El número de solicitudes pendientes de resolución para repatriar a menores migrantes continúa aumentando en la Comunidad de Madrid. El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso enviará este miércoles un nuevo escrito a la Delegación del Gobierno en Madrid para conocer el estado del centenar de expedientes remitidos sobre reunificación familiar en origen. Aunque desde la Administración central ya se manifestó la negativa a esta medida, el Ejecutivo autonómico espera su tramitación por los cauces oficiales, bajo la advertencia de judicializar el proceso. Por otro lado, se han interpuesto 16 denuncias por "un delito de estafa agravada" contra adultos que se hacían pasar por menores."La inacción del Gobierno central ha provocado que, de los 110 menores afectados, 40 hayan alcanzado ya la mayoría de edad sin que se haya iniciado ningún trámite", han señalado desde la Comunidad de Madrid. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales presentará este miércoles al Consejo de Gobierno un informe sobre el estado inconcluso de los procesos de repatriación solicitados desde abril de 2025. Asimismo, prevé enviar un escrito al representante del Gobierno central en la región, Francisco Martín, para exigir el cumplimiento de sus atribuciones e iniciar los trámites requeridos. "El retorno con sus familias y entorno social es lo más adecuado para el interés superior de los niños", han explican desde el área responsable. La adopción de esta decisión se basa en los problemas de conducta, convivencia y abuso de sustancias observados entre algunos menores durante su estancia en los centros de acogida. Las competencias en materia migratoria y las relativas a los procesos de reagrupación familiar corresponden en exclusiva a la Administración General del Estado. Por ello, en estos meses se han remitido estos expedientes para su valoración. Junto a la petición de resolución, también se señala que "en caso de que persista la inactividad o una negativa injustificada, se advierte de que el Ejecutivo autonómico se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas".En marzo, la Delegación del Gobierno en Madrid ya manifestó su intención de denegar las peticiones "ante la falta de garantías en su posible retorno". Así, se informó que se había trasladado a la Consejería de Asuntos Sociales la decisión de no incoar los expedientes en "aras de preservar el interés superior del menor". El propio Martín manifestó al respecto que la Comunidad, "en lugar de pedir la expulsión de menores, debería cumplir con sus responsabilidades de tutela". Sobre la decisión manifestada, desde el Ejecutivo autonómico señalan que estas declaraciones fueron solo un pronunciamiento público, ya que ninguna de las solicitudes se ha resuelto, ni a favor ni en contra, y el canal administrativo aún no ha finalizado. "Hasta la fecha, no consta la iniciación de ningún procedimiento de repatriación por parte de la Delegación", han afirmado.Algunos de los expedientes remitidos corresponden a jóvenes implicados en reyertas, como la que ocurrió en La Cantueña a principios de abril de 2025. Una pelea multitudinaria se saldó con siete trabajadores heridos y 12 detenidos por la policía. Los servicios técnicos de la Consejería de Asuntos Sociales estimaron que este centenar de jóvenes presentan la "imposibilidad de integrarse". "Llevamos tiempo detectando que los perfiles de los menores son más complicados, de mayor dificultad en el manejo de la conducta y la convivencia", explicaron desde la Consejería. Estas circunstancias, precisaron, dificultan el proceso.Junto a los procesos de repatriación en curso, la Comunidad de Madrid ha interpuesto 16 denuncias contra adultos que se hacían pasar por menores. Así, se han producido las primeras detenciones asociadas a un delito de estafa agravada "al haberse beneficiado indebidamente de recursos públicos de protección". A finales de 2025, la Consejería de Asuntos Sociales anunció su intención de perseguir estos casos y llevarlos ante la Justicia. Con estas acciones, se explicó, se pone en "riesgo" el modelo de asistencia público porque desplaza recursos hacia personas que no están legitimadas para recibirlos y, a la vez, "pone en peligro" a los menores verdaderamente vulnerables que requieren de la tutela administrativa.