El 2 de diciembre de 2018, una vez concluido el recuento electoral, a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) le salían los números. Sus 26 diputados —hoy tiene 53— junto con los 21 de Ciudadanos —que ha desaparecido del mapa, engullido por el PP— y los 12 de Vox —hoy tiene 15—, que irrumpió por primera vez en aquellos comicios andaluces en la política española eran bastantes para acabar con 36 años de gobiernos socialistas consecutivos en Andalucía. PublicidadEl PP pactó un Gobierno de coalición con Ciudadanos —Juan Marín ocupó la vicepresidencia—. Y en paralelo firmó con Vox otro que le garantizara su investidura. La ultraderecha estaba entonces liderada en Andalucía por el exjuez Francisco Serrano —quien hoy está a la espera de juicio, acusado de fraude en una subvención— y el acuerdo, el primero entre el PP y Vox, se firmó con cierta agilidad. La posibilidad de expulsar al PSOE de la Junta de Andalucía y conformar el primer gabinete no socialista de la autonomía fue irresistible y sirvió como argamasa a lo largo de la legislatura: Vox apoyó tres presupuestos y permitió a Moreno prácticamente culminar la legislatura. En las elecciones de junio de 2022, el PP obtuvo una histórica mayoría absoluta, con 58 escaños, una cifra que Moreno, incluso, se tatuó en la muñeca: "A58".Ahora, siete años y medio después, Moreno vuelve a necesitar de los votos de Vox —tanto PSOE, como Adelante como Por Andalucía han asegurado que no le van a facilitar la investidura— para ser elegido presidente en el Parlamento autonómico. A Moreno le basta una abstención del partido de Santiago Abascal. De momento, ambos partidos están en fase de tanteo. Moreno, que se quedó a dos diputados de la mayoría absoluta, ha expresado que lo que quiere es un Gobierno "en solitario" y, por tanto, la fórmula que busca es similar a la de 2018: los apoyos externos de la extrema derecha. Vox se ha limitado a decir que ya se verá, cuando avancen las negociaciones en qué se transforma el resultado electoral del pasado 17M. Sí han manifestado que no van a "regalar" los votos y han defendido, como en Extremadura y Aragón, la dialéctica de lo que llaman "prioridad nacional". Además, su idea es "desterrar las políticas que están relegando a los españoles, como las políticas verdes, la burocracia interminable o un modelo de gestión de los servicios públicos que está poniendo a los españoles en último lugar", según dijo este martes la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, recoge Europa Press. Moreno también ha manifestado ya que el límite de lo que se puede pactar está en las leyes, el Estatuto de Autonomía y la Constitución.Publicidad¿Cómo fue la experiencia anterior de entendimiento en Andalucía entre PP y Vox? ¿En qué consistieron aquellos pactos de la legislatura 2018-2022? ¿Hasta dónde llegó el PP en sus cesiones? Los pactos más importantes fueron el de investidura y luego los tres presupuestarios. Y en todos ellos hubo elementos comunes, sobre todo relacionados con las políticas antifeministas y con discursos que criminalizan a los migrantes. El pacto para la investiduraEl acuerdo se firmó en enero de 2019, unos días antes de que fuera investido como presidente, lo que sucedió el 16 de ese mes. El texto, que se puede consultar íntegro aquí, constaba de 37 puntos, muy breves. Entre ellos destacaban rebajas fiscales, más favorables para quienes más tienen: en aquella legislatura, el Gobierno andaluz bonificó el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que hasta entonces pagaban solo quienes heredaban más de un millón, y también aprobó una reforma regresiva del IRPF, con la eliminación de tramos. El pacto contemplaba también la eliminación de "toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social". Justo después de llegar al Gobierno, la consejería de Igualdad cambió las bases de las ayudas al tejido feminista, lo que generó una fuerte polémica. La Intervención también dejó centenares de proyectos en alero.PublicidadTambién se pactó entonces la eliminación del modelo de subastas de medicamentos, lo que luego se llevó a cabo, y que las izquierdas reclaman ahora que se vuelva a aplicar, porque consideran que abarata la factura sanitaria. Se incluía también en aquel pacto la siguiente medida, muy en línea con las obsesiones de Vox: "La Junta de Andalucía colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico". El documento además, incluía el apoyo a la tauromaquia y a la caza, sectores ambos que impulsa el Gobierno andaluz.También se pactó una suerte de pin parental en la educación, una de las grandes polémicas políticas de aquella legislatura, que nunca llegó a ponerse en marcha del todo y hasta sus últimas consecuencias, a pesar de la presión de Vox, porque la Consejería de Educación, en manos de Ciudadanos, lo rechazó. También estaba recogida la puesta en marcha de "un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas", lo que acabó por ejecutarse. El ataque a las políticas de memoria histórica entró de lleno el texto y ambas formaciones firmaron la derogación de la ley de memoria y su sustitución por una ley de concordia, algo que el PP finalmente no llegó a hacer, ante la falta de consenso genera y el desinterés de Ciudadanos por abrir ese melón.Los tres acuerdos de presupuestosFue en el primer pacto presupuestario firmado en junio de 2019 , que sirvió para que Moreno aprobara su primer presupuesto que se aplicó durante seis meses, hasta fin de aquel año, llamado Acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria en Andalucía 2019-2020 entre PP, Cs y Vox, cuando se cerró la creación del muy criticado —por innecesario y por participar del discurso negacionista de la violencia machista— telefóno de atención a la violencia intrafamiliar. Se creó en mayo de 2021 y aún sigue vigente.También fue entonces se sentaron las bases para la nueva línea de ayudas antifeminista, que en sus tres primeros años de funcionamiento distribuyó 1,7 millones de euros. Estas ayudas públicas han servido para la creación en Andalucia en estos años de un tejido asociativo antiabortista a través de ayudas públicas. En ese pacto, además de diversas cláusulas para distintas inversiones, se recogían también de nuevo las obsesiones de Vox con las migraciones, como la firma de un convenio con las fuerzas de seguridad del Estado en materia de "inmigración irregular". En este acuerdo se pactó, ante la negativa de Ciudadanos y del PP de derogar la ley de memoria, que en Andalucía se había aprobado sin votos en contra, que las políticas relacionadas se desarrollarían estrictamente para realizar actuaciones de recuperación en fosas, investigación y localización y banco de ADN y nada más. Las asociaciones memorialistas han criticado durante años la falta de apoyo que, consideran, han recibido por parte del Gobierno andaluz desde entonces. Los gabinetes de Moreno ciertamente no han impulsado estas políticas, pero cuando se han visto forzados por el impulso de ayuntamientos o del Ejecutivo central, han financiado en algunas ocasiones parte de las exhumaciones, como en Pico Reja, en Sevilla. PublicidadLos tres partidos, PP, Vox y Cs, también pactaron entonces hacer auditorías de los entes instrumentales y el sector público empresarial de la Junta, muy criticado por la ultraderecha, que entonces hablaba de enchufados del PSOE y luego ha criticado a Moreno Bonilla, que lo ha reformado, modificando la estructura de varias agencias, por mantener toda esa estructura. De aquí viene también todo el impulso que la Junta le ha dado en estos años a temas relacionados como el descubrimiento de América, otra de las obsesiones en la guerra cultural de la ultraderecha. Así lo recogió el pacto: "Se pondrá en marcha el programa 1492: un nuevo mundo, para la puesta en valor de la herencia histórica que conllevó tanto el descubrimiento de América y otras gestas posteriores como la circunnavegación de la tierra y el establecimiento de relaciones comerciales y culturales con los países hispanos, como elementos determinantes de nuestra historia A pesar de los múltiples esfuerzos por divulgar la importancia de estos hitos en la historia universal sigue pesando la denominada leyenda negra".Un segundo pacto presupuestario se firmó a finales de 2019 y sirvió para aprobar el presupuesto del año 2020. Los tres partidos acordaron profundizar en las medidas del acuerdo de junio anterior, como la línea de ayudas a asociaciones antiabortistas, contrarias a los derechos de las mujeres, y el impulso del teléfono de violencia intrafamiliar, y en él se hacía hincapié, entre otros temas, en el cuidado del sector primario, uno de los ejes estratégicos de desarrollo del Vox, el fomento de la caza y la promoción de las escuelas taurinas. PublicidadTambién se aprobaron deducciones fiscales para familias numerosas y se incidía de nuevo en el pin parental, de este modo: "Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución Española". Aunque la ultraderecha presionó para que se ejecutara, el Gobierno de Moreno, con la resistencia de Ciudadanos, evitó ponerlo en marcha en toda su extensión. En este pacto se incluyó un apartado titulado "seguridad centros Menas" [sic], que incidía en la criminalización de los niños y adolescentes migrantes sin apoyo familiar en España. El objetivo, se decía, era "seguir reforzando la seguridad de los menores atendidos en los centros MENAs, así como de los trabajadores de los mismos". En este pacto también se incluía ya otra de las obsesiones de la guerra cultural, la ocupación de viviendas, y se preveía la creación de un programa de ayuda a los propietarios de viviendas ocupadas. Esta cuestión ha calado de tal manera que en la ley de vivienda, ya aprobada en solitario al final de la legislatura pasada por el PP, se incluían cuestiones sobre esta materia que, para el sindicato de inquilinas, "criminalizan la pobreza". El tercer pacto presupuestario se firmó en noviembre de 2020 y permitió la aprobación de las cuentas para el año 2021. Ese acuerdo, de 34 puntos, regresaba otra vez a las mismas cuestiones y obsesiones ultras que los anteriores: impulso de la caza, la tauromaquia, la criminalización de los niños y adolescentes migrantes, el antifeminismo mediante el impulso de la línea de ayudas al tejido antiabortista y el teléfono de violencia intrafamiliar, de nuevo el pin parental.PublicidadAdemás, incluía también echar el freno a las ayudas a la cooperación internacional —es "necesario ralentizarlas parcialmente en estos momentos"—, el impulso de los conciertos educativos en bachillerato y la "promoción de la efeméride de los 500 años del fallecimiento del andaluz Antonio de Nebrija, autor de la primera Gramática Castellana, y del protagonismo que el castellano tiene en el mundo", un plan de racionalización de Canal Sur y más bonificaciones fiscales.Moreno, después, aunque recibió el apoyo de Vox a algunas medidas impulsadas por el Gobierno, ya no pudo aprobar más presupuestos. Vox le tumbó las cuentas de 2022, lo que llevó finalmente al presidente a adelantar a junio las elecciones de 2022, en las que obtuvo esos 58 escaños y la mayoría absoluta.