El Gobierno ha presentado este lunes la propuesta de Plan Social para el Clima, que contempla cerca de 9.000 millones de euros en ayudas públicas centradas en la movilidad y la vivienda. El calendario que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica, que ha liderado la elaboración de este programa, pasa por exponer hasta finales de junio el documento en audiencia pública. Y antes de final de año poder enviarlo a la Comisión Europea, con alrededor de un año de retraso sobre lo fijado por Bruselas. El 25% de los fondos de este plan lo aporta el Estado y el resto, el Fondo Social para el Clima europeo. Pero la llegada de este dinero no está garantizada porque desde hace meses está bloqueada la trasposición de un reglamento en el Congreso de los Diputados. El presidente Pedro Sánchez, que ha participado en el acto de presentación del plan este lunes, ha confiado en que finalmente esa trasposición reciba un “amplio apoyo” en el Parlamento para poder salir adelante. De los 9.000 millones, 4.700 están destinados a ayudas para vivienda para hacer los barrios “menos vulnerables” al cambio climático y fomentar la “cultura de la rehabilitación”, como ha señalado Sánchez. También se prevén ayudas a las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo. Los otros 4.300 millones están enfocados al transporte, con ayudas para el cambio a la movilidad limpia de autónomos y pymes, con especial énfasis en el medio rural. También se impulsará con estos fondos el abono social único, que supondrá la “práctica gratuidad de transporte urbano para millones de ciudadanos”, según el presidente.Pero la llegada de fondos europeos no está garantizada aún. Porque la condición que ha puesto Bruselas es que cada Estado trasponga a su normativa nacional el nuevo reglamento del sistema de comercio de derechos de emisiones (conocido como ETS2). Y esa trasposición todavía no se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados, donde los grupos de la derecha han presentado enmiendas contra la norma por la que el Ejecutivo trataba de acometer esa trasposición. Tras un primer intento fallido en 2025, el Ejecutivo ha decidido acometerla a través de una proposición de ley para modificar la Ley 1/2005, de 9 de marzo, del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Vox y Junts presentaron sendas enmiendas a la totalidad, que el Ejecutivo logró tumbar arguyendo motivos de afección presupuestaria. La intención del Gobierno es intentar sacar adelante la proposición que desbloqueará los fondos en los próximos meses. Varias de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil que han participado en los últimos meses en la elaboración del plan han instado a los grupos parlamentarios a agilizar la tramitación del nuevo ETS a la normativa europea, al igual que el propio Sánchez. El sistema de comercio de emisiones ha sido en las dos últimas décadas el instrumento más simbólico y de los más eficaces en la generación eléctrica para el abandono de los combustibles fósiles y su sustitución por las renovables. Porque penaliza las formas de producir energía que más emisiones de efecto invernadero expulsan, que tienen que pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que expulsan. Sánchez ha defendido que este ETS ha resultado “eficaz” y “equitativo”, y lo ha defendido frente a los ataques ahora de la “ultraderecha”Pero hasta ahora estaba centrado solo en el sector eléctrico y las industrias más intensivas. El ETS2 da un importante paso, porque incluye también las emisiones de la movilidad y las edificaciones, donde va dirigido precisamente el Plan Social para el Clima presentado este lunes. De ahí que Bruselas ligue la llegada de los fondos europeos a la trasposición del nuevo ETS, que se adoptó en 2023 y que de momento no ha logrado los apoyos suficientes para trasponerse. Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, que agrupa a 27 entidades de la sociedad civil, ha aplaudido el anuncio de este lunes de presentación del plan: “Es una gran noticia que llevábamos casi un año esperando”. Pero ha añadido: “Esperamos que todos los partidos políticos expresen su apoyo a la transposición de la nueva directiva ETS”. Porque, como ha recordado Bravo, el “trámite parlamentario se encuentra estancado desde hace meses, y cuya aprobación es necesaria para poder empezar a recibir el dinero europeo del Fondo Social para el Clima”.