Las instituciones públicas, tan necesarias para el gobierno de una sociedad, han de hacerse merecedoras de su existencia, bien entendido que los ciudadanos que les competen han de percibir su utilidad, ya que la iniciativa privada, tan esencial como necesaria, no podría hacerlo por sí sola para garantizarlo ni para la prestación de aquellos servicios esenciales que comprenden los ámbitos político y privado de una sociedad. En definitiva, estas debieran tener en cuenta el interés general por encima de cualquier otro interés partidista o privado por más poderoso que fuera.Sin duda, en los países democráticos vienen marcados en su Carta Magna; en nuestro caso por la Constitución de 1978, refrendada por un 90% de los ciudadanos, en cuyo Preámbulo ya proclama su voluntad, que no es otra que: “Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme el orden económico y social justo. Consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y ­tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y la economía para asegurar a todos una digna ­calidad de vida”.¿Cómo es posible que asociaciones de jueces y magistrados se pronuncien como si fuesen partidos?Al desgranar la parte dispositiva de la Constitución queda claro el marco democrático del Estado, la división de poderes de este y el ensamblaje de todas las instituciones públicas, basado en la dignidad de la persona como bien supremo que proteger y también potenciar, el desarrollo de la vida en comunidad, que debe contemplar la realidad sociológica de los ciudadanos, así como sus anhelos y esperanzas.Defender la buena convivencia, pero sobre todo el respeto de la dignidad de todos y cada uno de nosotros, nos es debido. Por ello, no cabe la descalificación, el insulto o el menosprecio de las personas y de sus necesidades vitales. De ahí la necesidad de cumplir y hacer cumplir las normas de derecho en el marco jurídico establecido por la Constitución. Dani DuchNo valen excusas y por ello no puede reiterarse, por ejemplo, la no presentación ni aprobación de los presupuestos generales del Estado ni de sus comunidades autónomas o municipales –imaginemos qué pasaría en las empresas si lo hicieran así–. Tampoco la no rendición de cuentas más allá del tiempo y forma previstos; el cumplimiento exquisito en la renovación de los cargos públicos al finalizar los mandatos predeterminados por el constituyente, como es el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional y los cargos del Consejo General del Poder Judicial, dada la importancia y trascendencia de estos, como exige nuestra Carta Magna. Resulta fundamental administrar justicia en tiempo y forma, con imparcialidad y, sobre todo, conforme a lo dispuesto en la ley y evitar cualquier síntoma de politización. ¿Cómo es posible que asociaciones de jueces y magistrados se pronuncien unánimemente como si fuesen partidos políticos, lo que en ningún caso permite la Constitución?Los ciudadanos, aunque no conozcan con precisión sus derechos, sí perciben cuando no les son reconocidos, y desconfían de las instituciones al observar que no son tratados como debieran. Tal ocurre en modo palpable en la desatención ante las calamidades naturales como inundaciones, incendios, accidentes ferroviarios, la respuesta ante las epidemias, el trato que reciben los propios damnificados y sus familiares, por poner algunos casos que han provocado alarma social e indignación. Muchos de estos casos aún están pendientes de las resoluciones judiciales. De la misma manera, la alarma ante los casos de corrupción por parte de destacadísimos representantes políticos sometidos a una muy lenta y atropellada justicia, cuyos juicios diariamente, con asombro, la sociedad observa y juzga a través de los medios de comunicación.No podemos pasar por alto poner de manifiesto la importancia que tiene el papel del legislador en los debates en las cámaras de representantes, porque de ello, afortunadamente, se da cuenta en todos los medios, y muy particularmente en la retransmisión de los debates en las respectivas cámaras parlamentarias y en el Senado. Nuestros representantes tienen derecho a estar informados y a la transparencia de lo que allí se decide y cómo se decide. Por tal motivo debe exigirse a quienes tienen esa alta representación que, al presentar y debatir sobre las leyes, lo hagan sin dejar de mantener sus posiciones políticas, afortunadamente diversas, como así es, ya que representan las diferentes sensibilidades políticas de los ciudadanos. Es importante que se atengan a la cortesía parlamentaria, pero no a la descalificación grosera de los adversarios, sino a la búsqueda de consensos, aunque es evidente que no siempre se pueden hallar; la democracia tiene sus reglas, el respeto a defenderlas con convicción, pero por encima de todo, a la voluntad de las mayorías votada libremente y en secreto, por todos y cada uno de los ciudadanos en quienes reside la soberanía nacional; de manera que no hay más soberano en el Estado que el pueblo español. Y por tanto los poderes son realmente sus servidores.Treva i PauTreva i Pau, formado por Jordi Alberich, Eugeni Bregolat, Eugeni Gay, Jaume Lanaspa, Carles Losada, Josep Lluís Oller, Alfredo Pastor, Xavier Pomés y Víctor Pou