El Tribunal de Cuentas urge al Gobierno a definir una estrategia nacional de lucha contra el blanqueo de capitales que incluya objetivos específicos e indicadores para medir su eficacia real. Aunque el país ha incorporado con éxito la normativa europea y sigue las recomendaciones internacionales, la institución fiscalizadora señala que existe una “dificultad real” para valorar el impacto de las medidas actuales al no disponer de datos que permitan determinar cuánto contribuye cada acción a los resultados globales, según un informe publicado este viernes. En paralelo, el organismo pide reforzar los recursos técnicos y humanos del Sepblac, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales que se sitúa en el centro de la vigilancia y que depende del Ministerio de Economía.El blanqueo de capitales consiste en ocultar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente e introducirlos en la economía legal, transformándolos en ganancias y bienes limpios para que sus titulares puedan utilizarlos. La magnitud del reto es considerable, ya que se estima que el valor de las transacciones sospechosas en España ronda, de media, los 20.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 1,3% del producto interior bruto (PIB). Solo en el año 2024, el importe total de las comunicaciones por indicio recibidas por las autoridades ascendió hasta los 46.894 millones de euros, tal y como explica el Tribunal de Cuentas en el informe.El documento concluye que España ha incorporado la normativa europea a la legislación nacional y ha seguido las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No obstante, la valoración global señala que “no se ha definido una estrategia de ámbito nacional de la política de prevención del blanqueo” que incluya objetivos específicos e indicadores para valorar la eficacia de las medidas adoptadas y la contribución de los distintos operadores del sistema. Asimismo, el organismo fiscalizador advierte de que “existe una dificultad real en la valoración del impacto del esquema preventivo” porque “no se dispone de datos reales para su valoración ni es posible determinar la contribución concreta a los resultados de cada medida”. De ahí la recomendación de desarrollar un sistema propio de medición de resultados.En el centro del engranaje de vigilancia del país se encuentra el Sepblac, un órgano atípico que actúa como el “cerebro” y el principal actor del sistema. Su papel es único entre los países del entorno porque unifica dos funciones que suelen estar separadas en otras jurisdicciones. Por un lado, actúa como una autoridad de supervisión encargada de vigilar que las entidades cumplan con la ley. Por otro, es una unidad de inteligencia financiera, responsable de recibir y analizar las alertas de operaciones sospechosas para elevarlas cuando es necesario. Para llevar a cabo esta labor, el Sepblac cuenta con personal especializado del Banco de España y unidades adscritas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Sin embargo, el informe advierte que este organismo se está quedando atrás, porque mientras que las comunicaciones de operaciones sospechosas aumentaron un 92% entre 2020 y 2024, el personal dedicado a la inteligencia financiera solo creció un 8% en el mismo periodo.El sistema español también se apoya en la colaboración obligatoria de más de 27.000 sujetos privados. Van desde grandes entidades financieras hasta joyerías, inmobiliarias, abogados, notarios y, más recientemente, proveedores de servicios de criptomonedas. Todos ellos tienen el deber de vigilar a sus clientes, realizar exámenes especiales de operaciones dudosas y abstenerse de participar en cualquier transacción si existe indicio de blanqueo, tal y como explica el informe. En apenas tres años, desde su inclusión como sujetos obligados, el sector de los criptoactivos se ha convertido en el tercer mayor comunicante de alertas al sistema. No obstante, añade el organismo, existe una gran concentración en la vigilancia, ya que apenas siete categorías financieras remiten el 97% de todas las comunicaciones, lo que deja en evidencia, opina el Tribunal de Cuentas, la necesidad de que sectores no financieros, como el inmobiliario o la abogacía, aumenten su participación y aplicación del enfoque de riesgo.Ante este escenario, el organismo fiscalizador recomienda al Gobierno que establezca mecanismos para rendir cuentas ante las Cortes Generales sobre los resultados alcanzados en esta materia. Asimismo, insta al Sepblac a profundizar en la vigilancia de todas las categorías de profesionales obligados a informar, asegurando que el sistema preventivo sea realmente eficaz en todos los sectores y no se vea limitado por la falta de medios tecnológicos o humanos. El objetivo, insiste, es que España pase de un cumplimiento formal de las leyes a un sistema capaz de demostrar con datos su capacidad para detectar y bloquear el dinero de origen ilegal.