio Público era Álvaro García Ortiz, condenado por otra operación política. En el caso Watergate también fue condenado un fiscal general, John N. Mitchell, pero no por su comportamiento cuando estaba en el cargo, como García Ortiz, sino por lo que hizo después de dejarlo. Se concluyó que, como presidente del comité para la reelección de Nixon, había autorizado la financiación de los fontaneros del Partido Republicano. Más allá de Mitchell, no hubo demasiados altos cargos condenados por la Justicia. La investigación penal alcanzó a Harry Robbins Haldeman, jefe de Gabinete de la Casa Blanca, y John Ehrlichman, asistente del presidente para Asuntos Domésticos. Nixon nunca se sentó en el banquillo. En el caso Leire y en la corrupción circundante ya se investiga a un secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; a su predecesor en el puesto, José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ya en prisión; a la actual gerente del partido, Ana María Fuentes Pacheco; al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías. Además, están señalados por las diligencias Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones; dos directores generales de la Guardia Civil, Marcos y González; un miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Juanfran Serrano; el antiguo jefe de Gabinete de Sánchez, Juanma Serrano; el exdirector de Comunicación de Ferraz, Ion Antolín; y una persona sin identificar de la Fiscalía General del Estado. La lista definitiva puede ser mucho más larga. La UCO se incautó la semana pasada de teléfonos y discos duros que todavía no ha desprecintado. Los agentes encontraron en el tercer sótano de Ferraz 7 cajas y un ordenador portátil de Cerdán. Otras investigaciones avanzan a buen ritmo. La Justicia ha entrado en Ferraz y anega sus pasillos y despachos. No hay cloacas suficientes para drenarla.