“No menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”, “máximo cuatro meses”... Mientras el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una carrera imposible para miles de residentes en Balears, abocados a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, los principales portales inmobiliarios acumulan anuncios que reflejan hasta qué punto se ha normalizado la imposición de condiciones abusivas en una de las comunidades más tensionadas del país. Las publicaciones, además, ya no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto.
La crisis habitacional está devolviendo formas de vida compartida que parecían propias de otra época: habitaciones minúsculas, baños colectivos y ausencia de espacio privado. Uno de los anuncios localizados en Palma, concretamente en la zona de Marquès de la Fontsanta, condensa buena parte de las nuevas dinámicas del alquiler precario y altamente restrictivo que prolifera en las islas. La habitación, ofertada por 450 euros mensuales en un piso compartido “solo para mujeres”, se presenta como “ideal para azafatas (cero ruido)” y acumula una larga lista de condiciones impuestas a la futura inquilina: “No se hace empadronamiento”, “estancias cortas”, “parejas y amigas, fuera de casa”, “no se comparte el salón” y “dos lavados en semana: uno de blanco, otro de oscuro”. El anuncio exige además contrato laboral “en vigencia”, define el piso como “tranquilo” y pide a las interesadas que envíen “una breve descripción”.
