La ingeniera Thelma Brenes entró en pánico cuando a su celular llegaron las fotos del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, postrado en una cama del Hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua, en un estado cadavérico y asistido por ventilación mecánica a través de una traqueotomía adherida con gasas y esparadrapo. De inmediato pensó en su padre, el coronel en retiro Carlos Brenes, un preso político desaparecido. “Mi papá es diabético, sufre hipertensión y neuropatía. Desde su detención no sabemos nada de él”, dice Brenes, alarmada. Su padre está en paradero desconocido desde el 14 de agosto de 2025. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo difundió el comunicado y las fotografías de Rivera tras 971 días de mantenerlo en paradero desconocido, desde su detención en septiembre de 2023. Los copresidentes lo hicieron bajo la presión de la familia del líder miskito y de la comunidad internacional, en especial de Estados Unidos, presentándolas como prueba de que estaba vivo. Sin embargo, el efecto fue el opuesto, particularmente entre los familiares de los presos políticos de quienes no se sabe ni dónde ni cómo están.“En abril hubo rumores de que mi papá murió o que sufrió complicaciones de salud… y no lo pudimos confirmar. Eso nos pone en angustia. Hablo también en nombre de Salvadora Martínez, pareja de mi papá. Tampoco sabemos nada de ella. Una semana después de que fue arrestada tenía programada una operación de su vesícula”, contó este jueves Thelma Brenes en una conferencia virtual motivada, a última hora, tras conocerse el delicado estado de salud de Rivera.La conferencia fue organizada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia (AMJ) y Amnistía Internacional. Participaron tres mujeres familiares de presos políticos desaparecidos, cuyos casos tienen documentados estos organismos en la actualidad. En un contexto de terror y silencio, ellas encontraron un espacio para expresar el miedo que las corroe: “Es de las peores situaciones que alguien puede vivir en su vida… no saber nada de tu ser querido. Solo saber que son personas mayores y que pueden morir en la cárcel. Hay precedentes de eso y no me lo estoy inventando. Hay suficientes pruebas y eso es un castigo y una tortura”, afirmó Thelma.Al 31 de marzo de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba 47 personas encerradas por razones políticas en Nicaragua, de las que al menos ocho están bajo desaparición forzada por ocultamiento de paradero. Los organismos advierten, no obstante, que existe un subregistro debido al terror de otras familias de denunciar.Dina Carolina Fagoth, hija de Steadman Fagoth —dirigente miskito también secuestrado en septiembre de 2024—, sostuvo que su papá fue “desaparecido” después de que denunció que “funcionarios del Gobierno podrían estar implicados en ventas ilícitas de tierras ancestrales”. “Que lo entreguen vivo y sano. No sabemos dónde está, cómo está en lo absoluto”, exigió.Eugenia Valle lleva semanas reclamando una prueba de vida de su esposo, el también coronel en retiro Víctor Boitano Coleman, quien además posee nacionalidad italiana. En la conferencia de prensa, describió el peso del silencio estatal: “La incertidumbre aumenta nuestro sufrimiento y temor por su integridad y su vida. La desaparición forzada no solo castiga a la persona detenida, sino también a toda su familia, que permanece en angustia permanente ante la falta de información”.Claudia Pineda, directora de la Asociación Memoria y Justicia, fue directa al señalar responsabilidades. “El deterioro extremo de la salud de Brooklyn Rivera es responsabilidad del Estado”, sentenció, advirtiendo que cuando estas prácticas se aplican de forma sistemática contra opositores y líderes comunitarios, “se configuran crímenes de lesa humanidad”.Thelma Brenes, al igual que las otras dos mujeres, se encuentra en el exilio. Es la única vía que tienen para poder reclamar por sus familiares sin ser encarceladas también. La ingeniera insistió en que no la satisface una prueba de vida como “las que fabrica” el régimen de Ortega y Murillo, sino que exige una verificación independiente del estado de su padre, de su madrastra y del resto de presos políticos bajo desaparición forzada.“No nos vamos a conformar con migajas del régimen y falsas pruebas de vida, como lo hicieron con Angélica Chavarría”, sostuvo la mujer, en referencia a la expareja del general en retiro Humberto Ortega Saavedra —hermano del copresidente—, quien murió bajo cautiverio estatal en septiembre de 2024. Chavarría fue arrestada en mayo de ese año, cuando Murillo ordenó un operativo contra su cuñado. Desde entonces la mantuvieron desaparecida, sin conocer los cargos que le imputaban. Fue hasta la semana pasada que la mostraron, peinada y maquillada, leyendo unas palabras en las que afirma que no ha sufrido vejámenes.“No creemos en nada de eso, como lo de Angélica. A ella la hicieron leer un texto redactado por la dictadura… o ahora esas fotos de Brooklyn en una cama de hospital y un comunicado fingiendo atención médica, cuando eso es prueba de crueldad”, sostuvo Brenes, insistiendo en la desconfianza absoluta hacia las puestas en escena oficiales.Desde 2019, al menos seis presos políticos han muerto en prisión, arresto domiciliario o bajo custodia del Estado. La exigencia de Brenes, como la del resto de las familias, es una sola: “¡Libertad total para todos los presos políticos!”. O, al menos, saber dónde y cómo están.