Son casi el 20% de la población y sostienen sectores clave de la economía mientras se normaliza su riesgo de pobreza
Sabemos que España ha pasado de ser tierra de emigrantes a sociedad que atrae la inmigración, aunque no se diga en los discursos institucionales de Navidad, salvo el sketch tan pedagógico de la Nochevieja de José Mota. Según el INE, en 2025 más de 9,8 millones de residentes en España habían nacido fuera y más de siete millones tenían nacionalidad extranjera. No es una población marginal ni coyuntural, sino que es parte del funcionamiento de nuestra sociedad. Necesitamos a estos millones de trabajadores, pero los partidos políticos no lo explican con rotundidad, sin medias tintas. Nos escandalizamos por las medidas antiinmigratorias del insufrible Trump, pero no afrontamos dos problemas de distinta factura: por un lado, la precariedad crónica con riesgo de pobreza para casi la mitad de los inmigrantes, y, por otro, la urgente regularización de quienes viven sin vivir, atrapados en la irregularidad administrativa. Abordar su dignidad como personas constituye una prueba indudable de la calidad democrática de una sociedad.
Las estadísticas oficiales son inequívocas. Sectores claves de la vida social y económica dependen de los inmigrantes. Son personas decisivas para sostener la hostelería, los cuidados domésticos, la agricultura, la construcción, el transporte o los servicios auxiliares. Sin ellos, el modelo turístico sería inviable, la agricultura intensiva colapsaría y el sistema de cuidados quedaría desbordado en una sociedad envejecida.
