El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama firmó este lunes un auto en el que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La resolución, que supone la primera imputación de un presidente del Gobierno en democracia, forma parte de una investigación que el magistrado mantenía bajo secreto y que se remonta al año 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate a la aerolínea Plus Ultra hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela.
Esas Órdenes Europeas de Investigación remitidas por las autoridades de ambos países acabaron derivando en la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024 que se dirigió contra seis personas, entre las que no estaba el expresidente. La querella apuntaba que Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela.
La Fiscalía sostenía en esa querella que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y dedicada a blanquear dinero “ilícito” procedente de actos de malversación “de muy alta cuantía” cometidos por funcionarios en Venezuela. La querella citaba fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela. Esos contratos daban “cobertura” a devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la supuesta red de blanqueo, tras recibir la ayuda pública, según la querella.
