El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una "gran inmobiliaria" tras detectar posibles prácticas abusivas contra inquilinos. El departamento que dirige Pablo Bustinduy no ha precisado cuál es la empresa que está siendo investigada, aunque sí ha detallado que gestiona "miles" de viviendas en alquiler repartidas por distintas comunidades autónomas. La actuación se enmarca en la ofensiva que Consumo mantiene contra determinadas prácticas de las grandes gestoras de alquiler; la última fue hace apenas dos meses, cuando el ministerio ratificó una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro. Este nuevo expediente supone, por tanto, un paso más en esa estrategia de presión sobre los grandes operadores del mercado inmobiliario.La investigación identifica cuatro posibles infracciones relacionadas con cláusulas incluidas en contratos de arrendamiento. Entre ellas figuran la imposición de un seguro de impago, ilegal según la nueva ley; la incorporación de una cláusula que indica, falsamente, que se ha producido una "negociación individualizada del contrato de adhesión"; la imposición de una sanción "desproporcionada" por cada día de retraso en el pago de la vivienda; y el cobro de gastos y penalizaciones "injustificadas" vinculadas a suministros y cambios de titularidad. Según el ministerio, cada una de las infracciones detectadas podría derivar en multas de hasta un millón de euros o de entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. La Dirección General de Consumo asegura también que "la apertura de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación", es decir, que todavía no hay una sanción definitiva para la empresa investigada, que todavía podrá recurrir. El departamento de Bustinduy recuerda el caso más relevante hasta ahora, el de Alquiler Seguro que, tras una investigación iniciada en 2025, en abril tuvo que pagar una multa de 3,6 millones de euros por varias infracciones calificadas como graves y muy graves y "aprovechar su posición de predominio de mercado". El ministerio concluyó que la inmobiliaria había aplicado prácticas abusivas contra inquilinos, entre ellas cobros indebidos, seguros impuestos y servicios accesorios vinculados al alquiler.