La relación de los centros educativos y las fuerzas de seguridad se concreta normalmente en charlas para prevenir el acoso y fomentar la ciberseguridad
La incorporación de agentes de policía en centros educativos como el que prevé el plan de la Generalitat de Cataluña al que ha tenido acceso EL PAÍS es una iniciativa inédita en España. Sobre todo, por dos de los rasgos que lo definen: su carácter permanente (con espacio propio en las instalaciones escolares) y por dirigirse expresamente a institutos conflictivos. La polémica iniciativa surge en uno de los pocos territorios que gobiernan los socialistas, y en un sistema educativo que lleva años emitiendo señales de malestar docente, especialmente en secundaria y en la enseñanza pública, debido en parte a la combinación de un déficit histórico de inversión y un rápido crecimiento de la complejidad en las aulas.
En España sí existe una larga relación entre las fuerzas de seguridad y los centros educativos, organizada fundamentalmente a través del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, impulsado por el Ministerio del Interior, y del Programa Policía Tutor, que funciona en el ámbito local con apoyos autonómicos. Sin embargo, su finalidad es proporcionar un contacto estable entre los colegios e institutos y las fuerzas de seguridad, y facilitar que agentes policiales impartan al alumnado talleres sobre temas como ciberseguridad, acoso escolar o seguridad vial.
