España ha superado los tres millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, un dato que refleja una de las principales tendencias del actual ciclo económico: la fuerte llegada de trabajadores migrantes en los últimos años y su enorme contribución al empleo y al crecimiento diferencial de España respecto a las economías de su entorno. El fenómeno ha ido acompañado, además, de una rebaja en la tasa de paro —hasta situarse, según el INE, en el 11,6% de la población activa en el primer trimestre de este año—, lo que invalida los discursos del miedo de quienes se empeñan en vincular la inmigración con la precarización y el desempleo.
Los extranjeros representan ya el 14% (uno de cada siete) de toda la fuerza laboral en la economía regular, cuando hace apenas seis años, justo antes de la pandemia de la covid, suponían el 11%. En su mayoría se ocupan, eso sí, de las actividades más precarias, aquellas que los nacidos en España no quieren desempeñar, con jornadas más largas y peores salarios. Una de las razones es que muchos vienen de países sumidos en crisis políticas y económicas y con cargas familiares que les urgen a aceptar los empleos menos cualificados. Esa realidad es la que los lleva a estar sobrerrepresentados en el sistema de empleadas del hogar, el sector agrario y la hostelería. Por otro lado, quienes sí cuentan con la formación necesaria para optar a otro tipo de puestos se topan con demasiadas dificultades para homologar sus títulos, lo que abunda en otro rasgo distintivo del mercado laboral español: buena parte de los trabajadores están sobrecualificados para los puestos que desempeñan.
