La paradoja se repite como un ritual de otoño: políticos que defienden con fervor la escuela pública matriculan a sus hijos en centros privados o concertados. Prensa y redes suelen cebarse con estos casos como ejemplos claros de hipocresía. Pero quizá resulte más interesante mirarlos desde el prisma del principio de sujeción, según el cual nuestros representantes deberían usar los mismos servicios públicos que diseñan para la ciudadanía. La lógica es sencilla: si comparte...
n escuela, hospital o transporte con el resto, no solo tendrán un interés directo en que funcionen bien, sino que mostrarán públicamente su confianza en ellos. Como cuando uno cocina para los demás y se sirve el mismo guiso, no otro distinto.
Ese principio no está recogido en ninguna norma —atentaría contra libertades valiosas—. Se formula como una exigencia moral. Y en ese mismo sentido cabe preguntarse si no debería extenderse de la gestión política a las convicciones. En educación, la lógica sería esta: quienes defienden la escuela pública ganan autoridad si la eligen para sus hijos. Los datos abonan el terreno para la reflexión. España es uno de los países europeos donde más peso tiene la escuela privada o concertada: casi un 33% del alumnado frente a apenas un 7% en Reino Unido o un 9% en Alemania. Y no son guetos de derechas: un estudio en Cataluña (CEO, 2017) mostró que uno de cada cuatro votantes de la CUP con hijos no los llevaba a la pública; un 11,7% optó por la privada estricta, casi el doble que los del PP (6,6%). Aunque el dato no es reciente, ilustra bien la contradicción.
