La difusión de fotografías del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, demacrado y en estado grave de salud, intubado en una cama de hospital, después de haber estado 971 días desaparecido como preso político de la dictadura en Nicaragua, era el augurio de un desenlace fatal, pero sus familiares jamás imaginaron que después de su muerte, tres días más tarde, continuaría la tortura. A las ocho y media de la noche del 30 de mayo, Rivera fue declarado muerto por el Ministerio de Salud, aunque el Gobierno solamente oficializó la noticia 24 horas después. Las autoridades atribuyeron su “deterioro físico y neurológico a una bacteria generada por el virus de la covid 19” sin admitir que estuvo prisionero del Estado durante dos años y ocho meses, en los que nunca le permitieron tener contacto con sus familiares, o ser visitado por los organismos internacionales de derechos humanos (GHREN-ONU, CIDH-OEA, Amnistía Internacional) que expresaron profunda preocupación por su desaparición y reclamaron su libertad. La versión oficial fue desmentida por su hija Tininiska Rivera, exiliada en Costa Rica, quien recordó que, aunque “él había tenido covid en 2020, eso se superó y tenía una vida normal. Unos días antes de su detención [en 2023] tuvimos una conversación muy larga sobre toda su situación y él estaba bien, caminaba bien, comía bien. No pueden alegar, después de tres años, que no sabemos en dónde lo tenían, en qué condiciones se encontraba. Lo que hicieron con mi padre fue asesinarlo durante tres años, no sabemos qué tipo de torturas habrá sufrido para llegar a ese estado y fallecer”.El cadáver de Brooklyn Rivera tampoco fue sometido a una autopsia independiente para determinar las causas de su deceso, y aun después de muerto siguió prisionero bajo el control de la dictadura. La telaraña de poder que maneja hasta en sus últimos detalles la “copresidenta” Rosario Murillo se negó a entregarlo a sus familiares para que pudiesen sepultarlo en la comunidad de Sandy Bay, en el Caribe Norte. Por el contrario, cuando intentaban hacer esas gestiones, seis de sus familiares fueron desaparecidos, y la “copresidencia” orquestó un entierro exprés en Managua, encabezado por el presidente del parlamento, Gustavo Porras, y el magistrado electoral y “comisario” del Frente Sandinista en el caribe, Lumberto Campbell, los mismos verdugos que despojaron a Rivera de su diputación en la Asamblea Nacional y a su partido político, Yatama, de su personería jurídica Así se cumplió aquel refrán del cinismo latinoamericano que dice “matan y van a la vela”, al que ahora Daniel Ortega y Rosario Murillo agregan con desparpajo “y también nos robamos al muerto y secuestramos a sus familiares”. Entre el miedo y el silencio, la muerte y el secuestro de Brooklyn Rivera han provocado una herida profunda en el Caribe nicaragüense. “Hay dolor, luto, hay tristeza, pero no se pueden expresar libremente”, dice el antropólogo y politólogo costeño Miguel González, profesor de la Universidad de York, “pero la dictadura no podrá borrar el legado del líder indígena más importante en el país después del triunfo de la revolución de 1979”. Brooklyn Rivera fue uno de los organizadores de Misurasata (Miskito Sumo Rama Sandinista AslaTakanka), que reivindicó los derechos de los pueblos indígenas durante la revolución. En 1981, fue encarcelado y reprimido, acusado de promover el “separatismo”, y tras lograr su libertad se sumó al movimiento armado en la Costa Caribe contra el gobierno sandinista. En 1985, negoció los primeros acuerdos de paz y desarme, hasta lograr la suscripción del Estatuto de Autonomía de las Regiones del Caribe, que se incorporó en la Constitución de 1987. Rivera fundó el partido político indígena Yatama (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka “Hijos de la Madre Tierra”), y desde la transición política de 1990 participó, desde el Estado, en los movimientos sociales o en procesos electorales, en los avances y retrocesos de este proceso. Durante tres décadas, Rivera fue, por lo tanto, un aliado y adversario incómodo del Frente Sandinista, siempre como interlocutor de los intereses de los pueblos indígenas, hasta que en 2023, en la deriva totalitaria de Ortega y Murillo, fue expulsado de la Asamblea Nacional y su partido político ilegalizado. En abril de 2023, Rivera denunció a la dictadura en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en Nueva York, y cuando intentó regresar a Nicaragua por vía aérea, le negaron el ingreso, imponiéndole un destierro de facto. Sin embargo, el líder indígena ingresó al país a través de la Mosquitia hondureña y fue detenido por la Policía en su casa de habitación en Bilwi, el 29 de septiembre de 2023. Desde entonces fue borrado de la historia oficial, hasta que en noviembre de 2024 el régimen reconoció su detención durante las sesiones del Examen Periódico Universal de la ONU, y lo acusó por “traición a la patria, conspiración y socavamiento de la integridad nacional”. Pero cuando el régimen se vio obligado a publicar las fotografías de Brooklyn Rivera, agonizando en el hospital, en el lenguaje orwelliano de Ortega y Murillo nunca se mencionó al preso político desaparecido “desestabilizador y traidor a la patria”, sino a una suerte de huésped del servicio de turismo de salud, cinco estrellas, llamado el “hermano Brooklyn”. Los psiquiatras y expertos en sociopatía criminal seguramente tienen diversas teorías para explicar el cinismo demencial de Ortega y Murillo en el manejo del crimen de Estado de Brooklyn Rivera, pero la realidad es que su muerte no representa un caso aislado, sino que responde a un patrón de aislamiento y tortura contra los presos políticos que se mantiene en la impunidad. Desde 2019, otros seis presos políticos han muerto bajo la custodia del régimen, entre ellos: Eddy Montes, asesinado de un disparo por un custodio en la Cárcel Modelo (2019); el exguerrillero sandinista y coronel en retiro Hugo Torres permaneció preso en la cárcel de El Chipote (2022); el exjefe del Ejército y general en retiro Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, fue detenido bajo el régimen de casa por cárcel, y murió bajo aislamiento en el hospital militar (2024); y los ciudadanos opositores Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas, que murieron con menos de dos meses en prisión (2025). Sus muertes nunca han sido investigadas y permanecen en la impunidad.El gobierno de Estados Unidos responsabiliza a la dictadura por la muerte de Brooklyn Rivera, ha señalado a Lumberto Campbell por impedirle atención médica y sancionado a 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares con la suspensión de visas; Canadá, la ONU, la OEA, la Unión Europea y 30 expresidentes iberoamericanos están demandando una investigación independiente del crimen de Estado contra Brooklyn Rivera y la rendición de cuentas de los co-dictadores de Nicaragua. Sin embargo, a diferencia de la crisis de la dictadura somocista en 1979, cuando México y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas, la OEA desconoció el régimen de Somoza y se formó una alianza internacional con la participación activa de Costa Rica, Panamá y Estados Unidos para aislar a la dictadura, estas medidas y advertencias no simbolizan una verdadera presión continental para provocar la suspensión del estado policial en Nicaragua. Otros nueve presos políticos se encuentran en una condición de desaparición forzada, y sus familiares preguntan “¿de quién serán las próximas fotos en un hospital en estado agonizante”, “¿en qué momento nos llamarán para decirnos que nuestro familiar ha fallecido?”. Todos demandan su liberación inmediata y la de otros 40 presos políticos, antes de que sea demasiado tarde.