La patronal del alquiler de corta estancia cifra en 33.000 euros de media las p�rdidas de los propietarios por la cancelaci�n de reservas y los gastos de gesti�n del n�mero de registro anulado por el Supremo.El nuevo rev�s judicial que el Gobierno recibi� el jueves en materia de vivienda, en forma de anulaci�n del registro �nico de alquiler de corta duraci�n, abre un nuevo frente de batalla en los tribunales. La decisi�n del Supremo podr�a generar reclamaciones de los propietarios de pisos tur�sticos por valor de hasta 166 millones de euros, que deber�a asumir el Estado tras haber invadido competencias auton�micas, al imponer la obligatoriedad de obtener un n�mero de referencia para poder anunciarse en las plataformas digitales, como Airbnb o Booking.As� lo aseguran desde la patronal del alquiler de corta estancia, Fevitur, que cifra en 33.000 euros el coste medio por propietario que ha supuesto el registro �nico de alquiler, debido a las revocaciones, los bloqueos y los problemas derivados del tr�mite que han tenido que efectuar desde mediados del a�o pasado para poder operar. "No hablamos de una cuesti�n te�rica ni de un simple matiz jur�dico", afirma Silvia Blasco, presidenta de la organizaci�n, "sino de miles de familias y empresas que, cumpliendo toda la normativa auton�mica, han visto limitada o bloqueada su capacidad de operar por un modelo que el Supremo acaba de tumbar".Cientos de miles de reclamaciones de propietarios contra el EstadoEn opini�n de Fevitur, el sistema impuesto por el Gobierno traslad� a los registradores de la propiedad "una funci�n habilitante que iba mucho m�s all� de la mera identificaci�n administrativa, permiti�ndoles verificar cuestiones urban�sticas que condicionaban la validez del n�mero", una cuesti�n que habr�a condicionado el permiso para operar de miles de propietarios cuyas viviendas estaban "legalmente inscritas en los registros auton�micos, tributando y sometidas a inspecci�n". Seg�n sus propios datos, hasta 64.000 pisos tur�sticos habr�an quedado fuera del registro a pesar de cumplir con la normativa de su comunidad aut�noma.Los propietarios apuestan por reclamar patrimonialmente al Estado no s�lo por las tasas abonadas a los registradores -cuyo impacto econ�mico se estima en 20 millones de euros-, sino tambi�n por las p�rdidas que el nuevo registro ha ocasionado en el sector. Una posibilidad que los juristas consultados por EXPANSI�N reconocen factible.Teniendo en cuenta que m�s de 300.000 propietarios abonaron las tasas para obtener el n�mero de registro obligatorio, y que alrededor de 50.000 habr�an decidido sacar sus viviendas del mercado tur�stico tras la entrada en vigor del registro, el n�mero de reclamaciones podr�a ascender a varios cientos de miles.Fuentes del Colegio de Registradores afirman que los profesionales "recibieron un mandato que han cumplido con eficacia", por lo que no son ellos los responsables del varapalo judicial del Supremo. Por ello, "ser� el Estado que aprob� el registro ilegal quien deba hacerse cargo, si as� se termina estableciendo, de las p�rdidas patrimoniales ocasionadas a los propietarios", explican los juristas.C�mo reclamar al Estado por las p�rdidasLa fecha de la sentencia del Supremo que ha anulado el registro �nico estatal de alquileres de corta duraci�n por invadir competencias auton�micas da el pistoletazo de salida al plazo de un a�o que los propietarios afectados tendr�n para recurrir por la v�a administrativa la responsabilidad patrimonial al Estado. As�, podr�n hacerlo hasta el 21 de mayo de 2026, fecha a partir de la cual "si el Estado no acepta las indemnizaciones, podr�n recurrir a la v�a judicial", explican los juristas consultados por EXPANSI�N.La Ley establece que, para poder reclamar, "el da�o alegado habr� de ser efectivo, evaluable econ�micamente e individualizado con relaci�n a una persona o grupo de personas". Desde la patronal del sector cifran este impacto en una media de 33.000 euros por propietario (ver informaci�n principal), si bien reconocen encontrarse "recopilando documentaci�n y casos concretos de operadores afectados con el objetivo de cuantificar con precisi�n los perjuicios sufridos y valorar la interposici�n de reclamaciones patrimoniales frente al Estado por los da�os causados por un sistema que el propio Tribunal Supremo ha considerado contrario al marco competencial".Por el momento, la postura del Gobierno muestra cierta resistencia a devolver a los propietarios el dinero perdido por el registro estatal ilegal. Hoy mismo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodr�guez, mostr� su esperanza en que "las comunidades aut�nomas no est�n pensando en otra cosa que en ver c�mo cierran esos pisos, que hay que clausurarlos y sancionarlos, y despu�s con los recursos del plan ponerlos a disposici�n de la gente con un alquiler asequible".