Bruselas aprobó hace tres años una regulación nueva para endurecer las obligaciones de las empresas en materia de igualdad y acabar con la brecha salarial de género. Se trata de la directiva de transparencia retributiva que el Gobierno apenas ha comenzado a transponer y con la que se obligará a las empresas de más de 100 trabajadores a enviar a un órgano público la información sobre su brecha salarial de género, que publicará en una web para que se pueda comparar entre firmas de los mismos sectores y regiones del país.

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