La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha abierto un expediente a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la fiscal María Luisa Llop, que pidió el archivo de la investigación sobre el rescate de la aerolínea en 2021. Ambas aparecen mencionadas en el sumario de la investigación que implica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Lastra explica que el expediente que analizará el comportamiento de las fiscales se abre a raíz de una denuncia del partido Iustitia Europa y que lo remite a la Inspección Fiscal. Los mensajes intervenidos por Estados Unidos al que fuera alto mando de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, revelan que la supuesta trama del caso que ahora está bajo el foco por tráfico de influencias habló de torpedear la investigación judicial sobre el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea y que comenzó en 2021 en los juzgados de Madrid tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias: “Hay que hacer un Kitchen Gabinet”. En los mensajes intervenidos enviados a la Audiencia Nacional consta que el abogado Miguel Palomero, investigado y detenido el pasado 11 de diciembre en el marco de esta operación, planteó la posibilidad de bloquear la causa inicial de los juzgados madrileños casi un mes después de que esta naciera. “Mañana pregunto para que me digan de la juez del 15 [ Esperanza Collazos] cómo es”, escribió el 20 de mayo de 2021 a Reyes —entonces accionista mayoritario de la compañía Plus Ultra— en alusión a la instructora. “La instrucción es muy importante”, apuntaba el letrado, que luego deslizó que la jueza no era la única vía de acceso a las pesquisas. “La fiscal jefa es amiga“, añadió sin más detalles, en referencia a Pilar Rodríguez, según especifican fuentes de la investigación.Se da la circunstancia de que Lastra está en sus últimos días como fiscal superior de Madrid, después de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, no la renovara en el cargo el pasado 30 de abril. La decisión de Peramato fue polémica porque, para un sector del Ministerio Público, se entendió como una represalia después de que Lastra hubiera declarado en el juicio al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El testimonio de la actual fiscal superior de Madrid sirvió para apuntalar el delito de revelación de secretos por el que finalmente García Ortiz fue condenado. Estos nombramientos, que supusieron un ascenso de Pilar Rodríguez a la Fiscalía del Tribunal Supremo, han sido recurridos por la Asociación de Fiscales a la justicia europea. La asociación mayoritaria alega que no se evalúa el mérito y la capacidad de los concurrentes, sino que se actúa con otros criterios. La fiscal Llop también fue trasladada a petición propia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde está actualmente. Ella, junto a la Abogacía del Estado, siempre abogó por que las pesquisas sobre el rescate a Plus Ultra fueran archivadas, como finalmente ocurrió inicialmente por un error técnico. El partido político denunciante, Iustitia Europa, ha emitido una nota de prensa en la que dice que esto es “un avance significativo en su estrategia de fiscalización de las instituciones públicas”. Ahora, la Inspección Fiscal, que depende de la Fiscalía General del Estado, tendrá que decidir si indaga en el comportamiento de ambas fiscales.