Bruselas aprobó hace tres años una regulación nueva para endurecer las obligaciones de las empresas en materia de igualdad y acabar con la brecha salarial de género. Se trata de la directiva de transparencia retributiva que el Gobierno apenas ha comenzado a transponer y con la que se obligará a las empresas de más de 100 trabajadores a enviar a un órgano público la información sobre su brecha salarial de género, que publicará en una web para que se pueda comparar entre firmas de los mismos sectores y regiones del país.El texto europeo, que tendrá que ser adaptado cuanto antes al ordenamiento español para evitar sanciones como la que ya encara por la directiva de condiciones laborales, establece que todas las empresas que tengan plantillas de más de 100 personas deberán informar periódicamente a este órgano (aún por designar) de hasta seis medidores de las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

En concreto, la directiva fija que las empresas tendrán que enviar de forma periódica la brecha salarial de género, la brecha retributiva en los complementos o en los pagos de carácter variable, la brecha mediana de estas dos mismos indicadores, la proporción de trabajadores y trabajadoras que perciben estas retribuciones adicionales (pluses o partes variables) y por último, la proporción de trabajadores de cada género concentrados en cada cuartil de las bandas salariales de su compañía.