La defensora de derechos humanos Marina Gallego (Medellín, Colombia, 65 años) repasa con qué agencias de cooperación internacional aún cuenta para financiar la Ruta Pacífica de las Mujeres, una red de 300 organizaciones feministas que trabajan por la reparación de las víctimas del conflicto armado. USAID, la agencia estadounidense, cerró. El proyecto con Países Bajos terminó, como estaba estipulado en el cronograma, y ahora esperan saber si habrá otro. “Suecia se está reorganizando”, dice la fundadora y coordinadora de la Ruta. España, Alemania y Canadá, de momento, mantienen su apoyo. Algo queda también de Noruega y de otros convenios con el Estado colombiano. “Este año, y quizá el que viene, podemos sobrellevarlo. Pero tenemos que ver qué sucederá en el futuro, porque si se van otras agencias de cooperación, nos veremos gravemente afectadas”, reconoce la abogada en una entrevista con EL PAÍS, en Madrid, en donde se reunió con grupos parlamentarios, después de haber participado en Valencia en unas jornadas internacionales de la ONGD Atelier. Los recortes alcanzaron a los colectivos de mujeres de Colombia en un momento crítico en su lucha por la paz. Este septiembre se cumplirán 10 años de la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC y apenas se ha completado el 13% de los compromisos relacionados con el componente de género, según datos recientes del Instituto Kroc. Además, la violencia se recrudeció y el país volvió a formar parte de la lista de los 10 Estados más impactados por el terrorismo tras estar 12 años fuera de ella. El país elegirá a su próximo presidente el 31 de mayo y Gustavo Petro (Pacto Histórico), que termina su mandato, no ha conseguido cerrar ningún acuerdo relevante de los diálogos que inició en simultáneo con múltiples actores armados. “Se ha hecho cada vez más complejo cerrar un acuerdo de paz con el ELN [la guerrilla activa más antigua de América Latina] y las disidencias. Eso afecta nuestro acompañamiento a las organizaciones”, describe Gallego. Si las pequeñas organizaciones tienen menos financiación, el escenario se complica aún más.A principios de 2025, Estados Unidos asestó el primer golpe con el cierre de USAID. Colombia era el principal receptor de América Latina. Cada año, ONG, empresas y agencias del Estado recibían hasta 400 millones de dólares (344 millones de euros) para asistencia humanitaria, migración o políticas frente a la crisis climática, entre otras. La Ruta tenía dos proyectos con USAID relacionados con protección a mujeres y atención psicosocial. Al del Bajo Cauca, una de las zonas donde los grupos armados se disputan el control territorial, le quedaban cinco años. “Nos afectó, claro. Por fortuna, no era algo estructural”, aclara Gallego. Pero reconoce que otras organizaciones asociadas a la Ruta dependían en mayor medida de USAID en programas de justicia, protección de mujeres, prevención de reclutamiento forzado y proyectos productivos. Este año, y quizá el que viene, podemos sobrellevarlo. Pero tenemos que ver qué sucederá en el futuroLas instituciones estatales implicadas en la implementación del acuerdo y la atención a víctimas, como la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, también sufrieron recortes, añade Gallego. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional creado en el acuerdo de paz, recibía unos 3,5 millones de dólares al año (unos tres millones de euros) de USAID. “La JEP tenía territorios priorizados en Cauca, Bajo Cauca y Catatumbo”, señala.“La UE también ha disminuido sustancialmente los recursos para Colombia y está manejando una visión de trabajo con las empresas. Aunque está bien que en los proyectos nos planteen trabajar juntos, creo que tenemos naturalezas muy distintas”, añade.Pese a este contexto, Gallego es optimista sobre la supervivencia del movimiento feminista que fundó en 1996. La Ruta está presente en 126 municipios y se articula a través de nueve coordinaciones regionales. Esta estructura —en la que las representantes ya viven y operan en los territorios, y no se desplazan desde la capital— ha permitido sostener el trabajo y mantener el acompañamiento a las comunidades, según la activista.Gallego sostiene, además, que “el impacto [de los recortes a la cooperación] se redujo un poco con la inversión que hizo este Gobierno en políticas agrarias y proyectos en territorios”. “Hubo recursos importantes para las comunidades y un enfoque territorial en el presupuesto nacional. Creo que es el ideal, que en Colombia el dinero llegue realmente a la gente y que el Estado vea cómo financiar a las organizaciones sociales”, defiende. Pero teme que el modelo cambie el próximo 31 de mayo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. De momento, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, lidera las encuestas. Pero compite estrechamente con dos críticos acérrimos del proceso de paz de 2016 y de la actual orientación progresista: el ultraderechista Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, el principal partido de la oposición. Gallego considera que, si el próximo Ejecutivo no mantiene estas políticas, “habrá mucha movilización”. “La oposición cree que Petro fue una anomalía, pero no lo fue. Era un cambio que el país necesitaba. En Colombia la desigualdad es una cuestión que hay que tratar en cuidados intensivos”, sostiene. 30 años de La RutaEl próximo septiembre, la Ruta cumplirá 30 años. En estas tres décadas, destaca su fundadora, han logrado que las víctimas del conflicto desarrollen “su propia agencia” y dejen de ser receptoras pasivas de ayuda estatal. “Desde 2002 empezaron a organizarse, han consolidado sus asociaciones, han logrado políticas y sentencias de la Corte Constitucional y han incidido en la Ley de Víctimas [de 2011] y en el acuerdo de paz”, enumera. “La Comisión de la Verdad [creada después del acuerdo con las FARC] es también un logro y tuvo un capítulo específico sobre lo que les pasó a las mujeres y abordó las desigualdades estructurales que sufren”, añade. Creen que Petro fue una anomalía, pero no lo fue. Eran cambios que el país necesitaba. Pero mucho antes de que el Estado iniciara esa Comisión, la Ruta ya había creado su propia Comisión de Verdad y Memoria de las Mujeres. En 2013 publicaron dos tomos sobre el impacto de la guerra en las mujeres colombianas. Desde entonces, continúan elaborando informes que evalúan los avances del enfoque de género del acuerdo de 2016.Para Gallego, aún hay mucho por hacer por la paz en Colombia. “Hay que seguir trabajando en soluciones duraderas que cobijen a todos y que tengan especificidad territorial, continuar con las indemnizaciones a las víctimas y seguir trabajando en la memoria. Se puede hacer mucho, pero se requiere voluntad política y un enfoque de derechos”, sostiene. ― ¿Habrá alguna celebración por los 30 años?― Estamos vinculadas a Mujeres de Negro [una red internacional pacifista nacida en Israel para protestar contra la ocupación en Palestina]. Es posible que hagamos un encuentro online con ellas y quizá algo muy pequeño entre nosotras, como para no dejarlo pasar. Hoy los recursos económicos no dan.