La violencia está cada vez más presente en servicios públicos, como la sanidad y la educación. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad reflejan una tendencia al alza: en 2025 se notificaron 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), un 8,74% más que el año anterior. La mayoría no fueron físicas. De hecho, el 84,5% fueron insultos, amenazas u otras formas de violencia verbal. El perfil también es claro: ocho de cada diez víctimas son mujeres, y los colectivos más golpeados siguen siendo el personal médico y de enfermería.PublicidadLa conflictividad también campa a sus anchas en las aulas. Recientemente, el Departament d’Educació de la Generalitat anunció un plan piloto que introduce la presencia "permanente" de un agente de los Mossos d’Esquadra con funciones de "prevención y mediación". La iniciativa, bautizada provisionalmente como "Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo", busca actuar como "elemento disuasorio ante conflictos y como intermediario en situaciones de violencia".¿Realmente qué está fallando para que la violencia gane terreno en los espacios públicos? ¿Es posible gestionar estos conflictos desde enfoques que prioricen los recursos, la prevención y el acompañamiento, en lugar del control y la vigilancia? ¿Sirven las respuestas basadas en la presencia policial o solo abordan las consecuencias sin tocar las causas?Laura Macaya, licenciada en Educación Social, cerca el punto de ebullición de la conflictividad en sanidad y educación en un contexto común: la precarización de los servicios públicos. "Lo que vemos es una intensificación de los conflictos en escenarios marcados por la sobrecarga, la falta de recursos y el debilitamiento institucional", explica a Público. En su análisis, tanto hospitales como centros educativos comparten dinámicas similares: profesionales exhaustos, usuarios en situaciones límite y estructuras incapaces de absorber la presión. "En sanidad hay listas de espera, plantillas insuficientes y pacientes al límite. En educación, ratios elevadas, falta de apoyos y alumnado atravesado por realidades sociales complejas. La violencia no surge de la nada: es la expresión de ese desgaste estructural".Laura Macaya, educadora social: "La violencia no surge de la nada: es la expresión de ese desgaste estructural"Sin embargo, la experta advierte de que la respuesta dominante tiende a individualizar el problema. "Se habla de pacientes agresivos o de alumnos conflictivos como si fueran casos aislados, y se responde con más control y medidas punitivas. Eso revela una falta de voluntad —o de capacidad— para intervenir sobre las causas reales", ataja. Según ella, este enfoque produce respuestas "reactivas, superficiales y, a largo plazo, ineficaces".PublicidadMacaya también cuestiona el uso de los datos sobre violencia, que —matiza— contribuye a generar una sensación de alarma que legitima soluciones rápidas y visibles, como el refuerzo de la seguridad o la presencia policial. "Se desplaza el foco: en lugar de preguntarnos por qué ocurre, nos centramos en cómo contenerlo. Y así un fenómeno complejo pasa a tratarse como un problema de orden público". Este giro, completa, tiene consecuencias. "Son medidas que tranquilizan simbólicamente, pero no solo no abordan el origen del conflicto, sino que pueden intensificar la estigmatización y el control".En el ámbito educativo, puntualiza, la introducción de la Policía implica un cambio de paradigma: "Se traslada una lógica de vigilancia a un espacio que debería estar orientado al cuidado, el aprendizaje y la gestión pedagógica del conflicto". Además, Macaya concreta que este tipo de medidas no impacta por igual en todo el alumnado. "La intervención policial actúa de forma diferencial: los jóvenes más precarizados, racializados o ya señalados socialmente serán los más vigilados y los más susceptibles de ser criminalizados. Si no tenemos en cuenta esto, estamos interpretando mal el problema desde el inicio".Adrián Rodríguez, miembro de Policías Antifascistas: "La Policía no puede ni debe ser la respuesta a todos los problemas sociales""En institutos y escuelas, igual que en los hospitales están los médicos o los enfermeros, deben estar los profesores, los educadores sociales o los psicólogos. No es un espacio para la Policía", señala Adrián Rodríguez, miembro del colectivo Policías Antifascistas. En su opinión, este tipo de medidas puede resultar contraproducente tanto para la educación del alumnado como para la imagen de la institución policial. "La Policía no puede ni debe ser la respuesta a todos los problemas sociales", agrega en conversación con este diario. Rodríguez vincula el aumento de la violencia en espacios públicos a factores estructurales. "Hay causas sociales y económicas detrás", incide, y plantea como alternativa reforzar los recursos educativos: más profesorado, reducción de ratios y mayor inversión en servicios públicos. PublicidadPolicías en las escuelas, ¿solución o parche?Ana Vicenti, profesora en un instituto de Madrid, observa con preocupación el giro hacia soluciones basadas en la presencia policial en los centros educativos. "Normalizar la entrada de agentes en los institutos me parece peligroso", confiesa a Público. Bajo su mirada, este tipo de medidas lanza un mensaje equivocado al alumnado. "La cuestión no es solo cómo reaccionar, sino por qué está ocurriendo", dice. La docente describe unos centros "desbordados", incapaces de atender adecuadamente la diversidad y el malestar creciente del alumnado. "Lo que necesitamos es tiempo y recursos para acompañarles, no más vigilancia".Ana Vicenti, profesora: "Necesitamos tiempo y recursos para acompañar a los alumnos, no más vigilancia"De acuerdo con su experiencia, los programas de convivencia dependen en gran medida del voluntarismo del profesorado. "Si funcionan, es porque hay docentes que asumen esa carga extra, pero así es muy difícil que sean eficaces", lamenta. Vicenti corrobora que en la Comunidad de Madrid ya existen figuras como los "policías tutores", agentes de referencia a los que se recurre en situaciones concretas. "Probablemente la mayor parte de la gente no lo sepa", admite. Frente a ampliar ese modelo, la docente defiende reforzar los equipos educativos: más orientadores, trabajadoras sociales y formación específica para el profesorado, junto a espacios reales para la mediación entre iguales. "Responder con Policía y castigo solo contribuye a aumentar la tensión y la sensación de criminalización. Es como poner una tirita a la herida y tapar de dónde viene".Por su parte, Lidón Gasull, directora de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (aFFaC), asegura tajante a este diario que "la raíz del problema es estructural y tiene que ver con la desigualdad, la pobreza infantil y la falta de inversión socioeducativa". Desde la perspectiva de las familias, considera que las iniciativas punitivas en los centros envían un mensaje preocupante. "Se traslada a niños y adolescentes la idea de que son un problema de orden público, cuando en realidad son una responsabilidad educativa".Lidón Gasull, aFFaC: "Queremos que nuestros hijos se sientan seguros. Eso se construye con profesionales, no con vigilancia policial"Gasull defiende un modelo basado en el acompañamiento y los vínculos. "Las familias queremos escuelas donde nuestros hijos se sientan seguros, escuchados y acompañados. Eso se construye con confianza, con profesionales que conocen su realidad, no con vigilancia policial", desliza. "La presencia de agentes se concentra en centros con mayor proporción de alumnado vulnerable o racializado, que ya suele tener una relación más compleja con las instituciones. Para ellos, esto no genera seguridad, sino desconfianza y miedo", achaca. Como alternativa, propone reforzar los recursos humanos en los centros y apostar por la codocencia. "Dos profesionales en el aula permiten una atención más personalizada y mayor capacidad para gestionar la diversidad".Para Bie, estudiante y militante de Contracorriente —colectivo juvenil de orientación anticapitalista, feminista y revolucionaria—, la violencia en las aulas cuenta con dinámicas sociales más amplias. "La educación no es ajena a lo que ocurre fuera: en el día a día vemos racismo, machismo, homofobia o burlas hacia colectivos oprimidos. Es un problema estructural que va de la mano, por ejemplo, del auge de la extrema derecha", razona. La activista, que participó en la protesta contra la presencia de Espinosa de los Monteros en el campus madrileño de Somosaguas, rechaza la incorporación de agentes en los centros educativos. "La Policía es un aparato con un papel represivo en la sociedad. ¿Por qué querrían los estudiantes tener en sus institutos a quienes desahucian a familias vulnerables, persiguen a personas migrantes o reprimen manifestaciones?", deja caer la estudiante.Bie, estudiante: "Meter policías en los centros solo va a servir para recortar libertades al alumnado"A su parecer, este tipo de medidas no aportan soluciones reales. "Solo van a servir para recortar libertades dentro de los centros". En cambio, sitúa el origen de muchos conflictos en las condiciones sociales del alumnado. "Las problemáticas que vive la juventud fuera de las aulas acaban reflejándose dentro", valora. Frente a ello, defiende un enfoque educativo basado en la participación y el aprendizaje colectivo. "El castigo y la vigilancia no funcionan. Hay que apostar por espacios donde se tomen decisiones de forma compartida y donde la educación sirva para formar en igualdad, diversidad y en la resolución de las necesidades sociales".La violencia, síntoma del colapso sanitarioLa misma música llega desde el ámbito sanitario. Laura Villaseñor, presidenta del sindicato de enfermería SATSE —uno de los colectivos más expuestos a la violencia—, cuantifica la dimensión de las agresiones: "Ocho de cada diez profesionales han sufrido al menos una agresión, ya sea verbal o física, en su trabajo", asegura en conversación con Público. Según detalla, la mayoría de estos episodios se producen en un contexto de malestar por la atención recibida, algo que, a su parecer, tiene un origen estructural. "El problema de fondo es la falta de recursos del sistema sanitario". PublicidadLaura Villaseñor, SATSE: "Donde hay que intervenir es en la infradotación, infrafinanciación y descoordinación del sistema sanitario"Villaseñor apunta a un "déficit crónico de personal y medios" que impide atender a los pacientes en los tiempos y condiciones que esperan. "Hablamos de un sistema infradotado, infrafinanciado y descoordinado, y ahí es donde hay que intervenir", resume. La representante sindical deja caer que SATSE impulsó en su día una propuesta de ley con más de medio centenar de medidas para prevenir agresiones, formar y proteger a los profesionales sanitarios, pero "no prosperó en el Congreso por falta de apoyo".Pese a ello, engarza que algunas de sus propuestas han logrado incorporarse al anteproyecto de reforma del Estatuto Marco, como "el refuerzo del reconocimiento del personal sanitario como autoridad en el ejercicio de sus funciones —con el consiguiente endurecimiento de las penas a los agresores— o la obligación de contar con planes de prevención y actuación frente a la violencia". También contempla medidas de protección física y jurídica, así como mecanismos de movilidad para proteger a las víctimas. Villaseñor insiste, no obstante, en la necesidad de no perder de vista el contexto: "La respuesta pasa por mejorar la organización y los recursos, y por fomentar una relación de respeto y empatía entre profesionales y pacientes. Porque, al final, ambos son víctimas de decisiones de gestión que no toman ni unos ni otros".Fernando Abraldes, asociación de pacientes: "La tensión se traduce en sufrimiento y en un aumento del riesgo de errores por exceso de trabajo"Por su parte, Fernando Abraldes, presidente de la Asociación de Pacientes e Usuarios do Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), cuestiona el enfoque punitivo sobre la violencia en el ámbito sanitario. "Se está sobredimensionando este debate para evitar abordar los problemas estructurales del sistema público de salud", afirma tajante en una charla con este medio. Abraldes advierte de que se está construyendo un relato que enfrenta a pacientes y profesionales y que pone el foco en las consecuencias, no en las causas. "Los datos sobre agresiones, que son residuales, no justifican medidas centradas en reforzar la seguridad en los centros". En palabras del portavoz, este tipo de iniciativas supondría "desviar recursos que deberían destinarse a reforzar plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario".PublicidadAbraldes coloca las carencias del sistema en el centro del origen del malestar: retrasos en la atención, sobrecarga de los profesionales, pérdida de calidad en el trato clínico o desigualdades que empujan a parte de la población hacia la sanidad privada. "La tensión no se traduce tanto en agresiones como en sufrimiento para los pacientes, en un aumento del riesgo de errores por exceso de trabajo y en más bajas entre el personal sanitario".Más allá de la respuesta policial¿Es la presencia policial la única vía para frenar la violencia en los centros públicos? La experta Laura Macaya lo descarta y llama a "romper la falsa dicotomía entre castigo o impunidad". La experta valora que existen alternativas que abordan el conflicto desde una perspectiva educativa y comunitaria. "Es fundamental impulsar prácticas de justicia restaurativa y transformativa en los centros: espacios donde trabajar la responsabilidad, la reparación y la convivencia con acompañamiento y metodologías claras". Pero reconoce que estas estrategias no pueden sostenerse sin recursos: "Hace falta más personal, equipos interdisciplinares y medios para atender lo emocional y lo relacional".Macaya también suscribe a una carencia creciente en la gestión de los conflictos. "La dificultad para poner límites claros o la tendencia a evitarlos en lugar de tratarlos está dejando a muchos jóvenes sin herramientas para convivir", corrobora. En paralelo, propone ampliar el foco. "Los centros no pueden entenderse como islas. Deben estar conectados con su entorno y con redes comunitarias que acompañen estos procesos", agrega. En última instancia, la experta plantea un cambio de enfoque sobre el propio concepto de seguridad. "No es la ausencia de conflicto ni la presencia policial. La seguridad tiene que ver con vivir en condiciones dignas, con apoyo, con vínculos y con expectativas de futuro. Si no trabajamos eso, solo estaremos desplazando el problema", termina.