El pasado lunes 25 se votaba en el Congreso de los Diputados la propuesta de ley para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables entre la población infantil. La proposición se había presentado en el Congreso el 24 de abril promovida por el grupo parlamentario Sumar y el ministro Pablo Bustinduy, que se ha mostrado muy preocupado por la alimentación infantil y por hacer mejoras sobre la alimentación y salud pública. Pero la propuesta no salió adelante. La pregunta es inevitable: ¿qué puede justificar el rechazo a una medida centrada en la salud infantil? Esta ley ya opera en media Europa, con buenos resultados en los países donde se está aplicando, como Portugal, Francia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, entre otros. La propuesta contempla varios puntos que mejorarían la salud de los niños y niñas y merece la pena destacar. El primero es que restringe la publicidad de alimentos y bebidas no saludables para niñas, niños y adolescentes. Es algo relevante, ya que no hay que perder de vista que, en España, cada menor puede recibir hasta 30 anuncios diarios de alimentos insanos o ultraprocesados, según un barómetro recogido por la AESAN y el Ministerio de Consumo. La propuesta incluye también prohibir la venta y promoción de bebidas con alto contenido en cafeína a menores. El consumo de bebidas energéticas en España es preocupante entre niños y adolescentes, según los datos oficiales ofrecidos por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Entre los 10 y los 18 años, un 68% de los menores consume bebidas energéticas y, de estos, un 12 % presenta un consumo alto, de más de 4 a 5 bebidas a la semana, y otro 12% un consumo alto, concentrado en una sola toma. Además, el 53 % de los adolescentes consumidores las mezcla con alcohol. La AESAN ya había presentado con anterioridad los resultados del Informe sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas. Este estudio revela que una persona que consuma más de 1,4 miligramos de cafeína por kilo al día puede sufrir insomnio y reducción de la duración del sueño. Si esta ingesta se eleva a 3 miligramos, puede implicar riesgos cardiovasculares, hematológicos, neurológicos y psico-comportamentales. Actualmente, cada bebida energética contiene 32 mililitros de cafeína por 100 mililitros, y los envases son de 300 a 500 mililitros, por lo que el riesgo es elevado. Además, la nueva propuesta de ley incluye introducir un sello con advertencias nutricionales claras en la publicidad de estos productos altos en azúcar, grasas o sal. En países como Chile se usan los hexágonos negros para indicar si es alto en sal o en azúcar, y es una forma sencilla de identificar la calidad nutricional de los alimentos. En España el etiquetado es legal y está regulado por la Unión Europea, pero bajo mi punto de vista, es poco ético. Se permiten letras muy pequeñas, nomenclaturas no muy claras expresadas en formulaciones químicas, triquiñuelas que a la industria le van de perlas. Esto complica al consumidor al elegir los alimentos de buena calidad nutricional si no tiene unos conocimientos previos de cómo leer el etiquetado nutricional. Lo más parecido al sistema de sellos es el NutriScore, ese famoso semáforo que va con letras desde la A a la E, y del verde al rojo, indicando de mejor a peor calidad nutricional. El NutriScore calcula una nota según azúcares, calorías, grasas saturadas y sal, y valora positivamente la fibra, el contenido en proteína y el porcentaje de frutas/verduras. No tiene en cuenta el nivel de procesamiento de los alimentos, por lo que no hace distinciones sobre ultraprocesados. Permite mejorar fácilmente los productos de la industria. Tan solo con añadir de forma aislada más fibra, más proteína o bajando un poco la cantidad de azúcar, hacen un lavado del producto que sigue teniendo bajo valor nutricional. El consumidor lo percibe como saludable al llevar un sello de NutriScore y se vende más, aunque el producto no sea de buena calidad. Otro punto de la ley es evitar que los personajes, mascotas y diseños atractivos se usen en envases y embalajes de productos considerados no nutritivos según la OMS. Este tipo de reclamos solo podrían aparecer en alimentos saludables. El hecho de que los envases de los alimentos destinados a niños lleven la imagen de sus dibujos favoritos, de muñecos, juguetes o premios, son un reclamo maravilloso para que los elijan. Solo hay que darse un paseo por el supermercado y ver cómo los alimentos infantiles están llenos de personajes y, además, situados en los estantes que les quedan a la altura de la vista, para que no les pasen desapercibidos. Un último punto relevante de la ley es limitar la publicidad en un radio de 150 metros de colegios, parques e instalaciones deportivas. Independientemente del color político de cada uno, la propuesta supone objetivamente, como hemos visto, una medida de protección para la salud y la alimentación de los menores. Aun así, el Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y Coalición Canaria han votado en contra de la propuesta de ley. La propuesta estaba pensada para las niñas y los niños, pero en este caso quienes parecen comportarse como tales son quienes utilizan su poder para bloquearla. Es desalentador comprobar cómo, en lugar de proteger el interés común, se opta por la confrontación política incluso cuando lo que está en juego es la infancia.Nuestros políticos se llenan la boca hablando de obesidad y de malnutrición infantil, pero cuando llega el momento de aprobar medidas que realmente protejan la salud de los niños y niñas, ¿por qué votan en contra? Aquí aparece otra vez la lógica del individualismo: “Si esos productos son tan malos, que las familias decidan no comprarlos”. Pero la realidad no funciona así. La mayoría de nosotros tampoco teníamos conciencia nutricional cuando éramos pequeños, y los niños no deberían cargar con la responsabilidad de protegerse solos frente a una industria diseñada precisamente para captar su atención.Lo preocupante es que acabamos desprotegiendo a la infancia mientras trasladamos toda la responsabilidad a las familias, como si la salud fuese únicamente una cuestión individual. Y no lo es. La salud también es política y debería protegerse desde las instituciones.Porque, si no se regula, ocurre lo de siempre: las familias con más recursos económicos y más acceso a información podrán optar con mayor facilidad a alimentos de mejor calidad, mientras que las familias con menos recursos quedan mucho más expuestas a productos ultraprocesados baratos, accesibles y constantemente publicitados. Y eso no es libertad de elección: es desigualdad.