Dos investigaciones acaban de cruzarse y muchos personajes se repiten en ellas. De un lado, el juez Arturo Zamarriego (del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid) investigaba desde el verano de 2025 a la exmilitante socialista Leire Díez y al empresario Javier Pérez-Dolset como autores de un “plan delictivo” para “desacreditar” a las cúpulas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de ”anular” y “malbaratar” investigaciones que afectaran a políticos. Del otro, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dirigía en secreto otro caso que a finales de año, relacionado con el amaño de contratación pública y el cobro ilegal de comisiones, se había saldado con la detención de Leire Díez y el exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero. Ahora el juez Pedraz acaba de escalar el asunto imputando también allí a Pérez-Dolset, a Cerdán, al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana Fuentes. Además, se investiga al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo; a quien fuera el abogado del asesor ministerial Koldo García, Ismael Oliver; y a un guardia civil imputado en un asunto de hidrocaburos, Juan Sánchez Yepes. Lo previsible, según avanzan distintas fuentes de la investigación, es que el juez Pedraz termine pidiendo al magistrado Arturo Zamarriego su causa para que todos los hechos se investiguen en un mismo juzgado. En este caso, en la Audiencia Nacional. El objeto bajo análisis es el mismo: saber si existió una trama formada por políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios que se confabularon para echar por tierra los asuntos de corrupción que estaban judicializándose desde 2023, como el caso Begoña Gómez, el caso Koldo o las diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez. Ya en la investigación que dirigía Zamarriego existían indicios aportados por fiscales que se vieron con Leire Díez o con Pérez Dolset. Por ejemplo, un audio que grabó el que fuera fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, en el que se oía a la exmilitante decir: “Soy la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de esto”. En esa grabación se escuchaba a Díez presentarse como la “mano derecha” de Santos Cerdán y preguntaba a Stampa por asuntos delicados sobre el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. En otra grabación en la que aparecían reunidos Díez, Pérez Dolset y también el abogado Jacobo Teijelo, ella pedía a un investigado de hidrocarburos material para desacreditar al jefe de la UCO: “Quiero a Balas”, dijo, en referencia al teniente coronel Antonio Balas. En cualquier caso, según fuentes judiciales, los indicios que acumula el juez Pedraz son mucho mayores y, por ello, la causa ha escalado con todas estas imputaciones. El secreto puede levantarse en los próximos días y se profundizará en el papel de cada uno de los investigados.Leire Díez La exmilitante del PSOE solicitó su baja voluntaria del partido el 3 de junio de 2025, precisamente, después de que se filtrara el primero de los audios que se hizo público, en el que ella decía: “Necesito a Balas, así de claro”. A cambio, al empresario de hidrocarburos que era su interlocutor (Alejandro Hamlyn) le ofreció pactos con la Fiscalía para rebajar una posible petición de penas en su causa. Entonces, Díez fue acusada de realizar trabajos de ‘fontanería’ para el partido que estaba inmerso en los primeros casos de corrupción investigados, precisamente, por la unidad de la UCO que dirige Balas. Ella dio una rueda de prensa posterior y explicó que la realidad era que estaba trabajando como periodista e indagando en temas de hidrocarburos para escribir un libro. “Ni fontanera ni cobarde”, dijo. Posteriormente, el 31 de julio de 2025, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió una investigación contra ella por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Una avalancha de acusaciones populares se personaron en el asunto como asociaciones de guardias civiles o como el juez jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que aseguraba que también contra él habían intentado actuar. Durante estos meses, Zamarriego ha estado tomando declaración a testigos sobre este asunto. Además, la UCO la detuvo el pasado 10 de diciembre mientras conducía por el Paseo de la Castellana (Madrid). Entonces se conoció que estaba siendo investigada también en este procedimiento de la Audiencia Nacional que dirige Santiago Pedraz. Por cinco operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con la SEPI que sumaban un total de 132,9 millones de euros. Ella cobró presuntamente comisiones ilegales a través de una empresa llamada Mediaciones Martínez S.L.Santos Cerdán El exsecretario de Organización del PSOE también se vio obligado a dimitir y dejar su escaño cuando la UCO en junio de 2025 lo implicó en el llamado caso Koldo. Unas grabaciones realizadas por el asesor ministerial de Transportes Koldo García lo implicaban en el presunto amaño de contratos de obra pública y el cobro de mordidas. El Tribunal Supremo ordenó su ingreso en prisión provisional durante casi cinco meses. En el caso, del amaño de obra pública, también está investigado su amigo Joseba Antxon Alonso y una empresa llamada Servinabar de la que, según descubrió la UCO, Cerdán pudo tener una participación a través de la que cobraba un porcentaje por los contratos adjudicados de Transportes. Él siempre se ha desvinculado de su relación con Leire Díez y ha asegurado que nunca le dio órdenes para que desmantelara ninguna causa. Ambos han mantenido la misma versión ante el juez Zamarriego, si bien Cerdán reconoció que a su salida de prisión había hablado por teléfono con la exmilitante. Ahora, fuentes jurídicas señalan que esta investigación demuestra que ambos sí estaban conectados. Ana FuentesAna Fuentes es la gerente del PSOE y, por tanto, la figura que controla la estructura económica del partido. Bajo su mando está cada movimiento contable de la formación. El magistrado considera que existen indicios de su “responsabilidad”, “al menos como cómplice” en la comisión de los delitos, y “como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces”. Según transmiten fuentes de la investigación, se analiza si se crearon facturas falsas para pagar a algunos de los implicados mencionados con otros conceptos y que estos pusieran en marcha las operaciones para torpedear asuntos judiciales. Javier Pérez DolsetEmpresario ligado al sector tecnológico y de los videojuegos al que Pedraz imputa un catálogo de delitos. Fue presidente de la tecnológica española Zed Worldwide, cuya quiebra llegó a la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de detraer cerca de 40 millones de la mercantil en un supuesto caso de fraude de subvenciones. Esta causa la llevaba el fiscal José Grinda, una de las personas sobre las que Díez y el propio Pérez Dolset pidieron información en sus contactos para, supuestamente, obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles implicados en investigaciones que afectaran al entorno del PSOE o del Gobierno. Su nombre apareció vinculado desde el primer momento al caso Leire Díez por uno de esos encuentros con el empresario Alejandro Hamlyn. Él también declaró ante el juez Zamarriego como investigado y explicó que existieron dos reuniones en Ferraz (sede del PSOE) cuando el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se retiró unos días tras la imputación de su mujer. Dijo que la impulsora de la cita había sido la periodista fallecida Patricia López porque ambos llevaban años investigando asuntos sobre el comisario Villarejo y creían que sus audios y conclusiones podían interesar al Partido Socialista. Y añadió que también dieron información relevante a más partidos políticos. Gaspar Zarrías El que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía y exsenador socialista Gaspar Zarrías está ahora imputado en la Audiencia Nacional, pero también declaró como testigo en el caso de Leire Díez del juzgado de Madrid. Él tuvo a sueldo a la exmilitante del PSOE a través de una de sus sociedades durante cuatro meses en 2024. Le pagó 16.000 euros para que, según su versión, ella investigara si el comisario José Manuel Villarejo pudo estar detrás del inicio de la investigación sobre los ERE, en el que él estuvo implicado. Zarrías aseguró que la contratación estaba prevista para seis meses y que ella finalmente le entregó un dosier con información, pero que “desgraciadamente” no llegó a la conclusión de que Villarejo estaba implicado en un germen ilegal del asunto de los ERE. Las acusaciones populares del caso contra Leire Díez creen que, en realidad, el socialista la tenía a sueldo para camuflar la contratación real del PSOE. Ismael OliverEs un abogado penalista al que Pedraz implica en esta trama. En los últimos tiempos ha estado en el foco público por haber ostentado la defensa de Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos. Recogió el testigo de Javier Pimentel y, rápidamente, tras conocerse el informe que afectaba a Santos Cerdán sobre presuntos amaños de obra pública, le pasó el testigo del caso a Leticia de la Hoz, que sigue representando al que fuera mano derecha del ministro de Transportes. También cuenta entre sus clientes al exjefe de Inteligencia de Venezuela Hugo Armando Carvajal, más conocido como El Pollo Carvajal, que intentó frenar su extradición a Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas al mismo tiempo que testificaba ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre los supuestos vínculos de Podemos con el chavismo. Representó igualmente al exviceministro venezolano Nervis Villalobos, que estuvo investigado en el llamado caso PDVSA de a Audiencia Nacional. La juez María Tardón acabó archivando la causa que inició contra Villalobos al sospechar que blanqueó fondos de la petrolera venezolana mediante la compra de un chalet de lujo en Madrid. Oliver ejerció igualmente de abogado de la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, en su petición de asilo en España, así como a otras figuras venezolanas, por ejemplo, el opositor Ernesto Quintero, quien finalmente fue extraditado desde España a la nación caribeña por un delito de estafa. Jacobo TeijeloImputado por delitos de cohecho, revelación de secretos y contra las instituciones del Estado, se trata de un abogado penalista de larga trayectoria que se vinculó con el ‘caso Leire Díez’ desde el principio. Su despacho fue el escenario de la famosa reunión con el empresario de hidrocarburos en la que el también empresario Javier Pérez Dolset y la exmilitante socialista. “Cuéntanos algo de Balas”, pedía también Teijelo en ese encuentro. Hablaban así del teniente coronel Antonio Balas, en ese momento al frente de las pesquisas de la Guardia Civil sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado o el caso Koldo. “Necesito a Balas”, apostillaba Díez. Y Pérez Dolset añadía a “tres o cuatro personas máximo”, mencionando al fiscal anticorrupción José Grinda. Además, le aclaraba: “¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia: Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía”. Hamlyn se mostró dispuesto a hablar, pero, a cambio, pidió un “un papel firmado”. Teijelo es además uno de los dos abogados defensores de Cerdán en el denominado caso Koldo, donde el exsecretario de Organización del PSOE fue imputado por el Tribunal Supremo como supuesto cabecilla de una trama de cobro de sobornos a cambio de adjudicación de obra pública. Junto al también abogado y exdiputado de la CUP Benet Salellas, ha guiado la estrategia de defensa, asentada en dos pilares fundamentales: la supuesta manipulación de los audios y conversaciones en los que se cimenta esta línea de investigación y el lawfare. El juez Zamarriego ya le había llamado a declarar como testigo, pero la declaración fue suspendida porque Vox había pedido su imputación. Desde entonces, el magistrado no había tomado una decisión. Ahora, Pedraz lo ha imputado. Un guardia civilJuan Sánchez Yepes es un guardia civil que formó parte del grupo antiblanqueo de la UCO y al que Pedraz achaca los mismos delitos que a Teijelo. También le investiga en otra causa, la del presunto fraude en el sector de los hidrocarburos protagonizado por Gaslow, la empresa que fue pieza fundamental de un entramado encabezado por Claudio Rivas, uno de los socios del presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama.