Hoy en día hay más de tres millones de extranjeros trabajando en España, 250.000 más que en abril del año pasado, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Dada la situación social actual de nuestro país, donde cada vez hay menos nacimientos y más defunciones, las cotizaciones de los migrantes suponen un importante ingreso para las arcas públicas.En este contexto, la ministra Elma Saiz ha presentado un informe de la Oficinal Nacional de Prospectiva y Estrategia que afirma que una menor llegada de personas en edad de trabajar supondría que cada contribuyente tendría que aportar alrededor de 2.000 euros anuales adicionales para pagar las pensiones en 2075.
El tramo más delicado se concentra entre 2050 y 2060, cuando se prevé que la jubilación de la generación baby boom dispare la demanda de prestaciones, lo que se traduce en mayores necesidades de financiación. Para 2055, serían necesarios 30.000 millones de euros adicionales, y para 2075, cerca de 32.000 millones. Para corregir el desfase, las contribuciones a la Seguridad Social tendrían que aumentar un 13%, lo que equivale a 2.000 euros extra por trabajador al año.
Hay que tener en cuenta que la tasa de fecundidad actual no asegura el relevo generacional y la esperanza de vida ya supera los 84 años, lo que significa que, en un escenario de baja inmigración, España tendería a reducir su población al mismo tiempo que acentúa su envejecimiento. Esta tendencia obliga al mercado laboral a mantener cierta dependencia de las cotizaciones de los extranjeros, ya que menos inmigración (en edad de trabajar) supondría que las prestaciones dependerían de una base de cotizantes más pequeña.
