El contenido del nuevo sumario al que se le ha levantado el secreto es más grave que los anteriores, en especial porque ya no se refiere a un expresidente del Gobierno, o a excolaboradores muy cercanos del actual, sino que apunta directamente al jefe del Ejecutivo y líder socialista, Pedro Sánchez. Lo hace, eso sí, utilizando una de esas expresiones que llevan mucha carga explosiva y poca definición de hechos concretos. Se trata de una de esas construcciones verbales en forma de remolino, para sostener que el “fin último” de las actuaciones atribuidas a la fontanera del PSOE, Leire Díez, era “proteger los intereses que afectan directa o indirectamente al Gobierno o a su presidente”. Ahí queda eso, el toro jadeante y quieto en mitad de la plaza. A ver quién le da el próximo pase y lo pone en suerte. Es decir, a ver quién interpreta correctamente qué responsabilidades pueden derivarse para un presidente del Gobierno de aquello que supuestamente llevó a cabo una exmilitante de su partido para tratar de reventar investigaciones policiales y judiciales contra presuntas tramas de corrupción de cuño socialista.Volvemos con ello al debate sobre la carga y el valor probatorio de los atestados e informes policiales, en este caso provenientes de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil. Un texto que no trata a Leire Díez como una espontánea desconectada de la línea de mando de su organización, sino como a una persona de confianza a la que se le encomienda una delicada misión después de haber desempeñado cargos de cierta relevancia en administraciones gobernadas por el PSOE. Con esta base, todo lo que haya hecho Leire Díez deberá juzgarse con arreglo al “fin último” buscado, aunque para ello fuera dando palos de ciego, porque lo importante es lo que se pretendía, cuál era la finalidad perseguida, y a quién se trataba de beneficiar. No obstante, para establecer responsabilidades de tipo penal o civil habrá que ver si el supuesto beneficiario —ya sea colectivo, el Gobierno, o individual, su presidente— tuvo algo que ver con la puesta en circulación de ese fenómeno de los servicios caseros de inteligencia que supuestamente fue Leire Díez, investigadora que decía recopilar información para un libro pretendidamente periodístico.No hace falta un tratado de hermenéutica, sin embargo, para darse cuenta de que el nuevo sumario gravita sobre las cabezas del PSOE como un dron descontrolado, por la dificultad de precisar ahora su potencia destructiva. El informe discurre por diversas estaciones de paso, entre ellas la sede socialista de Ferraz, la Fiscalía y algunos de sus miembros, la trama de hidrocarburos y sus empresarios, y unos abogados en busca de acuerdos y estrategias para eludir en lo posible cualquier horizonte judicial de rejas y barrotes. Pero lo sustancial es que, por encima de ese turbio paisaje, los investigadores apuntan en dirección a La Moncloa, como el baluarte que la supuesta reportera Leire Díez quería proteger con sus andanzas entre los aludidos actores secundarios.En esta etapa, y con este tipo de sumarios, se hace más verdad que nunca aquel célebre axioma de que una cosa son los tiempos de la justicia, y otra los de la política. La carpeta de supuestas corrupciones en el seno del PSOE tardará en desentrañarse. No está en manos de un solo juez o tribunal, sino de varios, y al final pasará por otros de más alto rango. Eso significa años de actualidad periódica. Por ello es muy necesario enfrentar el asunto en sede política, y que el presidente dé todas las explicaciones posibles cuanto antes y en la sede idónea, el Parlamento.