La jueza de Madrid que investigó a Plus Ultra hasta el pasado mes de febrero mandó el caso a la Audiencia Nacional en un auto en el que ya plasmó indicios de delito suficientes para investigar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según el documento judicial al que ha tenido acceso El Confidencial, Zapatero influyó “ante altos ejecutivos” de Repsol para que un empresario venezolano amigo suyo consiguiera un negocio de distribución de lubricantes de la petrolera en el país caribeño. El amigo beneficiado es un empresario venezolano llamado Danilo Díazgranados La jueza dice sobre él que “mantiene una relación personal y económica con alguien denominado ‘Zorro’, ‘Z’ o ‘ZZZZ’ quien ha sido identificado como José Luis Rodríguez Zapatero”. Se basa en un chat de WhatsApp de este empresario donde, según escribe, “se ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios por parte de una organización jerarquizada y con vocación de permanencia”. "Junto a ello –añade la magistrada– consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela, lo que constituiría el delito de corrupción en los negocios". El Confidencial se ha puesto en contacto con Repsol. Un portavoz de la empresa niega "de manera rotunda" ninguna relación comercial o de otro tipo con el empresario Danilo Díazgranados. El auto de la jueza no aclara si la operación se llegó a materializar. La magistrada Esperanza Collazos dictó este auto para inhibirse en la Audiencia Nacional, que asumió la investigación y la semana pasada imputó a Zapatero. La jueza ya apreciaba en febrero la existencia de “una organización criminal con estructura orgánica y jerarquizada para delinquir, apareciendo en la causa nuevos investigados como son José Luis Rodríguez Zapatero”, sus hijas y este empresario venezolano al que presuntamente ayudó, Danilo Díazgranados. Collazos dirige el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Es el mismo que ya investigó hace años el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros durante la pandemia. Terminó archivado por un defecto de forma, pero a finales de 2024, la Fiscalía Anticorrupción presentó una nueva denuncia contra directivos de la aerolínea, en este caso por blanqueo de capitales. La fuente de información era una petición de colaboración de Francia y Suiza con datos nuevos. Hubo otras diligencias preprocesales En consecuencia, la jueza abrió una pieza separada y en diciembre de 2025 ordenó el arresto de varios directivos de Plus Ultra y el registro de la sede de la aerolínea. Además, resultó detenido el testaferro de Zapatero, el empresario Julio Martínez Martínez. El auto de inhibición de la jueza, al que ha tenido acceso ahora El Confidencial, desvela que la Fiscalía Anticorrupción aportó también el 19 de febrero de 2026 unas diligencias preprocesales. El ministerio público pedía investigar un presunto delito de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, teniendo como base un chat de WhatsApp mantenido entre el abogado Miguel Palomero y Danilo Díazgranados. El primero sale en la investigación de Plus Ultra como la persona a la que recurrieron los directivos de la aerolínea en 2020 para que les conectase con el Gobierno de Pedro Sánchez. Era un momento en el que Plus Ultra buscaba financiación y terminaron consiguiendo el rescate. Danilo Díazgranados también sale en los últimos informes de la UDEF. Figura en una conversación con Palomero en la que se acredita su cercanía a Zapatero porque se refiere a Julio Martínez Martínez como “el banco del jefe”. A juicio de los investigadores, este comentario “señala el papel de Martínez Martínez como testaferro de Zapatero”. Julio Martínez controlaba la empresa Análisis Relevante, la que hizo la mayoría de los pagos al expresidente tras firmar un acuerdo con Plus Ultra. Un comisario de Policía El auto de la magistrada Collazos explica que la relación entre los dos consistía en que Díazgranados hacía “encargos” a Palomero “para llevar sus asuntos económicos en España”. Eso incluía “favores y gratificaciones”, entre otros al excomisario de Barajas Jesús María Gómez Martín. La jueza destaca que, cuando ordenó el registro en la sede de Plus Ultra, apareció una tarjeta de visita de este mando policial. En otro momento del auto, añade que el comisario, “habría facilitado que en el aeropuerto de Cuatro Vientos de Madrid se realizaran negocios con procedencia ilícita, de ahí la sugerencia en la conversación de 4 de mayo de 2021 con Koldo García Izaguirre, mano derecha del ministro de Transportes”. La jueza no se extiende más en este aspecto. Este periódico ha contactado con el mando policial para dar su versión o replicar las afirmaciones de la jueza. Fuentes de su entorno admiten que, como comisario en Barajas, conoció a mucha gente y entre ellos estaban Palomero, Díazgranados o el propio Koldo. Pero niegan que haya participado en ninguna operativa ni tampoco que haya recibido favores o dinero. Estas fuentes admiten que Díazgranados le regaló un reloj de buceo tras una comida, pero niegan haber hecho nada a cambio. Añaden, además, que él no tenía competencias en el aeropuerto de Cuatro Vientos. Este mando policial estaba la noche del 20 de enero de 2020 en Barajas cuando aterrizó la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y fue recibida en secreto por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García. Por estos hechos declaró el mando policial en el Senado en el marco de la comisión Koldo donde defendió la tesis de que el operativo policial de aquella noche tuvo por objeto impedir la entrada de la mandataria en territorio nacional debido a las sanciones que pesaban en su contra por la vulneración de derechos humanos en su país. La jueza de Madrid que investigó a Plus Ultra hasta el pasado mes de febrero mandó el caso a la Audiencia Nacional en un auto en el que ya plasmó indicios de delito suficientes para investigar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según el documento judicial al que ha tenido acceso El Confidencial, Zapatero influyó “ante altos ejecutivos” de Repsol para que un empresario venezolano amigo suyo consiguiera un negocio de distribución de lubricantes de la petrolera en el país caribeño.