La propuesta de ley antimafia que reforma varios cuerpos legales refuerza la capacidad del Estado para combatir el crimen y además incorpora la inhabilidad profesional para abogados condenados por delitos relacionados con el crimen organizado, lavado de activos, corrupción u obstrucción de la justicia.El proyecto fue construido con la cooperación del Gobierno italiano y ahora se espera que la Asamblea Nacional lo tramite con la mayor celeridad posible. El presidente de la legislatura, Niels Olsen, al recibir la propuesta dijo que esta iniciativa forma parte de las prioridades de la agenda. El proyecto de ley pasará a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación y remisión a una de las comisiones especializadas permanentes. PublicidadLa vicepresidenta de la Asamblea Nacional y proponente de la iniciativa, Mishel Mancheno, señaló que la realidad que enfrenta el país evidencia que el crimen organizado ya no opera como un fenómeno aislado, sino como una estructura compleja que, en diversos territorios, amenaza, extorsiona, recluta personas, ocupa espacios estratégicos, utiliza bienes inmuebles y vehículos, moviliza recursos económicos y se sostiene a través de amplias redes de apoyo. Según explicó, el proyecto de ley surge con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado para combatir de manera más efectiva a las organizaciones criminales y evitar que sus actividades continúen afectando tanto la seguridad de la ciudadanía como los recursos públicos.La propuesta plantea reformas a tres cuerpos normativos en ámbitos diferenciados. En el frente penal, modifica el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para fortalecer la persecución de las estructuras delictivas. En materia patrimonial, introduce cambios a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio con el fin de facilitar la recuperación de bienes vinculados a actividades ilícitas. Finalmente, en el ámbito institucional reforma el Código Orgánico de la Función Judicial para robustecer las herramientas del sistema de justicia en la lucha contra el crimen organizado.PublicidadPublicidadLa propuesta se articula en seis ejes y parte de una premisa central: la lucha contra el crimen organizado debe alcanzar a toda la estructura criminal y no únicamente a quienes ejecutan o financian los delitos.Las organizaciones delictivas operan mediante una red de actores con funciones específicas, que incluyen a cabecillas, financistas, reclutadores, transportistas, vigilantes, extorsionadores y colaboradores que facilitan el funcionamiento de estas estructuras. Bajo este enfoque, la reforma busca identificar con mayor precisión el rol que desempeña cada integrante dentro de la organización.PublicidadEl objetivo es que la acción de la justicia no se limite a perseguir al autor material o visible del delito, sino que alcance a toda la red que permite su operación, sostenimiento y expansión; por ello, la normativa permite actuar contra el campanero, contra el cobrador de vacunas, el transportista, el que guarda las armas y el que sirve de enlace. Otro de los ejes es la justicia, donde se determina que si un juez deja libre a alguien vinculado al crimen organizado, tiene que explicar a los ecuatorianos el porqué de su decisión, por ello, la ley exige mucha más responsabilidad al momento de decidir sobre prisión preventiva o medidas sustitutivas en caso de crimen organizado.La norma incluye consecuencias para los abogados que usan su profesión para favorecer a estructuras criminales.Introduce una reforma al artículo 329 del Código Orgánico de la Función Judicial, referente a los impedimentos para ejercer la abogacía. Para ello se propone el siguiente texto: “Quienes hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, como autores, coautores o cómplices, por delitos de delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita, fraude procesal, obstrucción de la justicia, testaferrismo o enriquecimiento ilícito, cuando los hechos guarden relación con el ejercicio profesional, con la instrumentalización de órganos de la administración de justicia o con estructuras de criminalidad organizada, quedarán inhabilitados para ejercer la abogacía, por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad”. PublicidadMancheno aclaró que la ley no castiga a quien ejerce la defensa dentro de la ley, porque defender a una persona es parte del debido proceso. Lo que se sanciona es algo distinto, es usar la profesión para ayudar, proteger o facilitar la actuación de una banda o de un GDO.El siguiente eje se refiere a la incautación de bienes y su destino, pues la propuesta busca que esos bienes incautados se administren mejor y cumplan una función social, con ello se evita la generación de gastos necesarios, como la custodia de los bienes.Ministro del Interior, John Reimberg, resaltó que la ley busca atacar a la criminalidad y pretende dar mayor facilidad para detener a quienes participan en las estructuras criminales, pues el solo hecho de conocer que una persona pertenece a un grupo delictivo puede ser detenida y no pueden demorar las investigaciones.Respecto a los bienes incautados a los grupos delictivos, el secretario de Estado dijo que lo correcto es que esos bienes pasen a manos de los ecuatorianos y no que el Estado siga pagando el mantenimiento o custodia, y que cuando salen de la cárcel piden que se devuelvan los bienes.Sin duda habrá oposición a este proyecto de ley, y se debe “entender por la simple lógica de que cualquiera que vote en contra de esta ley está defendiendo el crimen organizado y está en contra de los ecuatorianos. Para mí no hay otra más. No es que porque es un proyecto que sale de la bancada todo el mundo tiene que rechazarlo”, dijo.El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, respaldó la iniciativa y afirmó que es un proyecto que se necesita discutir con seriedad, responsabilidad y con sentido de urgencia; pero que estará dentro de las prioridades de la agenda legislativa.Comentó que el crimen organizado ha cambiado en los últimos años y es importante que la Asamblea Nacional esté a la altura, actualizada y siempre proveyendo las herramientas a los otros poderes del Estado para que puedan actuar.No se trata de delitos aislados ni de personas que actúan solas, sino que “estamos hablando de estructuras que se financian, que reclutan, que usan casas, bodegas, vehículos, tecnología, dinero ilícito, amenazas y redes de protección para seguir operando en nuestra tierra”, indicó. Invitó a las instituciones, a los expertos, academia, sociedad civil, organismos internacionales y a todos quienes tengan algo que aportar a participar de este proceso de debate del proyecto Antimafias. Dijo que el objetivo no es solo aprobar una ley, sino construir una ley sólida, aplicable y robusta.El embajador de Italia, Giovanni Davoli, señaló que se necesita de un Ecuador libre de la mafia, y reveló que el Gobierno italiano ayuda en la asesoría para la construcción de esta ley. Dijo que es necesario que las naciones se alíen para combatir a la mafia, porque es una amenaza como lo es el terrorismo, como lo son las guerras, esa es otra forma de guerra y no es menos peligrosa.(I)