Seis de los nueve presos políticos que aún el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más reporta como desaparecidos: Stedman Fagoth, Carlos Brenes, Salvadora Martínez, Víctor Boitano, Eddy González y Douglas Álvarez.El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió esta semana a confirmar, sin admitirlo, una de las prácticas más denunciadas por los organismos de derechos humanos: la desaparición forzada de presos políticos. Primero mostró a Angélica Patricia Chavarría Altamirano leyendo un texto preparado en el que agradecía el supuesto “trato digno” recibido en prisión. Días después divulgó un comunicado médico sobre el dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan, desaparecido desde septiembre de 2023 y ahora presentado en estado crítico, conectado a ventilación mecánica y con falla multiorgánica.La paradoja es que ni Chavarría ni Rivera tienen una causa judicial abierta que explique por qué el régimen los mantiene presos y desaparecidos desde hace más de dos años.Las dos apariciones ocurrieron después de años de presión pública de familiares, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. También llegaron en medio de crecientes denuncias sobre la existencia de presos políticos desaparecidos dentro del sistema penitenciario nicaragüense y el temor de que más detenidos mueran bajo custodia estatal. Desde 2019, al menos seis presos políticos han muerto en cárceles o bajo control del régimen.PUBLICIDAD“Brooklyn Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023, siendo diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Desde ese momento fue denunciada por su familia y por el movimiento nacional e internacional de defensores de derechos humanos su desaparición forzada”, dijo Gonzalo Carrión, abogado y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. “Nunca informó el Estado de Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo, ni sus mecanismos del Ministerio del Interior, sistema penitenciario o Policía, sobre su paradero, dónde lo tenían ni en qué condiciones se encontraba”.La desaparición forzada se ha convertido en uno de los instrumentos más extremos de represión política en Nicaragua. Organizaciones de derechos humanos consideran “desaparecida” a toda persona detenida cuyo paradero es ocultado por el Estado, sin acceso a familiares, abogados ni información oficial sobre su condición física o situación judicial.Angélica Chavarría y Brooklyn Rivera se tenían como desaparecidos desde hace mas de dos años. El régimen los presentó esta semana sin explicar por qué están presos.Un estudio presentado en agosto de 2025 por la Unidad de Defensa Jurídica y otras organizaciones señaló que 33 de los 73 presos políticos de entonces estaban en condición de desaparición forzada. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, todavía en marzo de 2026 existían 11 personas desaparecidas bajo custodia estatal.PUBLICIDADCarrión sostiene que el número real es mayor. “Estamos hablando de una decena de personas desaparecidas. Y te digo, son más, porque nosotros estamos documentando personas desaparecidas cuyos familiares las mantenían en el anonimato por miedo, por terror, incluso esperando que un día se dignaran a sacarlos”.El caso de Brooklyn Rivera se convirtió esta semana en símbolo de la crueldad a la que son sometidos los presos políticos. Rivera, de 73 años, líder histórico miskito y diputado indígena, fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 después de denunciar en foros internacionales la invasión de colonos en territorios indígenas del Caribe Norte. Durante casi tres años el régimen no confirmó siquiera si seguía vivo.El 27 de mayo de 2026, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud divulgaron un informe conjunto asegurando que Rivera padece neumonía bacteriana causada por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar, derrame pleural bilateral y cirrosis hepática con falla multiorgánica.PUBLICIDAD“Las imágenes hablan por sí solas. Evidencian la comisión de crímenes de Estado y de crímenes de lesa humanidad, porque estaba en condición de desaparecido”, afirmó Carrión. “Y al mostrar hoy esas imágenes, lo que existe es la confesión de este crimen de lesa humanidad”.Tininiska Rivera, hija del dirigente indígena, rechazó el comunicado oficial y denunció que el régimen intenta manipular la situación de su padre, al presentarlo como esmeradamente cuidado por médicos y al inventar visitas familiares regulares que no existieron. “Nunca nos dejaron verlo”, reclama la hija. Incluso Rosario Murillo, copresidenta y esposa de Daniel Ortega, se ha referido durante dos días consecutivos a Brooklyn Rivera como “hermano” y ha detallado las supuestas atenciones médicas que recibe, sin explicar por qué permanece preso ni ordenar su liberación para que pueda recibir atención médica independiente.“Vamos a seguir pidiéndole a Dios por la recuperación de su salud, para que ese corazón vibrante de Brooklyn Rivera siga latiendo en amor a Nicaragua”, dijo Murillo este jueves en su alocución en cadena de medios oficialistas.PUBLICIDADGonzalo Carrión considera que la aparición del líder miskito tuvo un efecto contrario al buscado por la propaganda oficial. “Brooklyn entró caminando y lo sacan casi cadáver. ¿Qué van a agradecer? ¿Cómo vas a agradecer una desaparición forzada?”.Cinco días antes de la exposición pública de Rivera, el régimen ya había mostrado a Angélica Chavarría Altamirano, detenida desde mayo de 2024 y desaparecida durante dos años. El Ministerio del Interior difundió un video donde Chavarría aparecía leyendo un texto en el que afirmaba recibir atención médica, alimentación y trato digno.Carrión rechaza la autenticidad de esa declaración. “En el caso de Angélica Chavarría, la exhiben obligándola a leer lo que dice ahí. La obligan a decir que la tratan bien, que recibe atención, todo eso. Pero nosotros lo sabemos de primera mano: ella no estaba hablando libremente. Su rostro y su forma de decirlo no eran los de una persona libre”.PUBLICIDADChavarría fue detenida durante el operativo contra su pareja sentimental, Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador y exjefe del Ejército, el 19 de mayo de 2024, el mismo día que este concediera una entrevista a Infobae criticando la ausencia de sucesión democrática en Nicaragua. Cinco meses después, Humberto Ortega murió bajo arresto domiciliario y aislamiento hospitalario.“Angélica era la mujer que más tiempo llevaba desaparecida”, recordó Carrión. “Y su caso demuestra algo importante: preguntar por ellas, hablar públicamente, insistir aun en medio del miedo, tiene un papel vital”.Claudia Pineda, vocera del Monitoreo Azul y Blanco, recordó en una conferencia este jueves, el valor que tiene la denuncia pública para obligar a la dictadura a presentar pruebas de vida de los desaparecidos.El líder histórico del sandinismo y general en retiro, Humberto Ortega, murió como preso político de su propio hermano: Daniel Ortega. (Foto archivo)Después de las recientes exposiciones públicas, el Colectivo Nicaragua Nunca Más sostiene que todavía existen al menos nueve personas desaparecidas bajo custodia estatal.Entre ellas figura Steadman Fagoth Müller, de 72 años, histórico líder indígena miskito y antiguo asesor presidencial de Ortega. Fue detenido el 14 de septiembre de 2024, un día después de denunciar invasiones de tierras indígenas en el Caribe Norte. El Ejército aseguró que planeaba “actividades al margen de la ley”, pero organismos internacionales consideran fabricadas esas acusaciones. La CIDH advirtió que sufre diabetes y necesita insulina diaria. Desde su captura, su familia no ha recibido pruebas de vida.PUBLICIDADTambién permanecen desaparecidos el coronel retirado Carlos Ramón Brenes Sánchez, de 71 años, y su esposa Salvadora del Socorro Martínez Aburto, detenidos juntos el 14 de agosto de 2025. El régimen nunca reconoció oficialmente su arresto ni ha presentado cargos públicos contra ellos.Víctor Boitano Coleman, exmilitar de 55 años, desapareció el 23 de abril de 2024 después de tramitar la renovación de su pasaporte. Había regresado a Nicaragua tras varios años residiendo en Italia. Su familia permanece exiliada y sin información sobre él.Eddie Moisés González Valdivia, militar retirado y exguerrillero sandinista, fue detenido violentamente en Estelí el 14 de julio de 2024 tras publicar mensajes denunciando intentos de allanamiento policial. Desde entonces permanece desaparecido.Douglas Gamaliel Álvarez Morales fue entregado por el gobierno de Costa Rica al régimen de Nicaragua en febrero de 2024 y fue visto por última vez el 19 de ese mes con grilletes y uniforme de presidiario. Desde entonces no se sabe de él, y personas cercanas a él aseguran que se encuentra aislado y sufriendo torturas..PUBLICIDADLa lista incluye además a Santos Ariel Rodríguez, de 46 años, también desaparecido sin información oficial sobre su situación jurídica o lugar de detención.A ellos se sumaron esta semana Ricardo Mendoza Irigoyen y Larry Javier Martínez Romero. Sus familias decidieron romper el silencio después de observar que las denuncias internacionales obligaron al régimen a presentar pruebas de vida de otros presos.“Hay una persona que cumple dos años desaparecida la próxima semana y no se había hablado de ella. La familia decidió que sí, que ya era momento. Y hay otra que está desaparecida desde enero y hasta ahora la familia decidió hablar”, explicó Carrión.Según el abogado, el régimen creó mecanismos pseudo legales para justificar desapariciones prolongadas. “Cuando detienen y desaparecen a alguien, manejan el cuento de que tienen 90 días para investigarte. Y que en esos 90 días tienen facultades para que un familiar ni siquiera tenga derecho a preguntar”.PUBLICIDADEn febrero de 2021, la Asamblea Nacional controlada por Daniel Ortega amplió hasta a 90 días el plazo que el Código Penal daba a la Fiscalía y la Policía para presentar a un detenido ante una autoridad judicial. Hasta entonces, la ley obligaba a hacerlo en un máximo de 48 horas o, de lo contrario, ordenar su liberación.Carrión considera que con esta reforma el Estado terminó institucionalizando la desaparición forzada. “Legalizaron la desaparición desde el primer inicio. Bueno, ‘legalizaron’ entre comillas, ¿verdad? Porque no hay manera de legalizar el abuso de poder ni la violación de derechos humanos”.El abogado señala que incluso esa norma ya arbitraria no faculta a la Policía a mantener a alguien desparecido ni por 90 días, mucho menos por años como sucede en varios casos. “Investigar no significa que no se informe sobre el detenido”, dice.Al menos seis presos políticos se sabe que han muerto en manos del régimen de Ortega y Murillo: Eddy Montes, Hugo Torres, Humberto Ortega, Santos Flores, Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas.La reciente aparición de Brooklyn Rivera en condición agónica disparó el miedo entre las familias de desaparecidos. Existen antecedentes concretos. Al menos seis presos políticos han muerto bajo custodia estatal desde 2019.El primero fue Eddy Antonio Montes Praslin, abogado nicaragüense-estadounidense asesinado el 16 de mayo de 2019 en la cárcel La Modelo, en Tipitapa. Un custodio penitenciario le disparó durante un operativo represivo contra presos políticos. Tenía 57 años y era conocido como “El Pastor”. Su hija responsabilizó públicamente al régimen: “Culpo al Gobierno por la muerte de mi papá, culpo al presidente porque él controla todo lo que pasa en ese país”.Luego murió el abogado Santos Sebastián Flores Castillo, detenido desde 2013 después de denunciar abusos sexuales contra su hermana atribuidos a Daniel Ortega. Falleció en noviembre de 2021 dentro de La Modelo en circunstancias nunca esclarecidas. La CIDH llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.El 12 de febrero de 2022 murió Hugo Torres Jiménez, general de brigada en retiro y uno de los guerrilleros que participó en el operativo de 1974 que liberó a Daniel Ortega de las cárceles somocistas. Pasó meses desaparecido parcialmente dentro del sistema penitenciario y cuatro meses hospitalizado bajo custodia. Un familiar resumió el estado en que fue entregado: “A mí me entregaron un montoncito de huesos”.El 30 de septiembre de 2024 falleció Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente y exjefe del Ejército, después de permanecer más de tres meses bajo arresto domiciliario y aislamiento hospitalario. Daniel Ortega nunca se pronunció públicamente sobre la muerte de su hermano.Mauricio Alonso Petri murió el 25 de agosto de 2025, 38 días después de haber sido detenido junto a su familia en Jinotepe. El régimen entregó el cadáver en un ataúd sellado y ordenó un entierro exprés custodiado por policías. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró entonces estar “horrorizado por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega”.Pocos días después, el 29 de agosto de 2025, el régimen entregó muerto al abogado Carlos Cárdenas Zepeda, secuestrado quince días antes en Managua. La dictadura nunca informó la causa de su muerte.“Cuando uno mira todo esto —los desaparecidos, las pruebas de vida, los muertos— estamos hablando de un crimen de lesa humanidad”, afirmó Carrión. “Entonces, cuando los exhiben, como exhibieron a Brooklyn o a Angélica, lo que hacen es confirmar que han estado cometiendo desaparición forzada, tortura y toda la crueldad que eso implica”.Pruebas de vidaDesde 2023 el régimen ha recurrido al menos en una decena de veces a las llamadas pruebas de vida. Lo hizo con el obispo Rolando Álvarez después de presiones del papa Francisco y organismos internacionales. Lo volvió a hacer meses después mediante fotografías y videos. Repitió el patrón ahora con Brooklyn Rivera y Angélica Chavarría. En todos los casos, las exhibiciones ocurrieron después de fuertes campañas de denuncia pública.“Lo de ayer fue una obra de la infamia”, dijo Carrión sobre la aparición pública de Rivera. “Además de la confesión de un crimen de lesa humanidad, donde participan todos los que tienen conocimiento: quienes firman el comunicado, el Ministerio del Interior, Salud, quienes lo tienen privado de libertad".