La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra no permite dictar sentencia penal desde una columna. Eso corresponde a los jueces, no a los comentaristas entusiasmados con la hoguera. Pero sí permite abrir una pregunta política incómoda: ¿qué ocurre cuando un expresidente convierte su prestigio democrático en moneda de circulación por los pasillos más turbios del poder?La Audiencia Nacional investiga el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a Plus Ultra, aerolínea con vínculos venezolanos, y ha citado a Zapatero como investigado por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y otros hechos conexos. La presunción de inocencia debe respetarse. Pero la lucidez política obliga a mirar el cuadro completo: Zapatero no llega a esta crisis como un peregrino extraviado, sino como una figura que desde hace años decidió instalarse en una zona ambigua entre mediación, influencia y legitimación de regímenes autoritarios.Para América Latina, Zapatero pudo haber sido otra cosa. Llegó a representar una socialdemocracia europea menos altanera, cercana al lenguaje de la cooperación, los derechos sociales y el multilateralismo. Pero su papel en Venezuela degradó esa promesa. En vez de usar su capital político para exigir condiciones democráticas reales, terminó convertido en certificador amable del chavismo, el hombre capaz de hablar de diálogo mientras el régimen ganaba tiempo, dividía a la oposición y administraba el desgaste de sus víctimas.Su presencia en procesos electorales venezolanos cuestionados fue más que una torpeza diplomática. Fue una forma de blanqueamiento político. En 2018, cuando buena parte de la comunidad democrática desconocía la limpieza de las elecciones convocadas por Nicolás Maduro, Zapatero apareció como observador y llegó a sostener que los venezolanos votarían libremente. La frase, vista desde las cárceles políticas, el exilio y la censura, no envejeció mal: nació vieja, ajena a la realidad y demasiado útil al poder.Ese ha sido el problema de fondo. Zapatero confundió diálogo con indulgencia, mediación con acompañamiento y prudencia con silencio. Un mediador serio escucha a todas las partes, pero no pierde de vista quién controla los tribunales, las armas, los medios públicos, el registro electoral y las cárceles. Cuando esa distancia se pierde, la mediación deja de ser puente y se convierte en decorado.La izquierda democrática latinoamericana debería tomar nota. Defender derechos sociales no exige cerrar los ojos ante los autoritarismos propios. Denunciar los abusos de la derecha no obliga a bendecir a Maduro, Ortega o a cualquier caudillo que descubra en la palabra soberanía una coartada perfecta para la represión. El drama de cierta progresía iberoamericana es que todavía cree que la democracia solo está en peligro cuando la amenaza viene vestida de uniforme ajeno, nunca cuando habla en nombre del pueblo y controla jueces.La investigación judicial dirá si Zapatero cometió delitos. Lo que ya puede decirse es que su legado latinoamericano quedó dañado. El expresidente español que pudo ser interlocutor útil entre Europa y la región terminó convertido en pieza del paisaje posdemocrático: viajes oportunos, declaraciones calculadas, silencios escandalosos y esa habilidad para aparecer donde el autoritarismo necesita una foto decente.Quizá su caso sirva para recordar que los expresidentes no solo administran memorias; también administran sombras. Zapatero eligió habitar el pantano de las influencias latinoamericanas y ahora ese pantano le salpica los zapatos. La justicia española deberá establecer si hay delito. La historia política ya puede levantar acta de una renuncia: la del mediador que se sentó tan cerca del chavismo que terminó pareciéndose a su notario. (O)