En euskera, Hirurok significa 'nosotros tres'. Es el nombre del grupo de Whatsapp en el que se comunicaban la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso. El juez les investiga por su trama organizada, con la que, presuntamente, los tres se habrían dedicado a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros".Es una de las cinco operaciones bajo sospecha de las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado cuenta al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña y que motivaron las órdenes de detención de estos tres investigados por malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Posteriormente, aquellas quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.En esas cinco operaciones investigadas, los componentes de Hirurok habrían obtenido "decisiones favorables a sus intereses" de diversas Administraciones públicas y a través de diferentes cargos públicos. En concreto, en empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).Presuntamente, Díez, Fernández y Alonso se aprovechaban de su "posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública" para obtener "el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones". Según Europa Press, en las cinco operativas analizas las mordidas para los tres sumarían al menos 750.614 euros.En principio, el caso más relevante es el rescate a la empresa Tubos Reunidos, en el que los de Hirurok habrían facilitado la concesión de fondos públicos y recibido una comisión a través de Mediaciones Martínez. Se investiga también la adjudicación de un contrato a Servinabar por parte de Mercasa para un informe técnico sobre un cambio de sede al parecer innecesario. En el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), una unión de empresas resultó beneficiada con un contrato, lo que permitió a los implicados cobrar en torno a 400.000 euros.Sostiene la Guardia Civil que el grupo Hirurok se embolsó sobrecostes del 50% de dos contratos de la empresa pública Enusa adjudicados a Acciona, empresa investigada en el caso Koldo. En este caso, cuenta EFE, los tres "habrían ideado un plan para viabilizar esta operación" y favorecer que Acciona se hiciese con dos explotaciones de Enusa: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. Una mediación por la que obtuvieron pagos por un total de 17.545 euros que fueron canalizados a través de un despacho de abogados.En lo que respecta a la mediación para que Acciona se hiciese con esas dos explotaciones, el grupo contactó con varios directivos de Enusa. Esta empresa dependiente de la SEPI es en la que Leire Díez tuvo un puesto como responsable de comunicación coincidiendo con Vicente Fernández al frente de la sociedad de participaciones.Qué hicieron con el dineroEl juzgado sostiene que la mayor parte de los fondos obtenidos por los tres de Hirurok fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca). Se presume que fueron "inversiones comunes y, por lo tanto, ligados a los tres investigados", si bien otra parte de los fondos fue "a los propios miembros del grupo de forma individual". A ello añade que el volumen y forma de ingreso variaron según la persona, asegurando que el expresidente de la SEPI se habría hecho con "al menos 49.350 euros, a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo".Rescate por la SEPITambién obtuvieron beneficios de la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos por un valor de 112,8 millones de euros. La UCO calcula que Hirurok consiguió por ello un total de 114.950 euros.Contrato de EnusaLA UCO considera que los tres del grupo tuvieron la capacidad de decidir sobre la contratación por parte de Enusa del despacho de abogados SDP Carrillo Y Montes. Se habrían introducido una serie de sobrecostes del 50% del importe del contrato. En aparente correlación, se habrían materializado una serie de pagos por parte del referido despacho a Mediaciones Martínez por un importe total de 17.545 euros.Contrato de SepidesAquí se trata de una "ayuda" por parte de la empresa pública Sepides a la sociedad Arapellet de 17,32 millones de euros. A cambio de un pago de 200.000 euros, los de Hirurok habrían contactado con cargos de Sepides para que se aprobara dicha inversión en Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia.Contrato del PEPA asturianoFue un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones Y Excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente, por un importe de 2,8 millones de euros. Presuntamente, los investigados habrían intervenido en el proceso de adjudicación a cambio de 400.000 euros.Contrato de MercasaTambién se investiga al grupo por la adjudicación de un contrato de 18.119 euros por parte de Mercasa en favor de Servinabar, de la que se considera que Santos Cerdán era copropietario junto a Antxon Alonso. Justificaron de forma "mendaz" la necesidad de cambiar la sede de Mercasa. Con ese fin se contrató a Servinabar para que emitiera "un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa, cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede".