La regularización de inmigrantes que está impulsando el Gobierno tendrá una aportación modesta en términos de cotizaciones a la Seguridad Social. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que esta medida aportará 0,07 puntos del PIB en cotizaciones durante el primer año de aplicación de la medida, unos 1.300 millones de euros. La cifra aumentará durante los primeros años tras la regularización, alcanzando un pico del 0,11% del PIB en 2030, lo que serían unos 2.300 millones de euros empleando la previsión de crecimiento nominal de la propia AIReF. En cualquier caso, son cifras moderadas teniendo en cuenta la magnitud de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. Por ejemplo, en el año 2025 el gasto total de la Seguridad Social en pensiones ascendió a 182.500 millones de euros. Esto significa que en el año de máximo impacto de la medida, los ingresos de la regularización de inmigrantes apenas sufragarían 4,5 días del gasto en pensiones. Se trata de un cálculo muy conservador, ya que en 2030 el gasto en pensiones será significativamente superior al de 2025. La AIReF subraya que su cálculo debe ser tenido en cuenta con grandes cautelas, ya que se basa en muchas hipótesis que podrían no cumplirse. Éstas van desde la previsión del número de inmigrantes que se acogerán a la medida, hasta el porcentaje que encontrarán un empleo regular o cuál será su base de cotización. Por este motivo, la Autoridad Fiscal señala que el impacto potencial para el primer año, del 0,07 puntos del PIB en su estimación central, podría caer hasta 0,03 puntos en el caso de las hipótesis más adversas, o subir hasta 0,10 puntos en el caso más favorable . La AIReF explica que el impacto de esta medida se reducirá rápidamente a partir del año 2031. El motivo es que en el escenario contrafactual sería que estos inmigrantes tendrían que haber esperado hasta obtener una regularización ordinaria. Según los datos oficiales, los inmigrantes tardan unos tres años en conseguir la regularización y un año adicional para cotizar a la Seguridad Social. Esto significa que, a largo plazo, la regularización tiene un efecto escaso sobre la inmigración total y, por lo tanto, sobre la contribución a la Seguridad Social. Los inmigrantes habrían conseguido el permiso de trabajo tarde o temprano. "El shock se diluye en otros cuatro años [2034], sobre la base de regularizaciones previas", explica la AIReF, sobre la base de regularizaciones previas. La AIReF calcula que la regularización de inmigrantes podría beneficiar a más personas de las estimadas inicialmente por otros organismos. En concreto, eleva hasta casi 950.000 las personas que podrían verse beneficiadas, sumando la población empadronada pero no regularizada y otros solicitantes de asilo. En cuanto a sus bases de cotización, la Autoridad Fiscal calcula que en el primer año se situarán en 8.600 euros de media, para incrementarse posteriormente hasta los 14.000 euros a partir del segundo año, nivel en el que ya se estabilizaría. Esto es, se trata de trabajadores con escasa contribución a la Seguridad Social, ya que es población que suele tener empleos precarios (con alta rotación y contratos parciales) y bajos salarios. Esto limita su capacidad de contribución al sistema. En conjunto, el impacto a largo plazo (hasta 2050) arroja que la regularización generará ingresos adicionales a la Seguridad Social del 0,03% del PIB. A precios actuales, esto sería unos 530 millones de euros al año, una cifra con escaso impacto sobre el montante total del presupuesto del sistema. El resultado es que en el cálculo de la regla de gasto en pensiones, la AIReF no incorpora ningún impacto positivo de la regularización de inmigrantes sobre los ingresos de la Seguridad Social. La regularización de inmigrantes que está impulsando el Gobierno tendrá una aportación modesta en términos de cotizaciones a la Seguridad Social. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que esta medida aportará 0,07 puntos del PIB en cotizaciones durante el primer año de aplicación de la medida, unos 1.300 millones de euros. La cifra aumentará durante los primeros años tras la regularización, alcanzando un pico del 0,11% del PIB en 2030, lo que serían unos 2.300 millones de euros empleando la previsión de crecimiento nominal de la propia AIReF.