La oposición social a la ampliación del aeropuerto de Eivissa, contemplado en el Documento de Regulación Aeroportuario para el periodo 2027-2031 –el (DORA III)–, es unánime. Tanto las organizaciones ecologistas como las patronales empresariales y hoteleras, así como los partidos políticos, se oponen a un proyecto en el que AENA prevé incrementar casi al doble las puertas de embarque, pasando de las actuales 17 a 32. El gestor aeroportuario, que tiene intereses privados desde que el Gobierno de Mariano Rajoy privatizara el 49% de la empresa pública, prevé una inversión de casi 230 millones de euros con el objetivo de “modernizar” la infraestructura y “atender la demanda futura de tráfico”. Todo en un contexto en que en 2025 hubo más de 9 millones de pasajeros en el aeropuerto insular.
“Se trata de ampliar la infraestructura de masificación a costa de nuestra tierra y nuestro bienestar”, señala Neus Prats, vicepresidenta del grupo ecologista GEN-GOB, que califica la remodelación como “absolutamente demencial”. “Representará la multiplicación de todos los problemas de masificación que ya sufre la isla y no obedece de ninguna manera al interés general ni está al servicio de las necesidades de los residentes de la isla”, afirma. Otra de las entidades ecologistas de la isla, Amics de la Terra, considera que ampliar el aeropuerto, ya sobredimensionado, “agravará aún más la crisis hídrica, la emergencia habitacional, la saturación turística y las emisiones de carbono”.
