Madrid ve frustrado su plan para desvincularse de adolescentes a los que considera inadaptados, y la Delegación del Gobierno reclama que cumpla con sus responsabilidades
El Gobierno de España (PSOE y Sumar), ha rechazado tramitar los 86 expedientes que le ha enviado desde 2019 el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid (PP) para retornar a sus países de origen a otros tantos menores migrantes bajo la responsabilidad de...
la Administración autonómica. Los datos, obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia, reflejan un choque de trenes en el que los pasajeros son los más vulnerables de los vulnerables. Madrid admite que ha intentado emplear la vía de la reagrupación o reunificación familiar para sacar de la región a jóvenes “con distintas dificultades de adaptación”, según los técnicos de sus servicios sociales; o “que están protagonizando episodios violentos o delictivos”. En contraste, el Estado considera que así regatea sus responsabilidades y el deber de velar por el interés superior de los menores. Hay un dato esclarecedor: las 86 solicitudes de Madrid suponen más del triple de las reunificaciones efectivamente realizadas desde cualquier región en prácticamente el mismo periodo de tiempo, que además se hicieron mayoritariamente por razones humanitarias.
