EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.El país que recibirá el próximo presidente de Colombia es uno que logró protagonismo en los escenarios de diplomacia climática, pero enfrenta vacíos y críticas en cómo materializar sus discursos. Los compromisos climáticos presentados ante Naciones Unidas en septiembre de 2025 ratifican la meta de reducir en 51% los gases que causan el calentamiento global para 2030, y el país fue el anfitrión de la primera conferencia internacional para dejar atrás los combustibles fósiles, pero las dinámicas cambiarán con el próximo Gobierno. Aunque entre los cuatro candidatos que puntean en las encuestas no hay un negacionista en el sentido estricto de la palabra, como sucede en otros países, las propuestas en deforestación y energía develan la prioridad que le pondrán a enfrentar la crisis climática, así como la ambición de sus hojas de ruta hacia la descarbonización. Esto proponen Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional), Sergio Fajardo (Compromiso y Dignidad) y Paloma Valencia (Centro Democrático). Deforestación Dato 1: El mayor factor de emisión de gases de efecto invernadero en Colombia es la suma de deforestación y cambio del uso del suelo, con un 39% del total. Sus principales motores son la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras. Dato 2: De lograr la cifra histórica más baja de deforestación en 23 años de seguimiento durante 2023, en 2024 hubo un incremento del 43% a nivel nacional. Cepeda: Su programa es una continuidad de lo que ha hecho el presidente Petro. El político de izquierda habla de disminuir la ganadería extensiva y sustituirla por modelos sostenibles silvopastoriles, fortalecer la protección a líderes ambientales y tener “inteligencia ambiental que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica”. Es un abordaje que, según Alejandro Ballesteros, coordinador de incidencia política en la Fundación Etnollano, entiende la deforestación como un problema de economías territoriales, proponiendo alternativas “con base en la agroecología y la bioeconomía”. El plan de Cepeda busca combatir la deforestación desde las formas de gobierno locales que ya existen en la Amazonia. “Propiciaremos un diálogo permanente entre la Fuerza Pública y los movimientos sociales y comunitarios, incluyendo su participación en los consejos de seguridad locales, porque la seguridad no se impone contra el pueblo: se construye con el pueblo”, dice en el documento. Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, destaca que es el único entre los cuatro punteros que reconoce las entidades territoriales indígenas, además de otras formas de gobierno como las reservas campesinas y las comunidades afro. Las dudas que deja, dice, son cómo ejecutará y asignará los fondos climáticos, y la falta de articulación entre su propuesta de reforma agraria y los asuntos ambientales. De la Espriella: El candidato no da una señal concreta sobre cómo luchará contra la deforestación, pero menciona que quiere “ampliar la frontera agrícola productiva de Colombia en 1,5 millones de hectáreas” e incluye que se hará, en parte, con “ganadería regenerativa”. Además, indica que ve a la minería del oro, cobre, plata y tierras raras “con sentido de bien público”, diferenciando entre la minería legal y la criminal. Como el pilar de su campaña es la seguridad militar, Torres teme que esa sea la única política que lleve a la Amazonia. “Solo hacerlo con militarización es desconocer las estructuras políticas y administrativas del territorio, lo que incluso puede generar más conflictos”.Fajardo: Su programa lleva varias claves asociadas al control de la deforestación. Comienza por señalar que adoptará una estrategia nacional para reducirla “hasta niveles cercanos a cero en 2030” y que lo abordará como un problema ambiental, económico y de orden público. Quiere fortalecer el monitoreo satelital en tiempo real y sumarlo al trabajo de las autoridades ambientales y la fuerza pública contra redes criminales de acaparamiento de tierras. Además, propone la bioeconomía como nuevo motor de desarrollo y la expansión de sistemas productivos sostenibles –incluso con modelos de seguros climáticos. Aunque plantea acuerdos territoriales para la conservación, para Ballesteros la propuesta “tiene vacíos importantes en cuanto a esquemas de gobernanza”. En otras palabras, en reconocer los territorios y formas de gobierno de diversidad de la Amazonia que, dice el experto, son “barreras que permiten la conservación de selva”. Valencia: La candidata señala que la responsabilidad de Colombia frente al cambio climático está “en detener la deforestación y restaurar lo que hemos perdido”. Lo haría con una mezcla de seguridad militar y programas de conservación que pasan desde erradicar “a los grupos ilegales de los parques nacionales” o la guerrilla del ELN del Chocó, hasta “restaurar un millón de hectáreas” e incrementar las plantaciones comerciales en otras 300.000 hectáreas. Pone la meta de aumentar el peso de la bioeconomía del 0,8% al 2% del PIB en cuatro años y promete ordenar el uso del suelo con reglas claras, con santuarios o zonas de uso limitado. Pero Ballesteros, que trabaja en la Amazonia, señala la ausencia de cómo integrar esas ideas con los gobiernos y autoridades indígenas territoriales. Además, en un criterio netamente climático, ve difícil hacer coherente la protección de la naturaleza con los recursos del sector minero-energético. EnergíaDato 1: El sector energético representa el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, mientras que en Colombia genera el 30%. Dato 2: El carbón y el petróleo representan cerca del 40% de las exportaciones de Colombia y, solo el segundo, en sus mejores momentos, aportó entre el 5% y el 7% del PIB.Cepeda: Insiste en el freno a los hidrocarburos. Busca prohibir el fracking —técnica que inyecta una mezcla líquida a alta presión en las rocas para fracturarlas, y así extraer gas o petróleo—, convertir a La Guajira en el epicentro “del país de la energía eólica y solar” e impulsar las comunidades energéticas. En sus discursos e intervenciones, parte de un modelo de “mayor centralización estatal”, comenta Felipe Bernal, miembro del Centro Global de Política Energética de la Universidad de Columbia. El analista en política energética examinó qué modelo propone cada candidato, más allá de su espectro político, y explica que Cepeda postula “un direccionamiento estatal de la transición y una descarbonización acelerada, en la que busca transformar las relaciones de poder en el sector”. Aunque para Torres y Ballesteros las propuestas de Cepeda están alineadas con el mandato climático, Bernal suma dimensiones de seguridad energética y encuentra “menor autonomía tecnocrática y más capacidad del Ejecutivo para orientar inversiones y subsidios”. Esto, agrega, podría generar mayor incertidumbre para las inversiones energéticas que se requieren. “No hay claridad sobre la fuente ni el proceso de sustitución de energía que se va a dar o, por lo menos, cómo no vulnerar la requerida y que ya está en firme o se necesita para el crecimiento de la red”. De la Espriella: Propone recuperar la exploración y la producción de petróleo y gas, y tratar este último combustible como un asunto estratégico, acelerando sus proyectos, ya sea costa afuera o a través del fracking. Bernal encuentra, de nuevo, un modelo de “presidencialismo fuerte”. “Hace un énfasis en autoridad presidencial, eficiencia burocrática, simplificación institucional y menor peso de restricciones ambientales y vetos territoriales”. Su programa, por ejemplo, habla de “licencias express” y de acelerar consultas a las comunidades para las energías renovables, lo que podría incrementar las tensiones sociales y ambientales que ya cargan. Fajardo: Su plan de gobierno parte de que Colombia necesita hacer una transición energética, pero sin improvisación, para lo que propone recuperar su seguridad energética mientras avanza en la descarbonización. Lo busca hacer impulsando nuevas fuentes de gas natural, con explotación offshore, pilotos de fracking y una nueva regasificadora en La Guajira. A la par, quiere instalar al menos “1.000 megavatios nuevos de capacidad energética por año”, de los que un 80% vendrían de renovables gracias a comunidades energéticas y a simplificar “los procesos regulatorios y ambientales para proyectos estratégicos”. El modelo detrás de su propuesta es el de “una transición gradual, planeada y buscando un equilibrio tecnocrático”, dice Bernal. “Reconoce que hay que mantener actividad exploratoria mientras se diversifica la matriz y se acelera el despliegue renovable para no poner en riesgo la seguridad energética”. En cambio, Torres considera que se debe hablar de una descarbonización acelerada desde ahora y entender cómo garantizarla entre los diferentes actores territoriales. De este modelo, Bernal también explica que “no busca una ruptura distributiva fuerte del poder sectorial, sino estabilizar reglas y evitar concentraciones de poder”. Valencia: Quiere reactivar la explotación de los combustibles fósiles e impulsar el fracking hasta producir un millón de barriles de petróleo por día. Paralelamente, propone desarrollar nuevos proyectos hidroeléctricos mediante embalses, así como de energías renovables no convencionales. Lo hará, dice, con una “institucionalidad ágil” que restablezca una instancia de decisión rápida sobre licencias ambientales, financiamiento y consultas previas. “La consulta no puede ser un veto, sino un mecanismo para garantizar inversión” y “las comunidades deberán poder ser socias de los proyectos”, se lee en su programa. “Este modelo es pragmático, en pro del mercado y de la seguridad energética y asequibilidad”, comenta Bernal, y asegura que eso habilita buenas señales para el entorno económico y da claridad jurídica a las empresas. “Incluso propone la declaratoria de zonas de protección y santuarios sin exploración, sobre todo cuando se habla de la Amazonia”. Los riesgos son un aumento de los conflictos sociales, que se “retome una sobredependencia de rentas extractivas” o “ralentizar las oportunidades de diversificación energética”.