La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid guarda en el cajón un total de 134 expedientes de expulsión de menores inmigrantes conflictivos. El departamento que dirige el socialista Francisco Martín no ha tramitado ninguna de las solicitudes al respecto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ya alerta de que la acogida de los jóvenes que entraron ilegalmente en Ceuta la semana pasada será imposible porque los recursos están colapsados. La ocupación de los centros, según fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, es del 136%. El Ejecutivo autonómico lleva desde el año pasado remitiendo expedientes sobre menores extranjeros no acompañados, los conocidos como menas, por problemas de conducta y adaptación. La consejería que dirige Ana Dávila elevó primero 37 solicitudes de repatriación y reunificación familiar de los niños, pero no fueron atendidas y la cifra ha crecido progresivamente hasta alcanzar los 134 casos. Juventud, Familia y Asuntos Sociales, que lleva más de un año advirtiendo de perfiles de adolescentes inmigrantes cada vez más complejos y problemáticos, apela de nuevo a los informes técnicos que avalan estas solicitudes de expulsión, donde se habla de "conductas disruptivas y serias dificultades de adaptación". La Delegación del Gobierno reconoce que no ha tramitado los expedientes, aunque asegura que no lo ha hecho porque no se dan las garantías exigidas por la ley. "En esta delegación no se ha recibido respuesta en relación a las consultas realizadas, lo que impide garantizar que se den las mejores condiciones en destino para cumplir con el interés superior del menor, por el que se rige todo el ordenamiento jurídico español y, en consecuencia, la acción del Gobierno de España", explican a este periódico. TE PUEDE INTERESAR La situación en Madrid es límite. La capacidad de asistencia en los centros de primera acogida de Hortaleza y La Cantueña, en Fuenlabrada, está absolutamente desbordada. Desde la consejería, además, alertan de que el problema se ha cronificado sin soluciones y cerca de medio centenar de los supuestos menas ya son mayores de edad. Así, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado 16 denuncias contra falsos menores inmigrantes por un presunto delito de estafa agravada, tras comprobarse que se beneficiaron indebidamente de los recursos públicos de protección, y prepara la vía judicial contra el Gobierno por su "inacción" en este tema. La previsión es que el problema vaya a más tras la crisis en Ceuta, con cerca de un millar de menores inmigrantes a repartir entre las comunidades autónomas. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció este martes una partida de 25 millones de euros para la asistencia de los chavales y Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, informó 24 horas después del traslado a la península de los que estaban a la espera anteriormente. No obstante, el Ejecutivo central no ha dado ningún detalle de cómo será el procedimiento. TE PUEDE INTERESAR La Comunidad de Madrid ya ha mostrado sus dudas sobre la capacidad asistencial de sus centros si llegan estos menores, que están al 136%. En lo que va de año, según datos de la consejería, se ha atendido a 1.505 menores no acompañados, que son casi los mismos que en todo 2025 (1.844). En 2024, por su parte, fueron 2.442. El episodio de los menores extranjeros no acompañados es el enésimo enfrentamiento entre Sol y Moncloa, sin apenas canales de comunicación institucional. La ruptura es tal, que el departamento que dirige Martín incluso reclamó a la Comunidad de Madrid que justificara la declaración de emergencia durante el incendio de la Sierra Oeste de finales de julio, catalogado como el más grande y dañino de la historia de la región. La relación está rota y no hay atisbos de que vaya a mejorar a corto plazo. La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid guarda en el cajón un total de 134 expedientes de expulsión de menores inmigrantes conflictivos. El departamento que dirige el socialista Francisco Martín no ha tramitado ninguna de las solicitudes al respecto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ya alerta de que la acogida de los jóvenes que entraron ilegalmente en Ceuta la semana pasada será imposible porque los recursos están colapsados. La ocupación de los centros, según fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, es del 136%.