Arranca la cuenta atrás. Queda muy poco para que las comunidades de propietarios comiencen a andar sin la muleta de los fondos europeos Next Generation, una ayuda millonaria y extraordinaria con la que miles de vecinos han podido reducir el consumo energético de sus edificios desde 2021. Las actuaciones subvencionadas por los fondos deben estar finalizadas, con carácter general, antes del 30 de junio de 2026.La fecha marcada en rojo en el calendario ha hecho saltar las alarmas. Por dos motivos. Uno es que hay miles de comunidades de vecinos que han contratado proyectos técnicos y que no van a llegar a tiempo por el atasco en la tramitación. Este gran cuello de botella —se ha tardado hasta 24 meses en autorizar expedientes— ha sido uno de los errores más evidentes que han empañado el brillo de estas subvenciones. “Penalizar ahora esos expedientes por retrasos administrativos ajenos a los ciudadanos sería profundamente injusto y podría dañar seriamente la confianza en futuras políticas de rehabilitación”, sostiene María José Peñalver, secretaria general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).El sector pide una respuesta clara por parte de las Administraciones: “Sería muy negativo para la confianza del sector que comunidades comprometidas con la rehabilitación quedaran fuera por retrasos ajenos a su voluntad”, añade Luis Mateo, director General de Andimat (Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes). En este sentido, el Gobierno ha introducido mecanismos de transición y posibles prórrogas para determinados expedientes, aunque aún existe incertidumbre sobre cómo será su aplicación.La otra preocupación es qué pasará una vez termine la gran era de la rehabilitación. Se pone fin a cinco años excepcionales en los que había disponibles más de 3.400 millones de euros como respuesta a la crisis por la covid-19 —aunque no todo se ha ejecutado—, un incentivo que ha animado a las comunidades de vecinos a aislar sus inmuebles para mejorar su eficiencia energética. “Hemos visto subvenciones que, en algunos casos, cubrían porcentajes muy elevados de la inversión, del 80%, algo que facilitaba enormemente la toma de decisiones en comunidades de propietarios”, comenta Mateo.A partir de ahora cambia el modelo de política de rehabilitación en España, que tiene uno de los parques edificados más envejecidos de Europa. Cerca del 75% de las viviendas en España tiene una calificación baja, algo que las directivas europeas cada vez penalizarán más. El hueco que dejan los fondos europeos será cubierto, en parte, por el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030, aprobado el 23 de abril. “Lo importante es que no se pierda la continuidad”, reclama Mateo. El plan, dotado con unos 7.000 millones de euros (cofinanciado al 60% por el Estado y al 40% por las autonomías), prevé destinar alrededor del 30% a la mejora del parque (2.100 millones para todo el periodo). Las ayudas ligadas al ahorro energético podrán llegar hasta 20.500 euros por vivienda, según la reducción del consumo. Aunque, el plan pondrá más el foco en la rehabilitación integral. “Entraremos en un modelo más estable y estructural, enfocado en la mejora del parque residencial en su conjunto, pero no sustituye de forma automática ni idéntica a los fondos Next Generation”, dice Laura Visier, directora de rehabilitación de UCI, que valora de forma positiva que la rehabilitación se mantenga dentro de la política pública de vivienda.La nueva hoja de ruta aborda la eficiencia energética, pero también la accesibilidad, habitabilidad, seguridad estructural y conservación de los edificios. “Este cambio resulta especialmente relevante desde el punto de vista técnico y social porque reconoce que la obsolescencia del parque edificado español no responde únicamente a déficits energéticos, sino también a problemas acumulados de envejecimiento constructivo, falta de accesibilidad, vulnerabilidad climática y deterioro funcional”, cuenta Peñalver.Los arquitectos españoles creen que la consolidación de una verdadera cultura de la rehabilitación exige abandonar los esquemas basados exclusivamente en convocatorias extraordinarias y avanzar hacia modelos permanentes de apoyo público. “El reto es transformar una política extraordinaria de estímulo en una estrategia estructural de modernización del parque residencial español”, según la secretaria general del CSCAE. Para Eduard Mendiluce, consejero delegado de Effic, compañía de rehabilitación y consultoría energética de Aliseda y Anticipa, el plan de vivienda es un paso importante, pero la clave está en aprender de los errores cometidos. Bajo su punto de vista, la rehabilitación en España funcionará si las comunidades autónomas delegan la tramitación de las ayudas en agentes rehabilitadores homologados para evitar los cuellos de botella. En la nueva etapa va a adquirir un protagonismo creciente la financiación bancaria, ya que en muchos casos las comunidades de propietarios tendrán que adelantar total o parcialmente el coste de las obras. “Cuando la ayuda pública no cubre la totalidad del proyecto —como previsiblemente ocurrirá con mayor frecuencia—, la viabilidad dependerá directamente de contar con soluciones de financiación adecuadas”, sostiene Visier.De hecho, los bancos, antes reacios a financiar comunidades, están desarrollando productos específicos. “Y cada vez serán más, están empezando. Hoy se rehabilita 10 veces por debajo de la media europea”, señala Mendiluce. Un trío ganadorAyudas, préstamos y certificados de ahorro energético (CAES). Es la tercera pata. Permiten convertir el ahorro energético obtenido tras una actuación en un activo económico certificable y monetizable. “Están llamados a ser un catalizador importante del mercado de la rehabilitación y a hacer viables actuaciones de mayor calado que la ayuda directa no cubre de manera íntegra”, señala Peñalver. Aunque, necesitan un mejor tratamiento a través de una consideración más realista del valor monetario, que está penalizado en la regulación actual. “Ahora se penaliza la rehabilitación residencial. Bastaría con cambiar los coeficientes de la orden TED 845/2023”, sostiene Mendiluce. El sector afirma que existe un interés ciudadano por rehabilitar viviendas y edificios. “Cada vez más ciudadanos entienden que no solo reduce el consumo energético y aumenta el confort, sino que también revaloriza el inmueble y mejora su conservación a largo plazo”, según Peñalver. Aun así, creen posible que se dé una cierta ralentización inicial. Pablo Abascal, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), plantea dudas razonables sobre el nuevo escenario. “Es cierto que llegarán nuevas líneas de ayudas, pero no tendrán, ni de lejos, la dimensión económica de los fondos Next Generation. Nuestra previsión es una caída de la actividad y un descenso notable de las rehabilitaciones energéticas”. Abascal considera que las comunidades de propietarios “no acometerán estas reformas únicamente por iniciativa propia”. Y añade: “Estamos viendo que cuando desaparecen las subvenciones, se ejecutan obras muy costosas que no incorporan ninguna mejora de eficiencia energética. El presidente del CGCAFE entiende que la rehabilitación de fachada debería incorporar obligatoriamente mejoras de eficiencia energética.