16 de junio, 2026 - 07h00En días pasados el embajador Davoli de Italia visitó la Asamblea Nacional para respaldar un proyecto de ley antimafia redactado con el asesoramiento de un programa bilateral de asistencia entre su país y el Ecuador. El proyecto de ley, que ya inició el procedimiento legislativo respectivo, sigue las pautas de la legislación que Italia aprobó décadas atrás con el propósito de destruir el poder financiero de las organizaciones criminales y no solamente imponer sanciones a los responsables. Una importante iniciativa. Italia goza de gran experiencia en luchar contra el crimen organizado. En 1982 el parlamento italiano aprobó la conocida Ley Rognoni-La Torre que, por primera vez, tipificó a la asociación mafiosa y la simple pertenencia a ella como delitos, y permitió la incautación de sus bienes. En 2011 esa legislación se fortaleció.Ese marco normativo parte de la premisa de que la delincuencia hoy en día es básicamente una actividad organizada y como tal su poder financiero resulta clave para su existencia. Hay que anotar que aún antes de esa legislación, la magistratura italiana había demostrado una gran entereza en enfrentar al crimen organizado. Debe recordarse el proceso de 1986 en Palermo que lideró el juez Falcone contra la Cosa Nostra y que llevó a la cárcel a más de 346 miembros de esa organización. En el proceso Falcone sacó a relucir los vínculos de la mafia con la política. En 1992, la magistratura milanesa inició la mayor cruzada judicial contra la corrupción italiana, la llamada Operación Mani Pulite (Manos Limpias). Entre 1992 y 1994 un puñado de jueces y fiscales lideraron una serie de investigaciones audaces sobre sobornos, enriquecimiento ilícito, corrupción judicial y extorsión que llevaron a prisión a unas 1.200 personas. Ello provocó el colapso de la clase política italiana, la caída del gobierno y la liquidación de los partidos. Sobre los escombros, se aprobaron varias reformas constitucionales que dio a luz a la segunda república italiana.De nada habría servido la legislación antimafia italiana de no ser por la presencia de una fiscalía independiente tanto del poder político como económico. En Italia los magistrados no se presentan a ser comodines de los deseos del gobierno de turno, cualquiera que sea su tendencia. Su compromiso es con la sociedad y no con los gobernantes; con el derecho, no con el poder. La selección de los fiscales y jueces, en Italia, así como su ascenso y sanción, sigue un proceso riguroso libre de toda injerencia externa. El Consejo Superior de la Magistratura italiano es un bastión de la independencia judicial frente a los otros poderes del Estado, y no una simple alfombra de la élite política. Sin ese grado de independencia institucional no hay legislación antimafia que valga. La lucha de la magistratura italiana contra las mafias políticas y criminales ha sido ejemplar; demostró que sí es posible someter al terrorismo sin violar los derechos humanos.Quizás una comisión de exfiscales y exjueces italianos deberían liderar las investigaciones antimafia en nuestro país por unos quince años. Tiempo suficiente para sembrar una nueva institucionalidad judicial proba e independiente y, quién sabe, probablemente ello marcaría el inicio de una nueva república. (O)