La investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero, un referente socialista, ha desencadenado una agria polémica sobre si se trata de una operación del aparato del Estado -jueces, fiscales y policías- para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez o es el resultado del normal funcionamiento de la justicia. En el foco, la UDEF (unidad de delincuencia económica y fiscal), que ha descubierto extensas redes de corrupción pero que también ha sido el laboratorio de algunas de las investigaciones ilegales más escandalosas de la democracia. Dos legitimidades enfrentadas. El caso Zapatero se sitúa en una tormentosa encrucijada en la que chocan las evidentes ganas del expresidente de ganar mucho dinero procedente de diversas fuentes, en muchos casos nada cristalinas, lo que alimenta las sospechas sobre su comportamiento, por un lado, con las dudas sobre una unidad policial con tendencia a especular y con una trayectoria muy cuestionada, por otro.Agentes de la Policía Nacional en el registro de las oficinas de Zapatero Dani DuchEl hecho de que esas tramas policiales nunca hayan sido seriamente investigadas proclama la pobreza institucional española, para lo que también se ha contado con la pasividad de la actual mayoría gobernante, esa que ahora sí reconoce el lawfare.Según la ley, el juez es la persona que dirige y controla las instrucciones, pero la verdad es que en España en la mayoría de los casos, especialmente los que se refieren a complejos movimientos económicos, no hace más que ratificar los informes y conclusiones de la policía y/o de la fiscalía. Y en el caso de la UDEF su historial es, cuando menos, controvertido. Veamos algunos ejemplos, solo los más conocidos que deberían enfriar la confianza en la sagacidad de esa unidad, más cercana a la malicia.Uno de los más asombrosos, el del expresidente del Barça, Sandro Rosell. Dos años en prisión provisional a la espera de juicio, para ser absuelto en cuanto se sentó ante el tribunal encargado de juzgarlo. Los informes de la UDEF y la complicidad entusiasta de la magistrada de la Audiencia que instruía el caso, Carmen Lamela, explican el despropósito. Instructora esta última de la causa inicial del ‘procés’, ahora ocupa plaza en la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Y lo que aún resulta tanto o más inquietante, es magistrada de la Junta Electoral Central, la que tutela la legalidad de los procesos electorales.La UDEF también se encargó de la instrucción del caso Pujol, centrado en Jordi Pujol Soley, president de la Generalitat (1980-2003), y toda su familia, tras declarar el patriarca que todos tenían una cuenta en Andorra. Menos él, que se excluyó de la lista. No se trata de repasar las extrañas circunstancias que rodearon tanto la apertura de la causa como su instrucción y los efectos que tuvo sobre la intervención y hundimiento de la Banca Privada de Andorra. En ese caso, el asunto llegó a las autoridades de EE.UU., que lanzaron una acusación contra la entidad financiera que supuso el final de sus días. En el caso Zapatero también aparece una agencia de ese mismo país como uno de los desencadenantes, cierto que no el único.Un miembro de la UDEF dijo en el juicio a los Pujol que era auditor; en verdad, trabajó en una auditoraSiguiendo con el caso Pujol, sí es interesante recordar que el principal mando operativo de la policía de la época, Eugenio Pino, fue condenado por intentar introducir ilegalmente en la causa un pen drive; algo que la UDEF aceptó de buen grado pero que la diligencia del juez , en un ejemplo poco habitual, rechazó. El caso Pujol está pendiente de sentencia. Durante la vista, el principal miembro de la UDEF, autor de varios informes, llegó a admitir durante su declaración que sentía animadversión por la familia Pujol. Se presentó como auditor, titulación que posteriormente rebajó al reconocer que simplemente había trabajado en una empresa auditora. También reconoció que muchos de sus hallazgos procedían de búsquedas en Google.En este somero repaso no podría faltar un recordatorio al popular grupo de comisarios señeramente representados en el negro historial de la delincuencia policial por José Manuel Villarejo, cuya principal ocupación era fabricar trapos sucios para que la UDEF abriera decenas de causas que les convenían, bien por motivaciones políticas o económicas.Ahora, el caso Zapatero. La investigación ha recopilado una larga lista de ingresos a cuentas del expresidente y de una sociedad de sus dos hijas. Cifras abultadas, en los tres casos, y de procedencia diversa, desde actividades en España a otras en lugares más lejanos, como China. Pero ya se han constatado errores de bulto, como la atribución a Zapatero y su esposa de irregularidades en la amortización de una hipoteca con ingresos dudosos, en realidad de la venta de lo que hasta ese momento había sido su vivienda habitual.La juez que encarceló a Rosell con informes de la UDEF está en el Supremo y en la Junta ElectoralEl episodio de las joyas está pendiente de análisis, pero ya hay elementos para pensar que podría no tener nada que ver con lo que se investiga, pese a que sus imágenes se filtraron urbi et orbi. También se cita algún ex alto cargo que ya no ocupaba esa posición en el momento de los hechos. Seguro que la ciudadanía estaría más tranquila si supiera que cuando determinadas acusaciones o inferencias se deslizan en un escrito policial su solvencia está asegurada. Lo contrario parece una patente de corso alejada de las garantías de un Estado de derecho.También porque, normalmente, lo que se incluye en esos informes es asumido al pie de la letra por los jueces. Cosa que así está siendo en el auto del caso Zapatero, que prácticamente copia el brioso verbo interpretativo de su autor policial.Como ya se ha dicho, el auto del juez José Luis Calama atribuye a Zapatero un delito de tráfico de influencias del que, hasta el momento, no aporta pruebas. Al tiempo, las referencias de los encausados al expresidente del Gobierno son tantas que parece difícil que este no se enterara de nada. Pero son suposiciones. El foco se centrará en lo que diga Julio, Julito, Martínez, el gestor de la red de sociedades que movían el dinero hacia Zapatero y sus hijas. El arrepentido/colaborador será, de nuevo, la más que probable clave de la lejana resolución de este grave caso. Pero la mirada escéptica debe dirigirse hacia todos los implicados, incluidos los servidores públicos.Adjunto al director de La Vanguardia. Periodista especializado en información económica