La investigación sobre el rescate de Plus Ultra sigue acumulando indicios y presionando políticamente a José Luis Rodríguez Zapatero, pero las incógnitas judiciales continúan siendo numerosas. Así lo defendió Manel Pérez, adjunto al director, quien distinguió entre el plano ético y el penal de una causa que, a su juicio, plantea interrogantes sobre las actividades desarrolladas por el expresidente tras abandonar La Moncloa. “Zapatero tiene un grave problema de credibilidad y de comportamiento, y de las relaciones que ha tejido económicamente desde que dejó la presidencia del Gobierno”, afirmó. Sin embargo, recordó que el auto judicial conocido hasta ahora “todavía no desprende con claridad cuál fue el papel del expresidente”.Pérez destacó que, pese a la abundancia de referencias a Zapatero en los informes policiales, por ahora no existe una prueba directa que acredite las gestiones que supuestamente habría realizado para influir en el rescate de la aerolínea. “No aparece en ningún mensaje de WhatsApp, no aparece en ningún email, no aparece en ninguna reunión, no aparece en ninguna sociedad”, señaló. Por ello, consideró que sigue pendiente demostrar “qué gestiones hizo para ejecutar ese tráfico de influencias que se le atribuye”.La decisión de aplazar la declaración del expresidente ante la Audiencia Nacional hasta mediados de junio agrava, según Pérez, el desgaste político que ya sufre el PSOE. “Son muchos días esperando que este relato que se ha instalado de que Zapatero había tejido una red de tráfico de influencias y de cobro de mordidas siga sin explicación”, sostuvo. A su juicio, cada jornada que pasa mientras se publican nuevos informes y diligencias representa “una sangría política enorme” para los socialistas. Aunque reconoció que la defensa tiene motivos procesales para guardar silencio, consideró que existe una evidente contradicción entre las necesidades judiciales del expresidente y las exigencias políticas de su partido.El adjunto al director también llamó a mantener la cautela ante las conclusiones policiales que están trascendiendo. Recordó que en otras investigaciones algunos informes iniciales acabaron perdiendo fuerza durante la instrucción judicial y defendió que la opinión pública debe diferenciar entre indicios y pruebas. “Sería bueno tomarse estos informes de la UDEF con cierta distancia”, afirmó. “No digo menospreciándolos, pero sí objetivamente, distinguiendo entre lo que es el argumento policial y la solidez de una prueba”. En la misma línea, se mostró prudente respecto a la documentación aportada desde Estados Unidos, al considerar que todavía es imposible determinar su alcance real dentro de la causa.Pese a las incógnitas, Pérez cree que la investigación puede seguir creciendo y prolongarse durante años. La aparición de sociedades vinculadas al entorno familiar del expresidente, incluidas empresas relacionadas con sus hijas, añade complejidad al caso y eleva las sospechas de los investigadores, aunque insistió en que todo se encuentra todavía en una fase preliminar. Lo que sí da prácticamente por descontado es el daño reputacional sufrido por el exlíder socialista. “Su comportamiento y las relaciones que ha tejido no se corresponden con la ética que él ha prodigado”, afirmó. Por ello concluyó con una reflexión contundente: “Lo que ha pasado cambia completamente su legado, aunque eso no prejuzgue su futuro penal”.Martí Paola Balbastre es periodista y presentador del programa Claves del día de La Vanguardia, un espacio informativo que analiza la actualidad con rigor y perspectiva crítica