Parafraseo al empresario Josep Ll. Rovira, ante el ministro Puente: ¿se imaginan una empresa cotizada, con miles de empleados e intereses por todo el mundo, contando entre sus directivos a camorristas, influencers e intrigantes? Por muy positivos que fueran sus resultados y el reparto de beneficios a los accionistas, perfiles así durarían dos telediarios. Es una simple cuestión reputacional. Puro compliance. FERNANDO VILLAR / EFEResulta curioso que, al contrario que en las grandes empresas –y pese a su enorme relevancia social–, los partidos sí permitan que entre sus militantes prosperen perfiles cuyo principal mérito consiste en la fidelidad incondicional al jefe, la resistencia numantina en el cargo y la promoción constante del sectarismo, la polarización y la bronca. A menudo, incluso a costa del deterioro de las propias instituciones que representan.Y es especialmente preocupante porque los partidos no son asociaciones privadas cualquiera. Como recuerda el artículo 6 de la Constitución, son instrumentos fundamentales para la participación política, llamados a expresar el pluralismo y canalizar la voluntad popular. Sin embargo, basta asistir a una sesión de control en el Congreso –o en el Senado– o, peor todavía, observar el comportamiento de muchos políticos en redes sociales, para comprobar hasta qué punto cualquier parecido con esos propósitos fundacionales es pura coincidencia.La tradición bullanguera de la política española es bien conocida. Y el espíritu fratricida, si no atávico, sí al menos heredado desde los tiempos de Fernando VII. Lo grave es que, tras el populismo fallido surgido del 15-M y el auge reciente de la extrema derecha –en Catalunya, incluso por partida doble–, muchos partidos convencionales han acabado asumiendo el marco mental y las formas de aquello que decían combatir. Incapaces de frenar a los demagogos desde la templanza y la razón, algunos líderes han optado por sumarse al gran espectáculo de las emociones, embarrándose en una dinámica fatua y agresiva que acaba por hacerlos indistinguibles de aquellos con quienes querían confrontar.Cuando la política acepta las reglas del entretenimiento como norma, erosiona su propia autoridadHace poco, por ejemplo, Gabriel Rufián justificaba su tono bronco en el Congreso y en las redes “porque al fascismo hay que combatirlo con sus propias armas”. Días antes había señalado desde la tribuna, y por su nombre, a diputados de Junts, PP y Vox propietarios de viviendas, exhibiendo además un billete de cincuenta euros como supuesta “bandera común” de todos ellos. En su lógica de superioridad moral, todo vale con tal de impedir “que ganen los fachas”.El comportamiento de Rufián resume uno de los grandes dilemas de la política contemporánea: cómo canalizar emociones colectivas sin destruir las condiciones mínimas de la deliberación democrática. Tras verlo a él –o a Colau, Abascal o Orriols– en un plató, un reel o TikTok, quizá salgamos excitados, indignados o reafirmados, pero difícilmente estaremos más lúcidos. En sus manos, la política deja de ser un espacio de persuasión racional para convertirse en una industria de la confrontación, la movilización y el entretenimiento.Pero ¿es realmente esa la función del político? ¿Hacernos reír o azuzar el miedo? ¿De verdad el insulto o el escarnio son aceptables simplemente porque se hacen en nombre de una causa supuestamente justa?Es pronto para medir los efectos de las redes sociales sobre la democracia. Tan cierto es que humanizan y otorgan gran visibilidad a los políticos como que banalizan su función, reduciendo muchas veces su papel al de simples agitadores. ¿O a ustedes no les cuesta también normalizar que aparezcan, sin transición alguna, chicas en topless, vídeos de gatos ocurrentes y Pedro Sánchez en bicicleta por la sierra de Guadarrama? Tetas, gatos y gobernantes: el mismo espacio, los mismos segundos de atención e idéntica superficialidad.Y quizá ahí resida el verdadero problema: cuando la política acepta las reglas del entretenimiento como norma, termina erosionando su propia autoridad. Por eso ha llegado la hora de exigir de verdad a los partidos algo parecido a lo que ya existe en cualquier gran empresa: estándares internos de conducta, mecanismos de ejemplaridad y consecuencias punitivas reales para quienes degradan deliberadamente el debate público. La democracia necesita compliance.