Los documentos incorporados en el sumario detallan cómo una petición de ayuda judicial de Francia y Suiza acabó reactivando la investigación sobre el rescate de la aerolínea que ha derivado en el exdirigente socialista
La investigación que ha convertido a José Luis Rodríguez Zapatero en el primer presidente del Gobierno de la democracia investigado penalmente es la historia de una petición de cooperación judicial de ida y vuelta. Las autoridades de Suiza y Francia llamaron a la puerta de la justicia española en julio de 2024 para solicitar ayuda en las pesquisas que tenían en marcha sobre una supuesta red internacional centrada en el blanqueo de capitales que operaba desde España. Tres meses después, era la Fiscalía española la que se dirigía a las autoridades de esos dos países para pedirle información adicional sobre su investigación porque creía haber encontrado en ella material para tirar de un hilo que se había quedado colgando en enero de 2023, cuando el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid archivó por un error de forma las diligencias que había abierto a raíz de una querella de Manos Limpias sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra.
La información que mandaron Suiza y Francia describían una sofisticada organización criminal diseñada para lavar grandes cantidades de dinero a través de una red de sociedades pantallas, intermediarios financieros y circuitos internacionales que conectaban América Latina, Europa y paraísos fiscales. Los investigadores de esos países habían encontrado que esta red tenía vínculos asentados con empresarios venezolanos que, sospechaban, podrían estar relacionados con un desvío de fondos públicos de los programas de distribución de alimentos subvencionados del Gobierno de Nicolás Maduro (conocidos como Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP) y con la venta de oro del Banco de Venezuela a través de una sociedad de Emiratos Árabes, Noor Capital PSC, utilizando sociedades interpuestas.
