Opinión
Editorial
EDITORIALLas desviaciones legaloides esgrimidas por varios congresistas no se pueden permitir.
En una reciente actividad proselitista partidaria de provincia —no vamos a decir lugares o nombres de partidos para no herir farisaicas susceptibilidades— se pudo observar a personas exhibiendo de manera ostentosa pistolas automáticas y fusiles de alto calibre, posando sin el menor recato para las fotos. ¿Qué seguridad podrán ofrecer potenciales figuras presidenciables que reclutan tales apoyos locales? Pero no es la primera vez que se observan tales exhibiciones de poder de fuego, que más parecen una velada intimidación contra votantes y opositores y que abren preguntas sobre los nexos, los objetivos reales e incluso los financiamientos de los personajes que promueven tales séquitos.
En efecto, el asedio y penetración de mafias en alcaldías, estructuras partidarias y redes políticas locales constituye uno de los síntomas más preocupantes pero cada vez más frecuentes en el entorno electoral guatemalteco. El financiamiento ilícito de campañas, los sobornos —o las amenazas— a autoridades, la compra de operadores judiciales y el patronazgo criminal de economías rurales erosionan la gobernabilidad, amenazan la productividad y comprometen la competitividad: no solo de pueblos o regiones, sino del país.
