La fiscal de la primera causa penal sobre Plus Ultra, María Luisa Llop, intentó cerrar para siempre las diligencias en febrero de 2023 solicitando su sobreseimiento libre o definitivo. La maniobra, que provocó estupor en la carrera fiscal, habría impedido la reapertura del caso en 2025 y la posterior imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, hace dos semanas, por blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Llop fue premiada posteriormente por la Fiscalía General con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez con un puesto en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La petición de esta representante del Ministerio Público se produjo en el marco del procedimiento que abrió en 2021 el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid para investigar el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros públicos. A la jueza del procedimiento, Esperanza Collazos, se le pasó el plazo para prorrogar la instrucción y la Audiencia Provincial le ordenó en noviembre de 2022 que dejara de practicar nuevas diligencias, abocando la causa a su archivo. Este llegó finalmente en enero de 2023. Sin embargo, la jueza Collazos se inclinó por el sobreseimiento provisional de la causa, una fórmula que permite su reactivación en el futuro si surgen nuevos indicios de delito. La compañía beneficiada por la ayuda, Plus Ultra, se opuso a ese dictamen y recurrió ante la Audiencia Provincial para que el sobreseimiento fuera libre, es decir, un archivo completo e irreversible que impide la reapertura de una causa aunque posteriormente surjan otras pruebas. La sorpresa llegó cuando Llop se adhirió a la petición de la compañía aérea y también argumentó ante la Audiencia Provincial que el archivo del caso Plus Ultra debía ser total e inamovible. La fiscal opinó que no había indicios de cohecho, ni de tráfico de influencias, ni de prevaricación, entre otros delitos. "[Que] se revoque la resolución recurrida y, en su lugar, se dicte otra que acuerde el sobreseimiento libre", pidió la representante del Ministerio Público. Hace solo unos días el levantamiento del secreto del sumario del caso permitió comprobar que los dirigentes de Plus Ultra maniobraron para frustrar aquella investigación e influir en el procedimiento a través de una "fiscal amiga". TE PUEDE INTERESAR La trama de Zapatero trató de desactivar el caso en la Fiscalía: "La fiscal jefa es amiga" Beatriz Parera Alejandro Requeijo Cristina García Vázquez Infografía: Blanca Casanova La reclamación de Llop no prosperó. La Audiencia Provincial mantuvo la decisión de la jueza Collazos. Pero el escrito de la fiscal desconcertó a sus colegas. El sobreseimiento libre apenas se utiliza porque en la práctica equivale a una absolución. No sólo implica concluir que los investigados están exentos de responsabilidad, sino que también cierra la puerta a que se vuelva a investigar a las mismas personas por los mismos hechos. En este caso, además, la petición de la fiscal tenía menos sentido todavía. La jueza Collazos archivó las diligencias de Plus Ultra porque un error formal en la extensión de la prórroga vetó la realización de nuevas indagaciones. Sin embargo, la instructora apreciaba indicios de delito para seguir investigando y tenía pendientes varios interrogatorios que no pudo efectuar por el cierre en falso de las diligencias. La reactivación del procedimiento permitió en diciembre detener al presidente de la aerolínea, y al testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez Aunque solo sea por cautela, los jueces suelen evitar el sobreseimiento libre de los procedimientos. Pero todavía es más extraño que la representante de la acusación pública recurra en apelación un sobreseimiento provisional para tratar de convertirlo en definitivo. Fuentes jurídicas tachan aquella decisión de “inaudita” y “escandalosa” y recuerdan que, de haberse conseguido el archivo libre de la causa, habría sido imposible aprovechar las comisiones rogatorias que llegaron en 2024 desde Suiza y Francia, con nuevas pruebas de Plus Ultra, para reabrir la causa. La reactivación del procedimiento permitió en diciembre detener al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y al testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. El pasado 19 de mayo, en una segunda fase de las diligencias, la imputación y los registros se centraron ya en el expresidente del Gobierno. Fiscal "amiga" Llop estaba en plantilla de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Sin embargo, en enero de 2024, tras su intento para conseguir sobreseimiento libre o definitivo del caso Plus Ultra, fue premiada con un puesto muy codiciado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Consejo de Ministros consolidó su plaza en noviembre de 2024 a propuesta del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La actuación de Llop y la de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, están ahora en entredicho a la vista de las conversaciones intervenidas a la trama. El abogado de la red, Miguel Palomero, planteó la posibilidad de emprender alguna acción a través de sus contactos en la Fiscalía para desactivar el caso. "La fiscal jefa es amiga", dijo a la vez que sugería la posibilidad de montar un "Kitchen gabinet". También se hallaron mensajes en los que Rodolfo Reyes indicaba que iba a averiguar detalles sobre la juez encargada del caso en Plaza Castilla, Esperanza Collazos. La solicitud de sobreseimiento libre no es la única actuación sospechosa de la Fiscalía de Madrid en el proceso. Meses antes y aprovechando la ausencia de la jueza Collazos que se encontraba de vacaciones, la fiscal Llop logró que se levantara una medida cautelar impuesta por la magistrada que hacía especial daño a los intereses de Plus Ultra. La fiscal apoyó la reclamación de la compañía aérea para que se levantara la suspensión del abono del préstamo participativo que se le había otorgado y que le impedía acceder a una parte significativa del dinero del rescate. El juez que sustituía a Collazos accedió a la solicitud, lo que permitió a la SEPI —cuya actuación en el rescate se encuentra ahora bajo sospecha— transferir a la aerolínea 34 millones de euros. La actuación de la Fiscalía de Madrid contrasta con la de la Fiscalía Anticorrupción que lideró tiempo después la reapertura de las investigaciones. Años después de que esa investigación original terminara archivada, aparecieron hechos nuevos en base a datos obtenidos por Francia y Suiza que investigaban una presunta red de blanqueo vinculada a empresarios venezolanos. La fiscal Elena Lorente solicitó al Juzgado de Instrucción 15 la apertura de una pieza secreta en noviembre de 2025 que acabó llevando a la intervención de Zapatero. Si el sobreseimiento dictado hubiera sido libre la investigación nunca habría podido llevarse a cabo. La fiscal de la primera causa penal sobre Plus Ultra, María Luisa Llop, intentó cerrar para siempre las diligencias en febrero de 2023 solicitando su sobreseimiento libre o definitivo. La maniobra, que provocó estupor en la carrera fiscal, habría impedido la reapertura del caso en 2025 y la posterior imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, hace dos semanas, por blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Llop fue premiada posteriormente por la Fiscalía General con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez con un puesto en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.