El Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha encerrado, junto con vecinos afectados, en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para exigir que las más de 800 viviendas que tiene a su disposición sean públicas. Además, piden el fin de las subastas de edificios que hasta ahora estaban destinados a alquiler social y que se frenen los desahucios que están en marcha.PublicidadAlrededor de unas 30 personas han ocupado la entrada de este edificio y han hecho de ella "su hogar". Han colocado una televisión, un florero, sus vasos… y el icónico felpudo del sindicato. Entre los cánticos que se escuchaban: "No nos vamos, nos quedamos" o "Rentistas, culpables, gobiernos responsables".El objetivo de este encierro era conseguir reunirse con la ministra responsable de esta tesorería, Elma Sáiz, y con la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez. "Creemos que podría cederse una parte de los locales comerciales a asociaciones sin ánimo de lujo o cooperativas", asegura del Río.Miguel es uno de los vecinos afectados por las subastas de los bloques pertenecientes a esta Tesorería. En 2007 se hizo con un piso de la Sociedad Pública del Alquiler, pero ahora quieren desalojarle: "Por encima de todo, pedimos coherencia con la situación económica actual". Él se encuentra en paro y su pareja estudia para una oposición, así que no pueden permitirse un alquiler a precio de mercado, ni pueden acceder a una hipoteca. Pide que al menos se sienten a negociar con él y le den algo de tiempo."Tienen viviendas vacías desde hace más de cincuenta años. No están haciendo nada con ellas y ahora quieren sacar de sus casas a vecinos que tienen sus hijos y han hecho su vida ahí", lamenta. "Muchas ya se están yendo. Se han asustado y se han buscado otra cosa", comenta un vecino. Publicidad"Nosotros estamos pagando todos los meses el alquiler a la tesorería y lo que quieren es que nos vayamos para subastar nuestros pisos y vendérselos a un fondo buitre", asegura otro de los afectados. Según explica, las notificaciones de desahucio están llegando de forma progresiva a todos los vecinos. El origen de estas promociones se remonta a 2005, cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero creó la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). Su objetivo era abrir una vía de acceso al alquiler público y "paliar el problema de la vivienda". En 2012, el Gobierno del PP liquidó dicha empresa, que hasta la fecha había firmado 19.934 contratos de arrendamiento. "Cada vez que una inquilina dejaba una vivienda acababa vacía y abandonada", explica el Inquilinato.En 2024, los inquilinos se organizaron con el Sindicato para denunciar a la Tesorería, que seguía enviando cartas de no renovación de los contratos. "Ese año comienzan a subastar los inmuebles a precio de oro y terminan en manos de fondos", explican. Ya el octubre pasado irrumpieron en el mismo edificio con el objetivo de visibilizar su situación. PublicidadFinalmente en marzo consiguieron reunirse con Leire Iglesias, presidenta de Casa 47. Según explica Del Río, en esa reunión se les prometió que no habría más subastas, "pero el goteo no ha parado". Además, en el marco de la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2026, 7, las inquilinas solicitaron la prórroga extraordinaria de sus arrendamientos, sin éxito.Según un informe de 2019 del Tribunal de Cuentas, el 21% de los inmuebles de la TGSS estaban vacíos, se estima que son 800 viviendas. Los activistas calculan que el coste de esta "inactividad" asciende a 143 millones de euros.Reacción del Ministerio de ViviendaEl Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están trabajando de forma conjunta " para incorporar las viviendas de la TGSS en el parque público estatal de alquiler asequible, a través de CASA 47". Según han explicado a los medios, este procedimiento se está haciendo "respetando siempre el marco legislativo propio del Patrimonio de la Seguridad Social".Además de estas promesas, ambas instituciones habrían acordado que "no va a haber ninguna nueva subasta ni venta más de esas viviendas".