El sumario íntegro del caso Plus Ultra muestra el largo recorrido de una investigación que comenzó en un juzgado de instrucción de Madrid, el 15, a cargo de la jueza Esperanza Collazos, que mantuvo abierta casi dos años una investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, tras una querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias, a la que se adhirieron PP y Vox. PublicidadEl 8 de abril de 2021, la jueza Collazos abrió diligencias previas contra el entonces presidente en funciones de la SEPI Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo por los presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y obtención de subvenciones. Tras casi dos años de instrucción, archivó dichas diligencias el 5 de enero de 2023, al no encontrar indicios delictivos respecto a la SEPI por el préstamo de 53 millones para la aerolínea durante la covid. "El Consejo Gestor de la SEPI no tiene capacidad decisoria sobre el tema de la subvención acordada, él se limita a elevar a la autorización del Consejo de Ministros la aprobación de las operaciones, en este caso, hasta el Consejo de Ministros de fecha 9 de marzo de 2021, no se autorizó", indicaba la jueza, a la que se le pasó el plazo para llamar a declarar a los responsables de Plus Ultra. El auto de sobreseimiento indicaba que "no aparece debidamente justificada la comisión de un delito". La Audiencia Provincial de Madrid ratificó esta decisión el 11 de enero de 2023 al rechazar el recurso de nulidad de las actuaciones presentado por Vox, atendiendo al criterio de la Fiscalía y del Abogado del Estado, al entender que no existió indefensión. Sin embargo, ante la pretensión de la Abogacía del Estado y de Plus Ultra de que se decretase el archivo definitivo de las investigaciones, este mismo órgano respaldó el archivo provisional. Según recoge un auto del 14 de abril de 2023, "aunque los hechos objeto de investigación penal no puedan incardinarse en algunos de los tipos penales por los que se formuló la querella por falta de los requisitos del tipo (malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias), lo que ha evidenciado la instrucción es una insuficiencia de indicios incriminatorios respecto de uno de los requisitos de elegibilidad exigidos por la norma para ser Plus Ultra beneficiaria de la concesión de 53 millones de euros de dinero público". PublicidadY es que, tal y como señaló el propio Ministerio Fiscal en su informe de adhesión al recurso (y vino manteniendo en sus anteriores informes solicitando en todos ellos el sobreseimiento provisional de las actuaciones), existía un "único requisito controvertido", referente al de no encontrarse la compañía en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019. "Según los informes periciales obrantes en la causa, determina a nuestro juicio, que el sobreseimiento de las actuaciones en relación con el delito de fraude de subvenciones del art. 308 CP, no sea libre sino provisional como acertadamente ha establecido el auto recurrido", señaló entonces la Audiencia Provincial.Impulso de la Fiscalía AnticorrupciónLas Órdenes Europeas de Investigación (OEI) cursadas por las autoridades francesas y suizas en 2024 están en el origen de la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción un año y medio después en la Audiencia Nacional, el 21 de octubre de 2024, y que abrió la investigación que la semana pasada imputó al expresidente Zapatero. El sumario del caso Plus Ultra da cuenta de esas OEI sobre los indicios de una organización criminal internacional, dedicada al blanqueo de capitales de origen ilícito, "siendo relevante las conexiones de esta red de blanqueo con personas venezolanas y con activos en Venezuela", y señalaba en concreto fondos públicos de programas de distribución de alimentos, (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), "así como con la venta de oro del Banco venezolano a través de la sociedad de Emiratos Árabes Noor Capital PSC, utilizando sociedades interpuestas".PublicidadAnticorrupción incidía en que la aerolínea Plus Ultra era beneficiaria de unos préstamos con sociedades vinculadas a esa supuesta organización criminal que retrataban las investigaciones suiza y francesa y que dichos contratos constituían en realidad devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la trama, tras recibir los 53 millones de euros del rescate del Gobierno español, según indica la querella, a la que ha tenido acceso este diario. Anticorrupción se querelló en octubre de 2024 contra varios ciudadanos extranjeros (dos peruanos, dos venezolanos, un holandés y un abogado español) en el marco de su investigación sobre la trama de blanqueo vinculada a Venezuela. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó tener competencia para investigar los hechos relatados en la querella de la Fiscalía por no haberse cometido los mismos íntegramente en territorio extranjero.La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión e instó a la Fiscalía a presentar la querella en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, que ya había investigado hechos relacionados en la causa sobre Plus Ultra. La jueza Collazos reabrió la causa, pero dejando fuera lo relacionado a la concesión del rescate público, puesto que esa materia ya había quedado investigada y archivada por no existir indicios delictivos. Lo que se investigó a partir de ese momento, en secreto, según los autos que muestra el sumario, es el destino final de los 53 millones de euros del rescate, el uso "indebido" que hicieron de ellos los responsables de Plus Ultra.Y es en ese ámbito de la investigación cuando emergió Zapatero, que pasó de no existir en la investigación a ser considerado el líder de la trama de influencias ilícitas.La jueza pidió a la Audiencia Nacional que se quedara con la investigación al adquirir otra dimensión por la presunta participación de Zapatero y sociedades offshore. Ocurrió en diciembre de 2025 tras las detenciones ordenadas por Esperanza Collazos, que revelaban una presunta organización criminal internacional. Y es cuando la investigación pasó a la Audiencia Nacional, a manos del juez José Luis Calama, una investigación cuyo secreto de sumario se levantó hace una semana, coincidiendo con la imputación del expresidente Zapatero.