El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, manifestó a las víctimas del accidente de Adamuz su rechazo a dimitir por el siniestro del 18 de enero porque, según les dijo, él no era responsable de la soldadura del raíz que, según las investigaciones técnicas y judicial, podría estar detrás de la rotura de la vía que provocó el fatal descarrilamiento del tren Iryo que después colisionó con el tren Alvia.El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, ha relatado este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre la red ferroviaria el diálogo que mantuvo con el ministro ya al final de una reunión que mantuvieron con él alrededor de un mes depués del siniestro. "Al final de la reunión le dijimos 'usted debe dimitir'", ha relatado Samper. "Nos dijo que él no había soldado el raíl", ha indicado que fue la respuesta del Ministro. "Nos quedamos estupefactos con la respuesta", ha añadido en una comparecencia en la que posteriormente ha abundado en que , "efectivamente, él no soldó el carril pero es responsable de una estructura, de un mantenimiento y de que los que están por debajo también actúen". "Claro que es responsable", ha remachado el responsable de un colectivo que reúne al "95%" de los afectados y que ha declarado "apolítica". "El 'y tú más' solo nos provoca dolor y no nos conduce a nada", ha aleccionado a los senadores ya al final de la sesión.Previamente, en este encuentro de "tres horas aproximadamente", las víctimas de Adamuz ya habían trasladado al ministro que también el presidente de Adif, Marco de la Peña, debía haber asumido responsabilidades políticas por lo sucedido. "Según la UCO, hay una cadena de responsabilidades y entendemos que responsables últimos son los gestores de la red ferroviaria, el presidente de Adif, y que lo ha puesto ahí", ha indicado Samper, para quien esto debería haber sucedido "el 19 de enero", es decir, al día siguiente del accidente, "y no cuando se resuelva"."Caos" entre servicios de emergencia y negativa de la JuntaEl diálogo que ha referido se produjo en una reunión entre una Asociación que Samper ha relatado que se creó semanas después del accidente, al comprobar las necesidades que tenían las víctimas, que en un primer momento no fueron atendidas y que aún hoy no reciben toda la ayuda que consideran apropiada. "Las instituciones han llegado muy tarde, ahora están llegando a tiempo, pero han llegado tarde", ha dicho tanto sobre el Gobierno central como de la Junta de Andalucía, a la que hace unas semanas esta asociación acusó por la tardanza de la llegada de los servicios autonómicos de emergencia, el 112. En el momento del accidente, Samper viajaba en el vagón número 4 del tren Alvia -sus dos primeros vagones colisionaron con el Iryo- y de los primeros que salieron para buscar una ayuda que ha insistido tardó en llegar "45 minutos". Este lunes ha ampliado lunes las responsabilidades. "Hay un cierto caos entre Adif y el 112, entre el 112 de Madrid y el 112 de Andalucía, entre el 112 de Andalucía y el 061...", ha dicho.Según ha explicado, después han sabido que "hay un problema desde hace años" en la aplicación informática que comunica los servicios de 112 y los sanitarios del 061, que "se colapsa" en cuanto entra ocho llamadas y los sanitarios "no pueden atender la situación de una manera fluida y normal". "También nos preocupa que Adif ha solicitado los datos a la Junta y se los ha negado. Cuando alguien no da los datos no se si tiene algo que ocultar", ha apuntado.El presidente de la Asociación también ha reprochado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque en el Congreso dijo que "se habría justicia si se considera necesario" o que a las víctimas se les atendió "con la misma celeridad". "Yo estuve una hora hora esperando", ha apuntado Samper, que también ha reprochado que Sánchez no se haya reunido con la Asociación y que Puente, que les dijo hace meses que iría a Huelva a reunirse con las víctimas y todavía no lo ha hecho.350 heridos, no 123 como a los que reconoce el GobiernoEntre las necesidades todavía no atendidas, la Asociación rechaza por insuficiente el número de 123 heridos que reconoce el Gobierno en el real decreto por el que aprobó en febrero un sistema para incrementar y adelantar las indemnizaciones. Este colectivo eleva el número hasta 350, es decir, a todos los pasajeros de los dos trenes "menos los fallecidos"."Consideramos que hay 350 heridos", "todos los pasajeros tenemos una gran afectación psicológica y seguimos tratándonos", ha dicho Samper, que se ha referido a las secuelas que siguen tiendo todos "como denominador común", independientemente de que sean considerados heridos leves. "Yo hablo con todas las víctimas, cuando apagamos la luz por la noche volvemos al tren, tenemos pesadillas, falta de sueño, conductas de aislamiento, personas que han estado sin salir tres meses de una habitación...". "Todos los que pasaron por el vagón ocho [del Iryo, uno de los que descarrilaron] y vieron lo que había, les puedo asegurar que todas estas personas están heridas", ha reiterado.De tener consideración de víctimas depende que se cobren indemnizaciones y puedan acceder a los adelantos e incrementos que puso en marcha el Gobierno y recientemente amplió para solicitar un mes más, hasta el 4 de junio. Samper ha reconocido que "lo nuestro está un poco mejor" con respecto a otros siniestro "porque han sido más diligentes", pero también ha reclamado que, como ha indicado que dicta la norma d la UE, las víctimas puedan recibir directamente 10.000 euros para hacer frente a los gastos generados del accidente. De momento, ha dicho que han cobrado las ayudas 25 personas y otras 160 las han tramitado.Falta de asistenciaCuatro meses y medio después del accidente de Adamuz, Samper ha resumido que asociaciones como la suya "no deberían existir" porque las necesidades de las víctimas deberían estar cubiertas por las administraciones. Lo que sucede desde enero, sin embargo, es que él y sus compañeros se han convertido en una especie de correa de transmisión entre los afectados, a los que han tenido que ir contactando uno a uno para conocer sus necesidades, y Renfe, el Ministerio y la Junta, que colaboran pero sin hacerse cargo de todo el proceso. Así, no ha querido extenderse en el cobro de las indemnizaciones, porque ha reconocido que hasta hace poco y solo en casos puntuales "no se ha hablado de dinero" entre las víctimas y ha reconocido la "comunicación fluida" con el servicio de atención al pasajero de Renfe, de la Subdelegación del Gobierno de Huelva y del comisionado recién creado por la Junta de Andalucía, aunque no es suficiente. "El comisario [de la Junta] tiene mucha voluntad me dice que cuando encuentre un caso se lo mande", ha explicado Samper, sobre una situación que ha considerado inapropiada porque él mismo es una víctima y ha sido "el último" en acceder a ayuda psicológica y a la indemnización "porque no he tenido tiempo"".También ha criticado que las ayudas que acaba de aprobar la Junta son solo para andaluces, cuando hay víctimas de otros lugares. "Nos parece un poco discriminatorio"."Con todas las víctimas no se han puesto en contacto", ha respondido a la portavoz del PSOE, que ha asegurado que la Subdelegación del Gobierno de Huelva sí lo ha hecho. "Y las oficinas de atención a las víctimas están llegando tarde."Otra de las 'disfunciones' de la Administración que ha denunciado tiene que ver con la Oficina de Atención Integral a Víctimas y Familiares y Accidentes Ferroviarios que se creó tras el siniestro de Angrois y pero que todavía no tiene establecido un protocolo de actuación, algo que también se trató en aquella reunión con Puente. "Asentía y movía la cabeza sin respuesta"."Necesitamos ayuda, que la oficina de atención a las victimas desde k2013 funcione, eso es lo que necesitábamos", ha reiterado.Roturas de carril y el "cribado" del informe de la CIAFMás allá de las necesidades que asegura que siguen teniendo las víctimas del accidente de Adamuz, Samper se ha referido también a las causas del siniestro, de la investigación la CIAF y ha dejado claro que él todavía no está preparado para volver a subirse a un tren, y eso que él llevaba años temiéndose algún incidente en el Alvia Madrid-Huelva, del que es pasajero frecuente, antes de la colisión por el descarrilamiento del Iryo. "Tenemos mucho miedo, a raíz de la investigación estamos viendo que frente a lo que dicen algunos miembros del Gobierno, yo estimo que el tren no es seguro".El presidente de la Asociación de víctimas ha denunciado que no haya "mecanismos para detectar roturas de carril" si "se producen cientos". "Esta detección que tan importante habría sido para nosotros existe en Francia, en Inglaterra, en Japón", ha apuntado sobre algo que ha negado una y otra vez Adif, que asegura que en estos momentos no hay ninguna tecnología capaz de detectar una fisura, sin separación de los extremos, como la que parece que estuvo en el origen del siniestro de Adamuz.Además de con Renfe, el Ministerio y la Junta, la Asociación está personada en la causa penal y está en contacto con la CIAF y con su investigación, para la que ha reclamado "transparencia" y de la que ha manifestado sus recelos por la mañera de trabajar de esta comisión, independiente pero engranada en el Ministerio de Transportes."Nos preocupa la falta de transparencia. El técnico sobre el terreno de la CIAF elabora un borrador de informe que luego pasa por el pleno de la CIAF. Cuando unos ingenieros elaboran un borrador de informe no sé por qué tiene que pasar por un cribado quizás de otras personas que no han estado en la investigación. Nos preocupa que las conclusiones del informe las hayan hecho otras personas que no hayan estado a pie de campo".